La ruta del dinero del gasoducto Néstor Kirchner

Por Nicolás Gadano (*)

Hace unos días, afectado por las inclemencias del clima neuquino y rodeado de funcionarios y gobernadores, Alberto Fernández dio inicio al proyecto del gasoducto Néstor Kirchner (NK), una obra de infraestructura crucial para resolver los cuellos de botella en el transporte de gas natural que limitan el crecimiento de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones de energía con producción local.

Habiendo cancelado la licitación del 2019, y después de más de dos años de inacción, la secretaría de Energía creó el pasado 7 de febrero el programa “Sistema de Gasoductos TransportAr”, cuya obra más importante es el NK. Unos días después, el DNU 76/2022 le otorgó a la estatal IEASA (ex ENARSA) la correspondiente concesión de transporte por 35 años, y facultades para gestionar la construcción del gasoducto.

También se creó el Fondesgas, un fideicomiso en la órbita del BICE dirigido a administrar los fondos que financiarán la obra, cuyo costo se estima en 1.600 millones de dólares. Con ese marco, IEASA lanzó la licitación de los tubos para el gasoducto y en las próximas semanas iniciará el proceso de selección de la firma constructora. El objetivo, según las autoridades, es comenzar las obras cuanto antes para contar con el gasoducto operativo en el invierno de 2023.

¿De dónde saldrán los 1.600 millones de dólares para el NK? En el artículo 13, el DNU 76 enumeró un amplio listado de posibles recursos públicos y privados para el Fondesgas, incluyendo el 25% del Aporte Solidario, ganancias de CAMMESA generadas por las exportaciones de energía eléctrica, el producto de las ventas anticipadas de capacidad de transporte, cargos específicos a crearse, y partidas del presupuesto nacional que se asignen al proyecto.

En los hechos, pese a que el NK ya está lanzado, no es fácil saber los fondos con los que cuenta IEASA, la misma empresa que tiene a su cargo las importaciones de gas de Bolivia y de GNL. Ni en la página del BICE ni en la de IEASA hay información sobre los fondos asignados al proyecto. Sabemos que CAMMESA obtuvo ganancias por las exportaciones de electricidad a Brasil, pero no hay información de los montos que, en el marco de lo dispuesto por el DNU 76, se destinarán al gasoducto. No se han creado cargos específicos, ni se conocen ventas anticipadas de capacidad de transporte.

Frente a esta escasez de información, para seguir la ruta del dinero del NK nos quedan entonces los registros presupuestarios y las declaraciones de los funcionarios. En una reciente conversación con el diario Rio Negro, el presidente de IEASA, Agustín Gerez, señaló que ya contaban con los recursos del Aporte Solidario, que debían ser complementados con partidas presupuestarias que fueron “creadas en el marco del programa TransportAr”, pero aun no transferidas a la empresa.

Respecto al Aporte Solidario, la ley 27.605 de diciembre del 2020 estableció un destino específico para los fondos recaudados, entre los que se encuentra IEASA. De acuerdo al inciso 5 del artículo 7 de la ley, el 25% de los ingresos debe destinarse a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.” La información presupuestaria indica que en septiembre de 2021 el Tesoro transfirió a IEASA $60.190 millones correspondientes al 25% de la recaudación del nuevo impuesto.

En una entrevista realizada en el marco de la reciente Argentina Oil & Gas, la subsecretaria de Hidrocarburos , Maggie Videla, confirmó la transferencia a IEASA de los recursos del Aporte Solidario, pero agregó un dato inquietante: los fondos transferidos en septiembre del 2021 se habrían erosionado por la inflación y la devaluación del peso. ¿Los dejaron en la caja de ahorro? ¿No hay acaso un gerente financiero en IEASA que sea capaz de mantener el valor real de los fondos del gasoducto?

En contraste con lo indicado por Gerez respecto a los fondos presupuestarios, Videla señaló que IEASA recibió en diciembre pasado otros $59 mil millones del Tesoro, que deberían estar también en poder de la empresa. Estas transferencias presupuestarias de fines del 2021 fueron confirmadas por el secretario de Energía, Darío Martínez.

Para 2022, el presupuesto enviado oportunamente al Congreso preveía $57.088 millones adicionales para el gasoducto NK, pero el proyecto fue rechazado en la cámara de Diputados y nunca se convirtió en ley. En un año de enorme presión sobre los subsidios energéticos por el aumento del precio de las importaciones, habrá que ver si el Ejecutivo encuentra un margen para reasignar partidas y destinarlas al financiamiento del gasoducto.

En marzo pasado tomó estado público una áspera nota del secretario de Energía al ministerio de Economía con un reclamo de fondos que incluía $58.000 millones para los gasoductos. Martínez reclamaba también $42.190 del Aporte Solidario “por debajo de la línea”. ¿Será que Hacienda devengó la transferencia en el 2021 pero no liberó la disponibilidad plena de los fondos para IEASA? ¿Es esa la causa de la pérdida frente a la inflación que mencionó la subsecretaria Videla?

En síntesis, es difícil saber qué porción de los 1.600 millones de dólares necesarios para la obra ya están en poder de IEASA, y cómo logrará juntar el resto del dinero a tiempo para cumplir con los compromisos asumidos con proveedores y constructores del NK.

Pero hay un problema aun más grave: con el marco legal vigente, los fondos del Aporte Solidario que tendría IEASA no pueden ser aplicados a la construcción del gasoducto. La ley aprobada en el Congreso es muy clara: el 25% del Aporte Solidario debe ser destinado a proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, es decir, a inversiones en el upstream gasífero. IEASA podría usar esos fondos para desarrollar un área gasífera, para explorar o para producir. Pero no para construir un gasoducto.

Es tan explícita esta limitación legal que a fines del 2021, en el medio del tratamiento del presupuesto 2022 en Diputados, el Ejecutivo incluyó en el proyecto un artículo que modificaba la ley 27.605 del Aporte Solidario, sumando al transporte de gas dentro de los destinos posibles para el 25% de IEASA. Pero como ya sabemos, ese proyecto nunca llegó a convertirse en ley.

El DNU 76 de febrero incluyó los fondos del Aporte Solidario de la ley 27.605 en el patrimonio del Fondesgas, pero aclaró que «deberán ser aplicados conforme lo establecido en dicha ley”. Alguien podría interpretar que con este DNU se le dio el respaldo legal al nuevo destino de los fondos, pero el artículo 99 de la Constitución establece que las cuestiones tributarias no pueden ser legisladas por el Ejecutivo mediante un DNU, por lo que la asignación sigue siendo la definida en el texto de la ley original.

Si el artículo del proyecto de presupuesto 2022 hubiera sido aprobado el esquema sería consistente: el alcance del destino del Aporte Solidario estaría ampliado a la infraestructura gasífera, y no habría contradicción alguna con el DNU 76. Pero en la situación actual, hay un problema en ese decreto; el Fondesgas se constituye con el objetivo de administrar los recursos para las obras de gasoductos, pero una de sus fuentes principales de fondos tiene un destino específico por ley que no incluye la construcción de infraestructura de transporte.

En los próximos días, con la adjudicación de la compra de los tubos, IEASA enfrentará la obligación de realizar los primeros pagos del proyecto. ¿Se arriesgarán sus funcionarios a utilizar los fondos del Aporte Solidario pese a los límites legales? ¿Enviará el Ejecutivo un proyecto de ley al Congreso para corregir el problema? ¿Dónde y cómo fueron invertidos los $60.150 millones que recibió IEASA del Tesoro hace ya más de seis meses? ¿Recibió IEASA otros fondos con destino al gasoducto? Son muchos interrogantes para un proyecto que, por su importancia para el abastecimiento energético del país, requiere de la mayor transparencia y fortaleza jurídica.

(*) El autor es economista egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y exjefe de Gabinete del ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne.