España: dolorosa época de vacas flacas

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“Es verdad que yo les dije que les iba a bajar los impuestos, y se los estoy subiendo”. Esta frase, pronunciada por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, muestra la patética contradicción de unos dirigentes políticos que en la oposición dicen una cosa y cuando están en el gobierno hacen la contraria. Este voluntarismo electoral provoca luego oleadas de indignación en ciudadanos que asisten perplejos a estos cambios abruptos de opinión, que atribuyen al maquiavelismo de la clase política. Al malestar que provocan las medidas anticrisis se suma la indignación de sentirse engañados.

Si, además, consideramos que los funcionarios se han convertido en uno de los sectores más castigados por las medidas adoptadas por el gobierno español para salir de la crisis financiera, comprenderemos fácilmente por qué hierven las calles en Madrid y otras ciudades importantes.

El disgusto de este sector, que suma alrededor de 2,7 millones de funcionarios, se ha multiplicado tras el anuncio del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad, junto con algunos otros complementos salariales, y se reducirán los días libres de que gozaban los funcionarios.

Como se puede comprobar en el recuadro “El dolor…”, los funcionarios públicos gozaban de una serie de “privilegios” –dicho esto sólo en términos comparativos con los trabajadores de la actividad privada– que ahora van a ser objeto de recortes.

Esto, como es natural, no es del agrado de los afectados pero, al mismo tiempo, resulta inevitable cuando hay que equilibrar las cuentas públicas.

Cuando Mariano Rajoy se hizo cargo del gobierno, las cifras oficiales señalaban un déficit de seis puntos del PBI. El objetivo era bajarlo al 3% en un plazo de tres o cuatro años. Pero luego la Comisión Europea descubrió que el déficit real era del orden del 8,5% o inclusive, considerando un 0,5% encubierto, del 9% del PBI.

Algunas medidas

El gobierno debe llevar a cabo un ajuste de 65.000 millones de euros en cuentas públicas para conseguir controlar el desequilibrio presupuestario perdido.

El problema es que los intereses de la deuda pública suman 30.000 millones de euros al año y la recaudación del IVA sólo cubre 25.000 millones de euros. Por este motivo se ha dispuesto una subida del tipo general del 18 al 21% y del tipo reducido del 8 al 10%.

Se mantiene el tipo superreducido, que se aplica a productos básicos como los alimentos, aunque hay una gran cantidad de productos que hasta ahora estaban en el reducido y pasan al normal, dando un salto de 13 puntos.

Otras medidas reducen las prestaciones de desempleo –a partir del primer medio año, la prestación bajará del 60 al 50% de la base reguladora utilizada para el cálculo–, se bajan en un punto las cotizaciones sociales para estimular la contratación, se aumentan las cotizaciones de los altos sueldos, se reducen las bonificaciones que las empresas recibían a la hora de liquidar el Impuesto de Sociedades y se adoptan diversas medidas para reducir los gastos de gestión de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Como sucede habitualmente, ante los recortes sociales todos parecen empeñados en buscar culpables externos.

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Algunos atribuyen la culpa a la canciller alemana Angela Merkel y al extremo rigor de los alemanes, que no parecen dispuestos a prestar ayuda financiera incondicionalmente sin recibir garantías de que los préstamos serán devueltos.

Otros atribuyen la responsabilidad a “los burócratas de Bruselas”, es decir, los responsables políticos de la Unión Europea, que supuestamente estarían cautivados por las políticas económicas neoliberales que están haciendo más aguda la recesión.

Naturalmente, no podían faltar “los políticos” en la lista de los responsables. Junto con las elites económicas y financieras se habrían complotado para hacer las cosas deliberadamente mal.

Pero se trata de una visión extremadamente reduccionista que no parece ajustada a la realidad.

Los especialistas en desarrollo, más cautos, atribuyen la responsabilidad de la crisis a la presencia de demasiados sectores de baja productividad, debido a que en los últimos años no se han efectuado las reformas que podrían dotar de mayor dinamismo a la economía española.

Los efectos en la vida cotidiana

En cuanto a la vida cotidiana, dejando a salvo las manifestaciones puntuales de los afectados, no hay rasgos visibles de la crisis. Obviamente, las familias en las que hay un número importante de desempleados la están pasando mal. Muchas familias han tenido que abandonar las viviendas compradas con créditos hipotecarios que no podían pagar.

Pero las personas que conservan sus empleos –es decir, el 90% de la población ocupada antes de la crisis– mantienen su nivel de ingresos y llevan una vida normal.

En cualquier día de la semana, incluyendo el lunes, se pueden ver los bares y restaurantes concurridos de españoles que han comenzado a disfrutar de sus vacaciones de verano.

En las crisis siempre cunde el desánimo. Más en un país que estaba convencido de haber alcanzado la modernidad, luego de las reformas que se impulsaron a lo largo de la transición democrática española.

Son muchos los factores que han confluido para que estallara una crisis que no estaba en las previsiones de nadie.

Ahora sólo resta trabajar y poner el hombro, como han hecho tantos países que han debido reponerse de graves catástrofes naturales o de guerras tremendamente destructivas.

En esta labor, no ayuda la inútil culpabilización de los terceros.

ALEARDO f. lARÍA

aleardolaria@telefonica.net

Las protestas de empleados estatales se han vuelto moneda corriente en el centro de la capital española y en varias ciudades del país.