Escuelas de gestión social y subsidios

Docente neuquino opina

En los últimos días, un sector dirigente del gremio docente ATEN, volvió a ubicar en la agenda política local el tema de los subsidios a las escuelas de gestión privada. En torno a esta temática, me gustaría sumar otra voz, con la intención de esclarecer a la opinión pública.

Desconozco qué componente de la demanda de estos dirigentes tenga relación con la coyuntura política nacional y provincial de estas semanas, ya próximos al recambio de cargos políticos del 10 de diciembre. Lo que sí conozco, es la realidad educativa en la que estamos inmersos.

Una vez instalada la polémica, los diarios locales publicaron alguna información, vinculada al presupuesto provincial 2016. Allí se habla de las gruesas cuotas de algunos colegios privados, y también de la garantía de continuar con los subsidios a las “escuelas de gestión social”.

En una nota publicada el domingo 1º de noviembre, se nos informa que en la Provincia de Neuquén “hay 72 escuelas privadas recibiendo aportes”, lo cual merece de parte de la sociedad y de las autoridades una distinción, para que no creamos que es todo lo mismo, o que todas las escuelas que no son de gestión estatal caben dentro de la misma bolsa. A este fin, viene bien conocer el listado de colegios subsidiados, según el monto de la cuota. Y con esta información a la vista, entonces será más fácil establecer criterios de justicia, pensando entre todos quién tiene que financiar esa inversión.

Pero todavía nos falta algo más para aclarar y distinguir. En el sistema educativo argentino, la educación con validez oficial, en cualquiera de sus niveles (inicial, primario, medio, superior) es “educación pública”. Pero, dependiendo de quién gestiona una determinada institución educativa, esa educación pública puede ser de gestión estatal o de gestión privada. La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, sin embargo, introduce una “tercera vía”, identificando un tercer grupo de instituciones educativas: las de gestión social (ver art. 13, 14 y 140 de la ley 26.206), algunas de las cuales tienen en el país 50 ó 60 años de trayectoria comprometida.

¿Qué es una escuela de gestión social? Es una escuela vinculada a organizaciones socio-comunitarias y a sectores populares, que desarrolla su propuesta educativa conjuntamente con el Estado.

El Estado y las escuelas de gestión social se complementan y se asocian, actuando en el ámbito de lo público, con apertura a todos. Cada una de estas escuelas intenta aportar respuestas a un sector vulnerado de la sociedad, potenciando el compromiso con la justicia social y con la transformación de la realidad.

Entonces así tiene sentido el aporte estatal, y es un error atacar a este grupo de escuelas que cumplen con una función muy importante en la sociedad.

En cuanto al tema del financiamiento, que es el eje de la polémica, vale aclarar que parte de la identidad de estas escuelas de gestión social es la intención de gratuidad, en la medida que cuenten con el compromiso estatal de financiamiento completo de los gastos corrientes.

En la Provincia de Río Negro, por ejemplo, se incorporó el reconocimiento a estas escuelas en la Ley Provincial de Educación (nº 4.178), y a este efecto se creó un Registro de Escuelas de Gestión Social, donde se las inscribe y acredita como tales, a partir del año 2008. A nivel nacional, se vienen realizando Encuentros Nacionales desde el año 2007, y se ha constituido una Asociación Nacional de Escuelas de Gestión Social. En la Provincia del Neuquén, un grupo de escuelas identificadas con este recorrido, desde el 2010 viene bregando por su reconocimiento en esta condición, realizando gestiones ante el CPE y en su momento participando del Foro Educativo Provincial.

Creo que sería un acto de justicia poder distinguir en este tipo de discusiones a las instituciones que junto a la finalidad educativa tienen un fin de lucro, y otras que no lo tienen. De la misma manera que creo que debería ser una obligación legal que los altos funcionarios políticos y gremiales, sus hijos y nietos, tanto a nivel nacional como provincial, concurran a establecimientos de gestión estatal, y esto será aplicable tanto a la educación como a la salud. Ahora que se va una presidenta que se atendió en clínicas privadas y que estamos por elegir un presidente egresado de una universidad privada (cualquiera de los dos), valdrá la pena debatir desde la realidad concreta de los actores sociales con decisión y poder.

José Manuel Navarro Floria

DNI 21.486.603