Exfuncionario a un paso de ser sobreseído en una causa por la venta de un lote
El fiscal que promovió la acción penal por el hecho ahora dictaminó a favor del imputado y dijo que no hubo delito. Un juez conocido del acusado deberá resolver.
El exdelegado de Rentas de la provincia en Bariloche, Federico Javier Martínez, está a un paso de acceder al sobreseimiento si prospera el pedido del fiscal Guillermo Lista, que dictaminó a su favor porque advirtió que no incurrió en ninguna conducta delictiva.
A mediados del 2015, Lista había promovido la acción penal contra Martínez como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.
El hecho que le atribuyó entonces a Martínez fue haber promovido la ejecución y remate de un valioso lote, con costa de lago, que está ubicado en la Península San Pedro de esta ciudad por una deuda de impuesto inmobiliario de unos 5.500 pesos.
La subasta se hizo a mediados del 2013 a pesar de que se habían suspendido todas las ejecuciones de inmuebles en la zona por la crisis tras la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle, que ocurrió el 4 de junio de 2011. El lote se subastó en 305.000 pesos y lo compró el martillero público Agustín Tello, suegro de Martínez.
María Cristina Medus Rosenbrock, madre de Martínez, pagó y depositó 280.600 pesos. Pero el lote se escrituró a nombre de Tello, que el mismo día que hizo la escritura lo vendió a Susana López por el doble del valor que había comprado. Aunque la querella informó que impugnaron todo ese procedimiento que se tramita en el fuero civil.
Lo insólito es que el juez de Instrucción Bernardo Campana pidió apartarse de intervenir en la causa porque conoce y tiene trato frecuente con Martínez, advirtió la querella que justamente recusó al magistrado y al fiscal. Sin embargo, la Cámara Criminal Primera resolvió el 20 de marzo pasado rechazar el pedido de Campana, que deberá resolver en el corto plazo la situación procesal de Martínez.
Lista explicó a “Río Negro” que analizaron la documentación recolectada durante la investigación y concluyó que Martínez no incurrió en el delito atribuido. Dijo que el expediente administrativo de Rentas consignó que Martínez “no tenía injerencia directa sobre el área que decidió avanzar con el remate de la propiedad”.
El remate fue público, cualquier persona podía participar, y pujaron otras personas por el inmueble. Después de analizar toda la prueba estimo que no hubo una conducta delictiva”.
Guillermo Lista, fiscal de la causa
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