Especuladores bajo ataque

Redacción

Por Redacción

Si la volatilidad fenomenal de todos los mercados financieros, entre ellos los de Buenos Aires y San Pablo, en las semanas últimas se debiera a nada más que la especulación de aventureros deseosos de aprovechar oportunidades para enriquecerse a costa de los demás, medidas como la supuesta por la prohibición de las ventas en corto que han tomado los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, España y Bélgica serían suficientes como para “blindar” la Eurozona contra los convencidos de que tiene los días contados, pero por desgracia los problemas que padece son mucho más graves de lo que quisieran hacer creer los dirigentes políticos. Los ataques especulativos que tanto los indignan sólo son síntomas del mal que afecta a un bloque que está conformado por países muy distintos. De no ser por las debilidades estructurales de la Eurozona, los especuladores no perderían el tiempo apostando en su contra. Si bien es comprensible que los mandatarios europeos hayan procurado atribuir las dificultades que enfrentan al accionar de banqueros codiciosos, especuladores y otros presuntos malhechores, de tal modo minimizando su propia responsabilidad por la crisis, aun cuando lograran mantenerlos a raya la realidad económica no cambiaría. El euro corre peligro no porque quienes operan en los mercados financieros lo consideran vulnerable sino porque muchos dudan de la capacidad de los países que lo emplean para coordinar sus estrategias fiscales, lo que en efecto significaría permitir que Alemania manejara las finanzas públicas de Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda y, mal que le pesara al presidente Nicolas Sarkozy, de Francia. Puede que a los holandeses y austríacos someterse a la disciplina teutona no les resultaría antipático, ya que ellos mismos están acostumbrados a un grado parecido de rigor, pero la situación en los demás países de la Eurozona es muy diferente. Aunque los gobiernos de Italia, España, Grecia y Portugal se han comprometido a llevar a cabo programas de ajustes que, de concretarse, perjudicarían directamente a decenas de millones de jubilados, empleados públicos y desocupados que dependen de subsidios, y de manera menos directa a muchos empresarios, si las economías de dichos países no comienzan a crecer vigorosamente muy pronto se intensificará la resistencia de los reacios a pagar el precio necesario para salvar la moneda común. Sin embargo, parece escasa la posibilidad de que los países del llamado Club Mediterráneo se recuperen en los meses próximos. Para hacer aún más sombrío el panorama, los preocupados por el estado de la economía europea se han puesto a concentrarse en los problemas no sólo de Italia sino también de Francia, dos países que, más aún que España, son demasiado grandes como para ser “rescatados” por sus socios solventes. Mientras que hace menos de un año se suponía que la crisis permanecería limitada a países pequeños como Grecia, Portugal e Irlanda, ya ha alcanzado a los pesos pesados de la Eurozona con la única excepción de Alemania que, por ahora cuando menos, sigue creciendo a un ritmo respetable merced a sus exportaciones industriales. En cambio, la semana pasada se informó que en Francia el producto bruto se estancó en el segundo trimestre del año corriente; puesto que en los días anteriores a la difusión del dato inesperado Francia se encontraba en el epicentro del pánico bursátil más reciente debido a dudas en cuanto a la solvencia de sus bancos más importantes, la noticia no contribuyó a estimular el optimismo. Las causas básicas de la crisis en que ha caído Europa no constituyen un misterio. El envejecimiento demográfico, combinado con el endeudamiento, ha creado una situación que no puede sostenerse por mucho tiempo más. Pero mientras que siempre es muy fácil aumentar el gasto público, en democracias en que los políticos temen ser castigados por los votantes si intentan privarlos de derechos adquiridos reducirlo no lo es en absoluto. Incluso cuando la mayoría dice entender muy bien que es forzoso equilibrar las cuentas porque la alternativa sería caer en bancarrota, es tan fuerte la propensión a imputar los ajustes a la mala voluntad de quienes los ordenan que pocos gobiernos se animan a arriesgarse antes de que sea patente que, como es el caso en buena parte de Europa, no les queda otra opción.


Si la volatilidad fenomenal de todos los mercados financieros, entre ellos los de Buenos Aires y San Pablo, en las semanas últimas se debiera a nada más que la especulación de aventureros deseosos de aprovechar oportunidades para enriquecerse a costa de los demás, medidas como la supuesta por la prohibición de las ventas en corto que han tomado los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, España y Bélgica serían suficientes como para “blindar” la Eurozona contra los convencidos de que tiene los días contados, pero por desgracia los problemas que padece son mucho más graves de lo que quisieran hacer creer los dirigentes políticos. Los ataques especulativos que tanto los indignan sólo son síntomas del mal que afecta a un bloque que está conformado por países muy distintos. De no ser por las debilidades estructurales de la Eurozona, los especuladores no perderían el tiempo apostando en su contra. Si bien es comprensible que los mandatarios europeos hayan procurado atribuir las dificultades que enfrentan al accionar de banqueros codiciosos, especuladores y otros presuntos malhechores, de tal modo minimizando su propia responsabilidad por la crisis, aun cuando lograran mantenerlos a raya la realidad económica no cambiaría. El euro corre peligro no porque quienes operan en los mercados financieros lo consideran vulnerable sino porque muchos dudan de la capacidad de los países que lo emplean para coordinar sus estrategias fiscales, lo que en efecto significaría permitir que Alemania manejara las finanzas públicas de Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda y, mal que le pesara al presidente Nicolas Sarkozy, de Francia. Puede que a los holandeses y austríacos someterse a la disciplina teutona no les resultaría antipático, ya que ellos mismos están acostumbrados a un grado parecido de rigor, pero la situación en los demás países de la Eurozona es muy diferente. Aunque los gobiernos de Italia, España, Grecia y Portugal se han comprometido a llevar a cabo programas de ajustes que, de concretarse, perjudicarían directamente a decenas de millones de jubilados, empleados públicos y desocupados que dependen de subsidios, y de manera menos directa a muchos empresarios, si las economías de dichos países no comienzan a crecer vigorosamente muy pronto se intensificará la resistencia de los reacios a pagar el precio necesario para salvar la moneda común. Sin embargo, parece escasa la posibilidad de que los países del llamado Club Mediterráneo se recuperen en los meses próximos. Para hacer aún más sombrío el panorama, los preocupados por el estado de la economía europea se han puesto a concentrarse en los problemas no sólo de Italia sino también de Francia, dos países que, más aún que España, son demasiado grandes como para ser “rescatados” por sus socios solventes. Mientras que hace menos de un año se suponía que la crisis permanecería limitada a países pequeños como Grecia, Portugal e Irlanda, ya ha alcanzado a los pesos pesados de la Eurozona con la única excepción de Alemania que, por ahora cuando menos, sigue creciendo a un ritmo respetable merced a sus exportaciones industriales. En cambio, la semana pasada se informó que en Francia el producto bruto se estancó en el segundo trimestre del año corriente; puesto que en los días anteriores a la difusión del dato inesperado Francia se encontraba en el epicentro del pánico bursátil más reciente debido a dudas en cuanto a la solvencia de sus bancos más importantes, la noticia no contribuyó a estimular el optimismo. Las causas básicas de la crisis en que ha caído Europa no constituyen un misterio. El envejecimiento demográfico, combinado con el endeudamiento, ha creado una situación que no puede sostenerse por mucho tiempo más. Pero mientras que siempre es muy fácil aumentar el gasto público, en democracias en que los políticos temen ser castigados por los votantes si intentan privarlos de derechos adquiridos reducirlo no lo es en absoluto. Incluso cuando la mayoría dice entender muy bien que es forzoso equilibrar las cuentas porque la alternativa sería caer en bancarrota, es tan fuerte la propensión a imputar los ajustes a la mala voluntad de quienes los ordenan que pocos gobiernos se animan a arriesgarse antes de que sea patente que, como es el caso en buena parte de Europa, no les queda otra opción.

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