Menos costos en obras de infraestructura eléctrica: Nación actualizó el marco regulatorio
La nueva normativa alinea los parámetros ambientales con estándares internacionales y busca agilizar y abaratar las obras de infraestructura eléctrica.
El Gobierno Nacional continúa en su plan de modernización y eficiencia del sector eléctrico, buscando fortalecer su calidad regulatoria, promoviendo un desarrollo energético sostenible. En este marco, recientemente aprobó la actualización integral de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132kV.
Según informaron en un comunicado oficial, la medida adopta estándares internacionales de organismos como La Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Lonizantes (ICNIRP), La Organización Mundial de Salud (OMS), el Institue of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la evidencia científica sobre la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).
La actualización se desarrolló mediante un proceso técnico y participativo que incluyó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y las principales cámaras del sector eléctrico. Los organismos consultados coincidieron en la necesidad de contar con criterios actualizados, claros y consistentes para fortalecer la protección ambiental y sanitaria, y garantizar una aplicación homogénea y técnicamente sólida en todo el país.
¿De qué se trata la resolución?
La resolución también establece que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria y que los parámetros actualizados serán obligatorios para los nuevos proyectos y ampliaciones, garantizando una transición ordenada y técnicamente consistente.
El nuevo esquema no implica una reducción del nivel de protección vigente, sino que lo fortalece a partir de parámetros más precisos, metodologías de medición reconocidas internacionalmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales del Estado Nacional.
A diferencia del marco anterior, la nueva normativa ordena criterios, elimina exigencias sin sustento científico actual y evita restricciones innecesarias que generaban demoras, costos adicionales y obstáculos en obras de infraestructura eléctrica.
La actualización mantiene un nivel de protección adecuado, alineado con la evidencia y con los organismos de referencia global, al tiempo que brinda reglas claras, operativas y técnicamente consistentes.
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