Erosión de la democracia



América Latina culmina un “miniciclo” electoral, donde tres países, Argentina, Uruguay y Bolivia, definen sus futuros gobiernos. Pero mientras en los dos primeros la incógnita pasa por ver si hay segunda vuelta o si el gobierno cambia de signo político, en el país altiplánico se vive una crisis política producto de prácticas fraudulentas del gobierno de Evo Morales.

En su libro “Cómo mueren las democracias”, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt analizan cómo en todo el mundo una ola de gobiernos de distintos signos llega al poder mediante las reglas de juego democráticas, para luego perpetuarse. Al contrario de procesos como el nazismo en los 30 o los golpes militares en los 70, “existe otra manera de quebrar una democracia, un modo menos dramático, pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar en manos no ya de generales, sino de líderes electos, presidentes o primeros ministros, que subvierten el proceso mismo que los llevó al poder”.

En estos casos, “las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables” para el ciudadano común. Mucho de esto ha ocurrido en Bolivia. Más allá de la nitidez de un triunfo en primera vuelta de las elecciones presidenciales de Evo Morales -hoy puesto en duda por la oposición y los observadores electorales enviados por la OEA- la convulsión social que se mantiene en el país se explica en prácticas fraudulentas más profundas, construidas por el presidente desde hace años.

El afán por mantenerse en el poder a fuerza de abusos a la Constitución y a la voluntad popular le ha generado a Evo Morales un severo desgaste en su popularidad y legitimidad

Morales sufre el dilema central de muchos gobiernos populistas que gobernaron en América Latina: no ha podido definir sucesión exitosa para un liderazgo político centrado en su figura carismática. Por eso, ha decidido eternizarse en el poder (lleva 13 años y se dispone a continuar por cuatro más) torciendo la Constitución que él mismo propició y desoyendo la voluntad del pueblo en las urnas. Parece un calco de lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela.

Evo perdió en 2016 el referéndum con el que esperaba obtener la venia a sus aspiraciones reeleccionistas. Entonces, desoyendo el veredicto de las urnas, acudió a un Tribunal Constitucional, formado a su medida, que le dio el barniz legal que necesitaba. El ridículo pretexto fue una forzada interpretación de los pactos internacionales de Derechos Humanos y fallos de la CIDH: negarle la reelección indefinida a un boliviano representaba una “violación a sus derechos civiles”, como el de elegir y ser electo. Cualquier legista sabe que ningún derecho es absoluto y que por eso las constituciones y las leyes regulan su ejercicio.

Y en este caso tanto la Carta Magna como las leyes electorales bolivianas, promulgadas por el propio gobierno de Morales, eran claras en limitar este derecho a dos periodos consecutivos. Por eso, ese referéndum nunca debió haber sido convocado por Morales.

Antes, una interpretación forzada -que como estaba en ejercicio al momento de aprobarse la Constitución no podía contarse ese mandato como el “primero”; también intentada en su momento por Carlos Menem y Hugo Chávez- le permitió acceder a un tercer periodo.

Ahora se propone iniciar el cuarto.

Con el 100% de las actas escrutadas, los números le dan a Morales un triunfo en primera vuelta, con la cantidad casi justa de diferencia sobre el segundo candidato más votado, Carlos Mesa, para evitar un balotaje que, según todas las encuestas, Morales perdería. La oposición, observadores electorales internacionales y expertos informáticos independientes comprobaron alteraciones y manipulaciones en el 3% de las actas electorales, pocas, pero suficientes para darle el 0,57% de ventaja a Morales para eludir la segunda vuelta.

El afán por mantenerse en el poder a fuerza de abusos a la Constitución y a la voluntad popular le ha generado a Morales un severo desgaste en su popularidad y legitimidad, que ha llevado a revueltas y represión en las calles. Y ensombrece inocultables avances de su gestión, como la construcción de derechos, el crecimiento económico, la modernización del país y la fuerte reducción de la pobreza. La comunidad internacional no debiera permanecer indiferente ante este nuevo abuso de poder que erosiona la calidad de la democracia en Bolivia y en la región.


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