Feudal le debe más de 10.000 pesos a Rentas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Atilio Feudal acumula una deuda, al 15 de noviembre del corriente año, con la Dirección General de Rentas de la provincia (DGR) de 10.447,9 pesos, según lo revela un estado de cuenta de una de sus propiedades ubicadas en el residencial barrio Melipal.

El listado de la DGR fue difundido ayer por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem).

Esta denuncia se suma la ya efectuada un mes atrás por el sindicato por otra deuda que tenía el intendente, esa vez de 2.000 pesos y por tasas municipales impagas.

Cabe destacar que esta deuda continuaría en estado de mora.

«Vamos a ser muy duros con los evasores», señaló el intendente días atrás en momentos de lanzar la moratoria municipal. Sin embargo, nadie parece ser profeta en su tierra.

Conocida la información sobre esta nueva deuda, «Río Negro» intentó comunicarse con Feudal pero únicamente obtuvo respuesta de la oficina de prensa del municipio, donde se aclaró que el funcionario «se incorporó a la moratoria provincial por esa deuda».

La información dada a conocer por el sindicato causó un indudable impacto en el Ejecutivo y echó un nuevo condimento en la pulseada que el gobierno sostiene con el gremio para aprobar cuanto antes un severo paquete de ajuste fiscal.

La deuda que el intendente tiene de su vivienda con rentas de la provincia (nomenclatura catastral 192C375 03) va de abril del 1991 a junio del 2000.

Si bien el total de lo adeudado alcanza los 10.447 pesos, el reclamo de la DGR es menor ya que con más de 5 años las deudas prescriben, por lo tanto la misma se reduciría por lo menos en un 40%.

La revelación de que el intendente debe impuestos provinciales y tasas municipales por más de 12.000 pesos obliga también a efectuar una nueva lectura de sus repetidas exhortaciones a que los vecinos paguen los compromisos con el municipio.

En lo que respecta a DGR, a lo largo de la última década sólo canceló dos períodos (1991 y 1996), pero en el resto de los años no abonó ninguna cuota.

La primera denuncia del gremio

Sobre el tema de las tasas municipales, la secretaria adjunta del Soyem, Graciela Bedini, dijo en su momento que Feudal «no tiene autoridad moral» para reclamar un ajuste a los trabajadores mientras adeuda las tasas por servicios retributivos de sus propiedades.

Según la liquidación correspondiente por la deuda de tasas, el intendente tiene dos terrenos por los que debe 959,40 y 1.106,40 pesos.

Con la documentación a la vista, Bedini explicó en su momento que Feudal inició los trámites para acogerse a la última moratoria (instrumentada por él mismo a principios de año), «pero no llegó a pagar la primer cuota».

También reveló que adeuda una cuota de 111 pesos de una vieja moratoria, dispuesta por el gobierno precedente en 1996, «que si todo funcionara como corresponde ya debería estar en Legales para su ejecución», había señalado la sindicalista en su momento.

El recorte de salarios no alcanzó a los contratados de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Atilio Feudal no quiere dar marcha atrás con la reducción de una hora en la jornada laboral del personal de planta -con el consiguiente recorte salarial- pero mantiene un número de empleados contratados que excede largamente lo permitido.

La ordenanza de Emergencia Económica le puso un plazo de 30 días para acotar a 110 mil pesos el gasto mensual por personal bajo contrato. Sin embargo ayer, el secretario de Hacienda Jorge Yáñez reconoció ante los concejales que por ese rubro la erogación actual sigue siendo de 200 mil pesos.

El edil Jorge Temporetti, que preside la comisión de Economía, dijo que «esas cosas son las que no se entienden» de la gestión de Feudal, «porque con la rebaja de haberes pretenden ahorrar 90 mil pesos mensuales y esa misma cifra es la que están obligados a recortar entre los contratados y no lo hacen».

Otro elemento de irritación fue la resolución que otorgó «ayudas económicas» a 70 personas que hasta el mes anterior revistaban como contratados «por categoría».

El eufemismo aparece como un nuevo atajo ideado por el Ejecutivo para eludir el tope en los contratos de empleo. Los beneficiarios cumplen supuestamente tareas en distintas áreas y cobran montos que van de los 200 a los 800 pesos. El récord se lo lleva con 826 pesos uno de los contratados más polémicos del municipio, Martín Ortiz, el hijo de la concejal del PPR Andrea Casal.

Ayer tuvo lugar la primera reunión de la «comisión de seguimiento» de la emergencia, que se convirtió en «caja de resonancia» de los reproches entre el Ejecutivo y el Soyem, que prometió resistir la poda salarial.

También los concejales se manifestaron en contra de la extemporánea medida de Feudal. Incluso el oficialista Marcelo Cascón manifestó su oposición al recorte «que es un error de lectura de la realidad y no hace más que multiplicar los frentes de conflicto».