Envían presos a sus casas por la cárcel colapsada en Bariloche

La puesta en marcha del sistema procesal acusatorio, el 1 de agosto de 2017, demandó una inversión de unos 100 millones de pesos al Estado provincial.

Desde el Poder Judicial destacaron las cualidades de un proceso penal ágil, que acumuló miles de audiencias y cientos de sentencias en pocos meses. Pero en la planificación faltó un eslabón, en Bariloche. Nadie pensó en el lugar para alojar a los nuevos condenados del sistema, porque el Penal 3 de esta ciudad funciona al límite desde hace tiempo. Y esa situación este año empeoró.

La jueza de ejecución penal Sandra Ragusa informó ayer que la unidad penitenciaria está colapsada, agravando el hacinamiento que soportan a diario los internos. Indicó que algunos jueces de garantías optan por dar prisión preventiva domiciliaria con pulsera electrónica.

Ragusa dijo que hay 155 internos, pero aclaró que no todos están condenados. Hay procesados, imputados con prisión preventiva y personas que cumplen condena. Algunos de esos internos están en la casa de preegreso y en comisarías por la falta de espacio en el penal. Con lo que en penal habría unos 150, un cifra muy fluctuante.

El director del penal local, José Ibarra, envió el 20 de agosto pasado un radiograma a la Oficina Judicial de Bariloche, la fiscalía de turno, al juzgado de ejecución penal y a todas las unidades policiales que no recepcionarían más detenidos “por no contar con espacio físico para alojarlos”. Explicó que el edificio estaba “superpoblado” y recordó que sólo cumple con la sentencia que el exjuez de ejecución penal de Bariloche, Juan Martín Arroyo, dictara a finales de mayo de 2016.

Arroyo admitió a finales de mayo de 2015 un hábeas corpus colectivo presentado por los fiscales de Bariloche por el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en el Penal 3. El entonces juez de ejecución penal dispuso que el penal debe albergar en condiciones normales a 66 internos y estableció un cupo máximo de 94 reos sólo en situaciones de emergencia.

Pero todas las semanas hay personas que reciben una condena efectiva de algún tribunal.

El fiscal de ejecución penal Guillermo Lista dijo ayer que por la superpoblación “las condiciones son precarias”. “El sistema procesal es fabuloso, pero no viene acompañado de otros resortes”, opinó.

Comentó que una de las ideas “es ganar espacio en un sector donde se pretende elevar unos techos”, para generar altillos y allí alojar internos.

La falta de lugar obliga a utilizar cualquier espacio y adaptarlo. La situación es delicada porque las rivalidades propias de la vida interna de un penal, obligan a las autoridades a separar a los grupos para evitar enfrentamientos y violencia.

“El penal no explota por el enorme esfuerzo que hacen todos los que trabajan allí”, aseguró una alta fuente judicial que conoce del tema. Y destacó el esfuerzo de los voluntarios, operadores que trabajan en la prevención y tratamiento de adicciones, del personal penitenciario, de los profesionales y autoridades.

Lamentó que para el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Gastón Pérez Estevan, no sean una los problemas del penal de Bariloche. Tampoco para las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Pérez Estevan está de licencia, ya que es candidato a diputado nacional por Juntos.

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600 causas desde el inicio de la reforma

La jueza de ejecución penal de Bariloche, Sandra Ragusa, dijo que hay 600 causas con personas condenadas desde la implentación del nuevo sistema procesal penal. Atiende, en promedio, “dos personas condenadas por día”, muchos casos sentencias de ejecución condicional.

Ragusa explicó que la población carcelaria del penal de Bariloche no es estable. Todos los días entran internos y salen otros, por algún beneficio. Es frecuente que los jueces de garantías impongan prisiones preventivas domiciliarias, con pulsera electrónica, por el colapso carcelario. Pero los casos más delicados van al penal. Desde tres unidades fiscales informaron que suman más de 15 personas.