España sigue sin saber debatir sobre su racismo

Veinte años después del inicio de la gran inmigración en España, el debate en la sociedad sobre los vínculos entre esta y el racismo es explícito, pero también un tanto extraño. En parte es por el singular historial migratorio del país, pero también por la manera en que ha importado debates de otros lugares, especialmente de Estados Unidos.

En 1999, en España había 748,953 extranjeros censados, 1.8% de su población. Aunque la comunidad marroquí era la más importante, un porcentaje relevante de esos extranjeros lo formaban ciudadanos de países ricos de la Unión Europea que vivían en zonas costeras. Los argentinos eran la comunidad americana más numerosa.

A partir de entonces, la inmigración se disparó y su origen cambió. Siguieron llegando marroquíes; llegaron rumanos, búlgaros y polacos desde Europa; y desde América, peruanos y ecuatorianos. Con el inicio de siglo, España estaba experimentando unos años de crecimiento inédito. Los españoles nos gastábamos el crédito abundante y barato que llegaba del extranjero sobre todo en casas, que había que construir. La mano de obra extranjera se volvió imprescindible. Y el Partido Popular, la formación conservadora que gobernaba desde 1996, no solo propició su llegada sino que convenció a la población de que la afluencia de inmigrantes significaba que el país se estaba modernizando y enriqueciendo: si tradicionalmente habíamos sido una nación pobre cuya gente se iba fuera, ahora éramos lo bastante ricos para convertirnos en receptores.

Hubo conflictos puntuales, algunos de ellos violentos. Pero parecían casos aislados, a pesar de que la inmigración crecía a un ritmo asombroso: en diez años se superaron los cinco millones de extranjeros censados, 12.08% de la población.

Mientras tanto, en España aparecían partidos locales xenófobos allí donde la inmigración no solo era importante, sino mayoritariamente musulmana: fue el caso de Plataforma Vigatana, en la localidad catalana de Vic, o España 2000, en la Comunidad Valenciana. En barrios como Lavapiés, en Madrid, la Policía parecía actuar según criterios raciales, interrogando o registrando solo a gente de piel oscura.

Los españoles parecían pensar que si bien pagaban un precio por el crecimiento rápido de la inmigración, esta seguía siendo un fenómeno netamente positivo: era, en esencia, mano de obra barata. De acuerdo con las encuestas del World Values Survey de 2005-2009, a la pregunta “¿Podría mencionar a quién no le gustaría tener como vecino?”, solo 6.5% citaba a los inmigrantes.

El caso español podía ser especialmente exitoso, pero también una muestra de hipocresía. Aunque durante el siglo XX apenas hubiera recibido inmigración, durante buena parte de su historia España ha marginado, caricaturizado y en ocasiones explotado de manera sistemática a la minoría gitana. Los vínculos reales con América Latina se han revestido muchas veces de una condescendencia que reproducía los rasgos de las élites criollas. Los africanos que trabajan como temporeros agrícolas han malvivido en instalaciones insalubres improvisadas junto a los campos y con pocos derechos legales. A menudo se ha atribuido a los marroquíes o los rumanos los peores rasgos de carácter.

Tras la gran oleada de refugiados de 2015 y 2016, en la que 2.5 millones de personas procedentes de Oriente Medio y el norte de África pidieron asilo en países de la Unión Europea, España se equiparó al resto del continente en un sentido: apareció Vox, un partido que tenía en el centro de su agenda política la raza y el rechazo a la inmigración. Su imaginario era el prototípico de la derecha autoritaria del resto de Europa: los musulmanes estaban llevando a cabo una invasión. Quienes no querían a un vecino inmigrante creció a 13.4%.

España no se considera un país racista. Pero su discusión sobre el racismo parece una mezcla de pautas importadas y de evasivas.

El debate es ahora abierto, pero un tanto disfuncional. Como sucede en otras disputas culturales, ha adoptado el modelo estadounidense: en ocasiones, los activistas antirracistas españoles reproducen argumentos de Black Lives Matter en un país cuyo historial con la raza tiene poco que ver con el historial de esclavitud que hubo en la colonias, mientras la derecha autoritaria de Vox exige deportaciones ilegales, propone la construcción de vallas en el sur o reducir los controles sobre posesión de armas.

Esta clase de debates, parecen quitar luz, más que arrojarla, a las peculiaridades del racismo en España, que en buena medida está conformado por la singularidad de su historial de inmigración. Porque el racismo existe, explícita y tácitamente, en muchos aspectos de la vida pública: desde los lugares de trabajo, en los que los inmigrantes siguen desempeñando de forma desproporcionada empleos que requieren menos cualificación y más esfuerzo físico, hasta los medios y los partidos políticos, en los que, tras 20 años de inmigración sostenida, apenas hay inmigrantes o descendientes suyos.

España no se considera un país racista, como probablemente ninguno lo haga. Pero su discusión sobre el racismo parece una mezcla de pautas importadas y de evasivas. Por eso, quienes más partido pueden sacar de esta situación son aquellos que han decidido hacer de la raza el centro de sus reivindicaciones políticas: la derecha autoritaria. Durante demasiado tiempo se pensó que en el país no existía demanda de una articulación política del racismo. Parece que su existencia, junto con la torpeza de todos los demás, la están creando.

* Periodista español. Extracto artículo The Washington Post