Estancieros piden mano dura con ocupaciones

NEUQUÉN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) analiza una durísima y atípica denuncia presentada por estancieros y empresarios neuquinos.

La presentación se produce en el marco de la presión general contra las usurpaciones y tomas de terrenos, sobre todo en el interior de Neuquén y protagonizadas por comunidades mapuches.

La denuncia -que advierte que la provincia quedará involucrada en la maniobra que se urde y deberá resarcir a «las víctimas de los despojos- carga contra la Justicia, la Policía y el Estado en general. Y denomina «delincuencia rural» a las comunidades indígenas que «en muchos casos comprobados, se fabrican artificiosamente del día a la noche».

En el escrito se define que «la situación es realmente terminal, porque las vías de hecho han reemplazado a la petición ante la justicia. La ineficacia judicial y policial lleva a la proliferación de los despojos, usurpaciones, avasallamiento de la propiedad y proliferación de otros delitos».

Los denunciantes -bajo el patrocinio de renombrados abogados de Capital Federal- reclaman «prevención y persecución de los delitos, la terminación de: la toma de terrenos y campos, de la pasividad policial, de la influencia de la justicia en los delitos y juzgamiento de los autores; del incumplimiento de las órdenes judiciales de restitución de los bienes usurpados, del abandono de los ciudadanos a su suerte en manos de la delincuencia rural y urbana creciente y audaz». La presentación llegó al TSJ hace un mes.

Durante más de dos semanas este diario intentó acceder a la misma. Luego de muchas gestiones, hace unos días se llegó al escrito pero en el mismo no se identifica a los denunciantes.

En su solicitud de «garantía de tutela judicial efectiva», los abogados Jorge Vanossi, Carlos Sánchez Herrera y Carlos Cassagne piden al TSJ «como cabeza del Poder Judicial de Neuquén para que «en ejercicio de sus poder explícitos e implícitos haga cesar la indefensión colectiva que sufrimos nuestras personas, familias y bienes de trabajo, por la renuencia de Estado a ejercer el atributo de la fuerza legal y legítima que le es privativo».

En los últimos meses, sobre todo a partir del desalojo de tierras que la comunidad mapuche había ocupado en cercanías de Aluminé, hubo una fuerte presión de estancieros, empresarios y comerciantes de la zona centro. El protagonismo mayor lo tiene desde entonces, el empresario Carlos Natalio «Nuno» Sapag, hermano del gobernador Jorge Sapag. El estanciero y empresario neuquino afirmó que hay influencia y contacto entre las comunidades mapuches y las FARC de Colombia y la ETA de España.

No está confirmado que «Nuno» Sapag esté entre los patrocinados por Vanossi, Sánchez Herrera y Cassagne.

En el documento, los letrados -que son generosos a la hora señalar jurisprudencia- cargan responsabilidades sobre el Ejecutivo neuquino.

«Si el gobierno provincial con conocimiento de los asaltos y tomas de propiedades rurales producidas y advertido de la maniobra que se urde, quedará involucrado, aun por omisión, en la pergeñada inclusión de las propiedades privadas en ese relevamiento, cuyo fin es su inmediato despojo, como admiten públicamente los sujetos que preparan estas acciones, afectará la responsabilidad civil de la provincia y originará la obligación de restituir y resarcir los daños materiales y morales de todas las víctimas de despojos», se lee en uno de los puntos del documento.