Fernández va hacia el centro de la escena


En diciembre de 2017, el rechazo a la iniciativa de Macri de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones puso al sistema al borde del colapso. Fue una renovada exhibición de peronismo, de la lógica con la que entiende el ejercicio del poder.


Ahora vendrán las negociaciones con el Fondo y los privados para la reprogramación de la deuda. Resulta verosímil la versión de que la oferta a los bonistas sería más exigente (para los bonistas) que la prevista, como trascendió. Es de interés del FMI que el mayor esfuerzo corra por parte de los tenedores de bonos, en lo posible con una quita importante, como en 2005. El Fondo es acreedor privilegiado y fija las reglas, aquello de lo que consiguió escapar en su época Kirchner. Pero además la Argentina acaba de aprobar una ley de emergencia económica monumental que tendría un impacto fiscal equivalente a 1,3 puntos del PBI, según la consultora Quantum de Daniel Marx, quien asesora en las negociaciones para la reestructuración. Otros análisis hablan de casi 2 puntos del PBI. A diferencia de la opinión de Alfonso Prat Gay en su memorable crítica a Lavagna (“La Argentina perdió la oportunidad de negociar cuando estaba de rodillas”), para Alberto Fernández más recursos y un sendero de equilibro fiscal podrían fortalecer la posición negociadora de la Argentina. Crecer (y tener más caja) para poder pagar, si se reformulara el slogan.

Guillermo Calvo anticipó en julio que serían necesarias medidas impopulares y que solo el peronismo es capaz de aplicar un ajuste. Asistimos a una primera manifestación clara de ese teorema.

Más allá de las promesas de última hora, la Ley de Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional (y otros cinco capítulos más) establece que el ajuste también lo harán los privados. Es razonable la inquietud de algunos economistas sobre el impacto que una mayor presión fiscal sobre los sectores con mayor capacidad contributiva podría tener en la recuperación de la actividad económica. En el debate en el Senado, Martín Lousteau, calificó a ley de “impuestazo” y agitó la soga en la casa del ahorcado: “No quiero traer a la memoria lo que pasó con Machinea en un economía que recién empezaba a crecer con impuestos de semejante magnitud”.

El escenario es incluso más desafiante: a diferencia de la recuperación que insinuaba a fines de 1999, si bien la economía mostró débiles señales de recuperación en el trimestre mayo-julio, la actividad volvió a hundirse desde agosto. Antes de la ley, las perspectivas ya no eran alentadoras. Según el último relevamiento de expectativas del mercado que elabora el banco Central, el PBI se contraerá este año en la Argentina 2,8% y otro 1,7% en 2020.

El peronismo ha dado una nueva muestra de su inigualable poder de persuasión. Ya se habló en esta columna acerca del teorema de Guillermo Calvo, quien anticipó en julio que serían necesarias medidas impopulares y que solo el peronismo es capaz de aplicar un ajuste. Estamos asistiendo a una primera manifestación clara de ese razonamiento.

En diciembre de 2017, el rechazo a la iniciativa de Macri de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones puso al sistema al borde del colapso, cuando se buscó obstruir el debate parlamentario en Diputados. Durante seis horas llovieron piedras sobre el Congreso. Hubo legisladores de la oposición que se sumaron al intento de impedir sesionar. La reforma finalmente se aprobó: buscaba reducir el impacto de la actualización de las jubilaciones en el gasto público, pero provocó el efecto contrario.

La ley sancionada el viernes busca desindexar el gasto: derogó la movilidad de las jubilaciones y facultó al Ejecutivo a otorgar aumentos discrecionales mientras estudia un nuevo cálculo para su actualización. Por múltiples motivos, entre ellos el envejecimiento de la población, la crisis de los sistemas previsionales excede a la Argentina. El peronismo acaso ha dado el primer paso hacia una reforma integral del sistema. Aún no lo sabemos.

En apenas diez días de gestión, Fernández negoció con los gobernadores radicales y alineó a Lavagna y a todos los sectores del frente oficialista detrás de una ley extremadamente ambiciosa, que supone un duro ajuste sobre la base electoral del macrismo, pero no solo sobre ella. Logró aprobarla en tres días y le arrancó facultades extraordinarias al Congreso. Fue una notable exhibición de peronismo, de su lógica del ejercicio del poder. Fernández va ahora en busca del centro de la escena.


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