Estafa al Ipross: piden embargar cuentas y retener pagos a las farmacias denunciadas

La Fiscalía de Estado reclamó a la Justicia tres medidas cautelares contra los prestadores de Roca y Allen.





Weretilneck instruyó la semana pasada al fiscal Fernández Eguía para presentarse como querellantes en la causa.

Weretilneck instruyó la semana pasada al fiscal Fernández Eguía para presentarse como querellantes en la causa.

La Fiscalía de Estado de Río Negro no sólo pidió ser querellante en la causa que investiga una millonaria defraudación al Ipross por parte de farmacéuticos del Alto Valle. También reclamó una serie de medidas cautelares, que apuntan al embargo de bienes y activos de los prestadores denunciados.

De acuerdo al escrito firmado por el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, el objetivo es que se considere a la obra social provincial como víctima de las maniobras desplegadas al menos entre el 2013 y principios de este año.

“De lo expuesto periodísticamente, y ratificado por coherentes pedidos de informes remitidos por esa Unidad Fiscal al Ipross, se concluye que el objeto de la investigación, versaría sobre maniobras fraudulentas efectuadas en los sistemas de control del Colegio de Farmacéuticos, que redundaron en falsas facturaciones al Ipross. De este modo, en caso de acreditarse la materialidad ilícita de los hechos cuya investigación dan cuenta los periódicos, el Ipross resulta el sujeto pasivo de la estafa, abasteciendo el requisito impuesto por el artículo 55, segundo párrafo, para su intervención como querellante, lo cual se solicita”, indica la presentación realizada el martes.

Y a partir de allí se avanza en el pedido de tres medidas cautelares, que textualmente son las siguientes:

“Que se ordene embargo de cuanto el Colegio de Farmacéuticos tenga para pagar a las cinco razones sociales de farmacias involucradas en los hechos investigados, ya sea de pagos provenientes de Ipross, cuanto de cualquier otro prestador”.

“Que se ordene embargo por el saldo de precio que pudiera continuar impago, por la venta de la farmacia que habría destapado el ilícito accionar”.

Y finalmente “que se ordene embargo por intermedio del Banco Central de la República Argentina, de cualquier activo, plazo fijo, cuenta de inversión, cuenta comitente, y cualquier bien de titularidad de cualquiera de las cinco razones sociales de farmacias involucradas en los hechos investigados, que pudieran tener en el sistema financiero”.

Cabe recordar que el Ipross decidió en las últimas horas que las farmacias Tucumán, Santa Teresita, Araucana y Farmacentro de Roca, además de la farmacia Fasano de Allen, sean excluidas en forma provisoria de su listado de prestadores habilitados, a raíz de la denuncia presentada el 13 de mayo por las actuales autoridades del Colegio de Farmacéuticos.

Sobre esos cinco comercios, la medida recaería principalmente en las tres primeras, porque Farmacentro tiene nuevos dueños y fueron precisamente quienes permitieron revelar las maniobras irregulares en la facturación de medicamentos para pacientes con diabetes y epilepsia.

En tanto, la farmacia Fasano no existe más desde el 2016, luego del fallecimiento de su propietario y entonces presidente del Colegio, Hugo Fasano.


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