Millonaria estafa al Ipross: el insólito primer paso de la investigación

La venta de una farmacia en el centro de Roca terminó siendo decisiva para que se conociera la facturación irregular a la obra social del Estado. Autoridades del Colegio de Farmacéuticos detallaron ayer a sus asociados la denuncia presentada ante la Justicia, que involucra a cinco prestadores.



Según la denuncia, el Ipross pagó medicamentos que afiliados con diabetes y epilepsia no recibieron.

El cabo suelto. La punta del ovillo. El primer indicio de que alguien no estaba haciendo las cosas igual que el resto. El espacio donde se guardaban los datos necesarios para empezar la investigación que sacude hoy al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, porque varios de sus socios están sospechados de estafar al Ipross por una suma millonaria.

¿De qué estamos hablando? De una pequeña caja. Unos pocos metros cúbicos de cartón que contenían recetas de distinto tipo, elaboradas durante los últimos años en una farmacia del centro de Roca.

Tal vez nada de lo que actualmente investiga la Justicia hubiese quedado a la luz si ese comercio de la calle Tucumán no cambiaba de dueños el año pasado.


Pero la venta se concretó. Y uno de los nuevos propietarios revisó el lugar. Encontró la caja. Le llamó mucho la atención lo que vio y presentó algunas de esas recetas en una reunión de comisión directiva del colegio.

Ahí se dio el segundo paso clave. Los responsables de la institución no se quedaron de brazos cruzados. Iniciaron una auditoría y designaron una comisión fiscalizadora.

Al cabo de pocas semanas, la magnitud de las irregularidades quedó expuesta. No era sólo la farmacia de la caja. Otras tres de Roca y una de Allen presentaban similares irregularidades en la facturación de medicamentos para afiliados al Ipross con diabetes y epilepsia.

Además de las recetas, en la investigación interna se obtuvieron testimonios de los propios afiliados, confirmando compras recientes por una determinada cantidad de remedios, que siempre eran menores a las facturadas a la obra social del Estado.

De esta manera, el camino a la Justicia fue inevitable. El lunes 13 las autoridades del Colegio se presentaron ante el Ministerio Público y a lo largo de cuatro horas presentaron toda la información que tenían, además de brindar las explicaciones requeridas acerca del sistema de facturación de las farmacias al Ipross.


La fiscal jefa, Teresa Giuffrida, y el fiscal Gastón Britos Rubiolo, se movieron rápido y allanaron la vivienda de la auditora del colegio, en Allen.

El rol de esa empleada es central para la investigación, porque se trata de la persona que debía verificar que los montos reclamados por cada farmacia tuvieran coherencia con las recetas validadas.

Luego vino el operativo en la sede del colegio. De allí se llevaron documentos y computadoras, cuyos datos serán cotejados con el material que se obtenga en las próximas horas.

Ese mismo edificio de la calle Mitre al 900 fue escenario ayer de una asamblea, en la que se detalló la denuncia ante los asociados. Luego de ese encuentro se emitió un comunicado, afirmando que se recurrió a la Justicia para “resguardar la responsabilidad y los intereses del Colegio”.


Análisis: Excusas a destiempo


Las primeras declaraciones del titular del Ipross, Claudio Di Tella, desligándose del escándalo de los farmacéuticos, no deberían ser las últimas.

Haber depositado la confianza para que las auditorías las haga el propio Colegio de Farmacéuticos no exime a la obra social de la responsabilidad final por cada peso erogado.

Y si llega a confirmarse que 100 millones fueron a parar durante años a bolsillos que no correspondían, difícilmente las autoridades de la obra social puedan alegar con liviandad que desconocían la situación.

Sólo la omisión de tamañas irregularidades debería movilizar al gobierno rionegrino a colaborar para que la investigación judicial llegue hasta las últimas consecuencias.

Si la comisión fiscalizadora que armó el Colegio de Farmacéuticos pudo constatar apenas en un par de semanas las anomalías, resulta inverosímil que el Ipross no haya advertido en más de cinco años que la facturación de remedios especiales demandaba pagos superiores a lo normal.

Además, a confesión de parte, relevo de pruebas: el presidente de la obra social anunció que en el próximo convenio con los farmacéuticos la validación de las facturas regresará a la órbita estatal.

Sin indicios -o confirmaciones- sobre distorsiones en el sistema, esa decisión nunca se hubiese tomado.

La gravedad de la denuncia impone -para Di Tella o sus antecesores- algo más que excusas.


Defensora dice que los allanamientos son nulos


La auditora del Colegio de Farmacéuticos cuya casa fue allanada en Allen designó a Patricia Espeche como defensora. La abogada dijo a “Río Negro” que hay nulidades en la actuación de los fiscales.

“No se puede ser responsable final de los hechos ocurridos en una institución y al mismo tiempo ser denunciante”, sostuvo Espeche, considerando que son las autoridades del Colegio las que deberían responder antes que nadie.

La abogada detalló que su defendida fue víctima durante meses de acoso laboral y discriminación dentro de la entidad. También cuestionó el operativo en la sede del Colegio.

“Había cinco computadoras y se llevaron cuatro. La única que dejaron era clave y nadie explica por qué no la secuestraron”, reprochó.


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