Escuelas vulnerables

El reciente ataque sufrido por el emblemático CEM 9 evidenció la vulnerabilidad de las escuelas rionegrinas, especialmente durante los periodos de receso escolar, que las han hecho blanco frecuente de robos y vandalismo que complican su funcionamiento y, como en este caso, afectarán el inicio del ciclo escolar a más de 800 alumnos.

El caso del secundario de Roca fue el más grave de una seguidilla de nueve hechos en esta ciudad. Según las primeras investigaciones, sería un grupo de adolescentes de entre 13 y 16 años que ingresó al establecimiento para robar donaciones de una institución solidaria que se guardaban en el recinto y aprovecharon para realizar destrozos, situación que “se les fue de las manos” y terminó con el incendio de más de la mitad del edificio escolar. Lo peor es que los jóvenes, uno de los cuales sería alumno del establecimiento, ya habían ingresado días antes en el mismo sector. La investigación se complejizó al descubrirse explosivos en una de las viviendas de los presuntos autores. Aunque no lo señaló explícitamente, el gobierno cree que los hechos intencionales podrían tener como fin complicar el inicio del ciclo escolar y afectar la imagen del oficialismo en medio de la campaña electoral.

Lo concreto es que, más allá de este hecho gravísimo, varios jardines, escuelas primarias y secundarias de la ciudad sufrieron robos de equipos y computadoras, (hasta tres seguidos), roturas de vidrios, mobiliario, además del mencionado incendio.

Antes que apresurarse a señalar culpables, algo que definirá la investigación, al gobierno debieran preocuparle las importantes falencias en la seguridad de los edificios, muchos de los cuales se encuentran en refacciones. No son situaciones que se limiten a este periodo del año ni a la ciudad de Roca. Una rápida búsqueda por los medios revela que el año pasado se produjeron al menos una treintena de hechos graves de robos y destrozos en escuelas de Cipolletti, Allen, Viedma, Bariloche y Villa Regina, sólo por mencionar aquellos denunciados públicamente. A menudo implicaron la sustracción de grandes objetos como tanques de agua, puertas y ventanas con total impunidad. Hubo hechos que se reiteraron en un mismo establecimiento, ante la demora en tomar medidas de seguridad adecuadas. En Allen, los padres y alumnos llegaron a a realizar “rondas de vigilancia comunitaria nocturna” ante los robos constantes de herramientas y animales que sufría la escuela agroindustrial. Varias obras de construcción y ampliación de edificios escolares sufrieron retrasos por los saqueos de materiales.

La provincia estableció hace poco un Protocolo de Seguridad escolar, que volvió a poner en manos de los directores la toma de decisiones, pero está más bien orientado a resolver situaciones de riesgo ante contingencias climáticas, de higiene, seguridad y habitabilidad de los recintos. Por ahora no existe una coordinación de vigilancia de edificios a nivel provincial y en la mayoría de los casos son las cooperadoras y la comunidad educativa local quienes definen medidas de seguridad adicionales.

El año pasado, ante varios hechos de inseguridad, la policía reforzó las rondas de prevención y vigilancia durante el horario de actividad escolar, sobre todo en horarios pico. Sin embargo, finalizado el periodo lectivo los efectivos se reasignan hacia otras tareas.

Desde el gremio docente se ha denunciado que los recortes presupuestarios que viene sufriendo el sistema educativo han agravado la inseguridad, ya que “casi se ha eliminado la figura de los serenos”. Y ante cada hecho delictivo o vandálico son tardías y parciales las respuestas como alarmas, cercos perimetrales, rejas, mejores sistemas de iluminación o cámaras de seguridad, entre otros. Muy pocos robos y destrozos se han esclarecido y menos se ha hallado a los responsables.

A pocos días del comienzo de las clases, cabe esperar que el gobierno sepa elaborar, junto a las comunidades educativas locales, una mejor respuesta a una situación de inseguridad que termina afectando el derecho a la educación de nuestros chicos.

Editorial