Juicio por YPF: Argentina tiene 22 días para oponerse a la entrega de acciones a Burford
Días atrás, el fondo Burford había exigido al país que entregue las acciones que tiene sobre la empresa YPF, que representan el 51% del paquete. El país tiene hasta el 16 de mayo para oponerse.
Burford pidió la totalidad de las acciones de Argentina en YPF. Foto: archivo.
A principios de abril, el fondo Burford Capital pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska autorizar la entrega a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde su expropiación en 2012. La moción se había presentado de forma confidencial y ayer se dio a conocer que el Estado tiene hasta el 16 de mayo para oponerse.
El fondo Burford es titular de los derechos de Petersen Energía, Energía Inversora y Eton Park, los demandantes en el juicio que ya lleva más de 9 años en trámite y está en proceso de apelación. Habían presentado dos mociones: una era quedarse con el paquete accionario y la otra era mantener la solicitud en confidencialidad, lo que no le permitía ni a la empresa ni al Estado acceder a la información.
Tanto el Estado como YPF presentaron un pedido para que se hiciera público, lo que fue aceptado por Preska. El 22 de abril se dio a conocer que los demandates pidieron la entrega de las acciones clase D que tiene el Estado para el «cumplimiento parcial» de la sentencia del Tribunal
El país tiene hasta el próximo 16 de mayo para presentar su oposición a la moción. Mientras que los demandantes tienen hasta el 30 de mayo de 2024 para presentar su escrito de réplica.
Tras ambas instancias, el Tribunal de Distrito podría celebrar audiencias orales antes de emitir una decisión sobre la moción de los demandantes. Según sea el caso, la determinación podría ser apelada por los demandantes o el Estado de acuerdo con las reglas procesales aplicables.
La moción, conocida el viernes pasado, se sustenta en el incumplimiento del fallo de primera instancia que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones. La jueza Loretta Preska condenó al país por el «trato desigual» a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización, en 2012.
En marzo se supo que llegaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargos de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por los US$ 16.000 millones, lo que provocó el pedido de embargo y la solicitud de traspaso de acciones.
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