Ex conducción de una cooperativa bajo la lupa

El fiscal Sergio Pichetto imputó a los integrantes de la exconducción de la cooperativa Quimey Ruca por el delito de estafas reiteradas.

Pichetto formuló cargos contra el expresidente de la entidad Miguel Fernández, Milton Hernán Mansilla, Joaquín Pérez, Juan Montivero y Héctor Pardo. Mientras que no pudo acusar a Mariela Roa ni a Roxana Rosas porque no comparecieron a la audiencia. Serán citadas en breve.

El fiscal será el responsable de llevar adelante la investigación durante 4 meses, que fue el plazo dispuesto por el juez de garantías Bernardo Campana. También la querella intervendrá.

Picheto le atribuyó a los cinco acusados tres hechos. El primero, según explicó el fiscal, ocurrió el 5 de agosto de 2011 cuando Fernández, en su carácter de presidente, en contraposición a lo que establecía el estatuto de la cooperativa, y sin la presencia del secretario ni del tesorero, firmó un convenio con Américo Segundo y Argentino Alfonso para la reserva de compra de un lote de 198.000 metros cuadrados en esta ciudad. La idea era hacer el denominado loteo El Rebenque del Ñirihuau.

Pactaron un precio total de compra de 3.168.000 dólares. Pichetto dijo que cuando firmaron el acuerdo, Fernández pagó 50.000 dólares o su equivalente de 209.000 pesos de ese momento. Dijo que el compromiso era abonar en 90 días otro aporte de 1.403.100 dólares y el saldo en 36 cuotas.

Como no pagaron el monto comprometido, la operación se cayó. Sin embargo, dijo el fiscal, el imputado empezó a vender lotes que no tenían. Es más, señaló que adjudicaron lotes inexistentes. “Cobraron por ello a sabiendas de la inexistencia del proyecto porque no había tierras”, afirmó.

Para el fiscal, hubo un accionar malicioso de los imputados que dejaron de pagar el lote para quedarse con el dinero. Dijo que el perjuicio económico estimado de manera preliminar asciende a 1.143.564 pesos. Advirtió que en el balance que los exintegrantes de la cooperativa presentaron sólo ingresaron 432.000 pesos.

Otro hecho

El segundo hecho ocurrió el 13 de julio de 2009 y con posterioridad al 6 de marzo de 2012, cuando Fernández sin autorización de la asamblea de socios, suscribió boletos de compra venta para el loteo denominado San Francisco IV. Recaudaron las cuotas y el 6 de marzo de 2012 ya se había caído la venta de los lotes y habían cobrado un monto que superaba el costo de las tierras. Pero el dinero desapareció. Señaló que 190 asociados habían pagado 779.262 dólares.

Sostuvo que anunciaron una obra de luz para ese loteo, que los socios pagaron cuotas. Tampoco se hizo. Habían hecho un anticipo de 50.000 pesos.

El tercer hecho que Pichetto les atribuyó a los acusados sucedió el 26 de julio de 2013 cuando se eligen las nuevas autoridades de la cooperativa. La nueva conducción del Consejo de Administración reclamó a los exintegrantes de la conducción los libros de acta, los balances desde 2009 hasta 2013 y toda la documentación de su gestión.

“Pero se negaron a restituir la documentación sin dar explicaciones”, apuntó el fiscal, en la audiencia de formulación de cargos que se hizo el viernes. Por eso, las nuevas autoridades de la cooperativa presentaron la denuncia penal.

Querellantes

La abogada Andrea Zanardi, que es la apoderada de los denunciantes, que son querellantes en la causa, recordó que la cooperativa nació el 2 de octubre de 2008 con un capital de 6.200 pesos. La querella adhirió a la acusación de la fiscalía.

Zanardi dijo que los asociados de la cooperativa comenzaron en 2012 a reclamar porque habían pagado por sus lotes. Recordó que el proyecto de viviendas el Rebenque del Ñirihuau nació en 2011, pero nunca se concretó.

Indicó que entre el 5 de agosto de 2011 y el 5 de noviembre de 2011 se hicieron actas de adjudicación a socios, pero ninguno de la comisión anterior les dijo a los socios que se había caído la reserva. Por el contrario, la abogada afirmó que siguieron confeccionando actas de adjudicación y los socios continuaron con el pago de las cuotas.

Recordó que la exconducción intentó convocar a una asamblea de emergencia tras tomar conocimiento de que algunos socios habían acudido a la delegación local, que regula el funcionamiento de las cooperativas en la provincia.

Zanardi señaló que el organismo provincial convocó de oficio en julio de 2013 a una asamblea donde renovaron las autoridades y la exconducción fue desplazada.

“No robamos un peso”

El abogado Nelson Vigueras, defensor de los imputados, pidió rechazar la formulación de cargos, pero el pedido fue desestimado por el juez.

Planteó el sobreseimiento de los acusados por prescripción de la causa, pero tampoco le hicieron lugar. Algunos imputados declararon ante el juez y negaron haber cometido estafas. “No robamos un peso”, afirmaron. La investigación ya está en marcha.