Fruticultura y concurso preventivo

La herramienta legal importa pérdidas para todo el sistema, para el deudor y mucho para los acreedores. Pero no hay indefensión para ellos dado que pueden intervenir en el proceso judicial.

Ha causado impacto en la actividad frutícola regional el concurso de acreedores de una importante empresa exportadora con asiento en la ciudad de Cipolletti. Por cierto hace pocas horas en las páginas de este diario (8/7/19) se abordó desde el reportaje a sus directivos y un editorial de conclusión la situación que habría llevado a la misma a optar por la presentación en concurso preventivo. Se advertía en la empresa un cuadro de serias dificultades tiempo antes de la presentación formal del trámite judicial.

La insolvencia en su evidencia material rara vez se presenta repentinamente, en tanto se trata de un proceso que se produce durante un tiempo previo (puede ser en corto o mediano plazo) hasta su manifestación más explícita, que se muestra en formas diversas.

Algunas empresas del complejo frutícola regional, no muchas entre las no muchas que quedan en pie, muestran nítidamente situación actual de insolvencia. Una vez más la coyuntura económica nacional conspira contra la subsistencia no solo de las frutícolas, sino de miles de empresas nacionales. Ya no alcanza el dólar alto y los salarios bajos actuales que representaban una combinación beneficiosa para la rentabilidad de la actividad en décadas pasadas.

La alta carga impositiva, la ausencia de todo tipo de crédito financiero y comercial, la dolarización de los insumos, tasas de intereses alucinantes y la carencia de políticas públicas estructuradas en un plan de desarrollo prolongado en el tiempo hacen muy dificultosa la marcha de los pocos operadores comerciales existentes. Los productores literalmente vienen desapareciendo por decenas cada año, desde hace décadas. Esta problemática la abordamos bastante tiempo atrás (“¿El fin de la fruticultura?” del 6/1/11 e “Ideas para un proyecto de desarrollo frutícola” del 18/2/12) en tanto conocemos la actividad por tradición familiar, y por haber vivido su problemática desde los rincones más satisfactorios y dolorosos que muchos puedan imaginar. Sin embargo, la situación ha llegado a tal punto que la misma avanza en una camino de actividad secundaria, no solo en la región, sino en la provincia de Río Negro, donde nació y perece lentamente desde hace más de 30 años.

Producir y emprender en Argentina se ha transformado en una batalla épica, que se aborda día a día, lo cual por cierto impide la proyección de una empresa.

En la década de 1990 se produjo la fase acelerada de caída, y los concursos de acreedores se acumularon en cantidad. Se repetían al igual que hoy explicaciones generales, pero sobre todo se alababa la participación mayoritaria en el mercado (producción, empaque, frío, comercialización y administración del puerto público) de la firma Expofrut SA, como paradigma y ejemplo a seguir.

¿Alguna vez se hizo una nota periodística de los efectos que dicha intervención tuvo en el Alto Valle, del cambio estructural que representó? Ese modelo productivo-exportador y concentrador fracasó, dejando decenas de empresas y productores en el camino, por responsabilidad propia y la ausencia de un proyecto frutícola (nacional y provincial) como lo tienen Chile, los EE. UU., la Unión Europea o China (en los tres últimos casos con fuertes subsidios estatales).

Sin contar por cierto las cambiantes condiciones económicas del país, que prácticamente hacen imposible la proyección de la absoluta mayoría de las actividades empresarias. Producir y emprender en Argentina se ha transformado en una batalla épica, que se aborda día a día, lo cual por cierto impide la proyección de una empresa.

El concurso de acreedores es una herramienta legal que pretende mantener el patrimonio en actividad con el objeto de reorganizar las deudas existentes a través de un acuerdo del deudor con sus acreedores, que evite la quiebra, liquidar ese patrimonio endeudado. Se trata de una solución legal que se encuentra a disposición de todos, un empresario frutícola, un quiosquero o una clínica médica. Las formas y las conductas de quienes utilizan esa herramienta son diversas, más o menos desaprensivas, en algunos casos incluso en forma defraudatoria.

Pero lo cierto es que la mayoría absoluta de los deudores no quiere presentarse en convocatoria de acreedores, representando esa salida ante ellos mismos su propio fracaso. Por supuesto, el concurso preventivo importa pérdidas para todo el sistema, para el deudor y mucho para los acreedores. Pero no hay indefensión para ellos dado que tienen posibilidad de intervenir en el proceso judicial de diversas formas, si es que deciden involucrase.

Así, la ley, al regular el procedimiento con diversas e intensas herramientas de control (en tanto se las utilice) busca atender los intereses en conflicto, sobre una situación objetiva de pérdida inevitable, reconocida incluso en la normativa. Y esa regulación minuciosa otorga seguridad jurídica al procedimiento.

*Abogado, docente de grado en la materia Concursos y Quiebras y director del posgrado en Sindicatura Concursal, Facultad de Economía de la UNC