Argentina rechazó la nueva explotación petrolera autorizada por el Reino Unido en las Islas Malvinas

Tras la autorización por parte del Reino Unido para una nueva explotación petrolera las Islas Malvinas, el Gobierno Nacional emitió un comunicado expresando su rechazo a la “Decisión final de inversión”, anunciada por Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, para explotar recursos en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El anuncio se conoció el pasado miércoles a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv con una inversión de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera parte del desarrollo.

El punto en disputa se encuentra ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago argentino y fue descubierto en 2010. Se posiciona frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, en línea con las ciudades de Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.

Se estima que se podrían extraer cerca de 819 millones de barriles de petróleo del lugar. Las empresas inversoras apuntan a comenzar con 170 millones de barriles, con una producción máxima proyectada cercana a los 50.000 barriles por día y un primer petróleo previsto para 2028, mediante un FPSO que Navitas comenzará a instalar en 2027.

Frente a esto, a través de un comunicado oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se apuntó que: “Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.” 

“Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina”, expresaron. 

El Gobierno reiteró que “no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”. En este marco, la República Argentina hizo saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que “toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes”.

En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales. La República Argentina fue clara en expresar que desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y “se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.

“Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables”, señalaron. 

Reclamos y antecedentes

Por su parte, el gobierno de Tierra del Fuego hizo saber su malestar con la situación y requirió la intervención inmediata de Nación. Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia, a través de su cuenta de X compartió un comunicado en el que expresó su rechazo al avance en Sea Lion.

«Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresamos nuestro más absoluto y enérgico rechazo al anuncio del ilegitimo y pretendido gobierno britanico que ocupa nuestras Islas Malvinas sobre la decisión final de inversión tomada por la empresa israelí Navitas para avanzar en el yacimiento denominado «Sea Lion» en la cuenca Malvinas Norte (…)», denunciaron.

En septiembre de 2023, El Gobierno Nacional reiteró su reclamo contra Navitas por operar en Malvinas. La empresa había sido sancionada en abril de 2022 con 20 años de inhabilitación para desarrollar actividades hidrocarburíferas en territorio argentino. La sanción se dictó mediante la Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía, que declaró ilegales y “clandestinas” las operaciones de Navitas en la plataforma continental argentina al no contar con autorización del Estado.

“Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, concluyeron.