Funcionarios felices

Redacción

Por Redacción

Con el presunto propósito de hacer pensar que quienes gobiernan la Argentina son personas altruistas y sacrificadas, los sueldos oficiales de los integrantes del gobierno nacional siempre han sido llamativamente modestos. Según se informa, en la actualidad la presidenta cobra 17.080 pesos mensuales, un monto que, en vista de la importancia del cargo que desempeña, motivaría risas en otras partes del mundo en que es normal que los mandatarios, ministros y secretarios del gobierno perciban sueldos un tanto más realistas; el del presidente norteamericano Barack Obama, de aproximadamente 140.000 pesos mensuales, es más de ocho veces más generoso, aunque, claro está, también cuenta con otros ingresos. Con todo, si lo que se han propuesto los responsables de fijar la remuneración de nuestros gobernantes es difundir la idea de que son personas austeras, indiferentes a las tentaciones materiales propias de una época dominada por el consumismo, su fracaso difícilmente podría ser más evidente. Toda vez que llega la hora de hacer públicas las declaraciones juradas de los miembros del gobierno, se confirma que con muy escasas excepciones son millonarios, aunque sólo fuera en pesos, y que para más señas en la mayoría de los casos sus patrimonios respectivos han crecido a un ritmo muy superior al registrado por los ingresos del resto de la población. Como ya es rutinario, este año la presentación de las declaraciones juradas ha dado pie a un breve escándalo, ya que al hombre común le resulta difícil entender cómo estos funcionarios esforzados, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, se las han arreglado para continuar aumentando sus fortunas personales, pero la verdad es que nadie cree que se vean obligados a dar explicaciones detalladas, privilegio éste de quienes por algún motivo se encuentran en la mira de las autoridades impositivas. Parecería que la presidenta y sus colaboradores no se han visto beneficiados por “sobresueldos”, como sucede en ciertas jurisdicciones provinciales y en gobiernos anteriores, sino que han sabido invertir con astucia, sobre todo en el negocio inmobiliario. Asimismo, aunque por razones comprensibles los funcionarios no querrán aludir a la inflación, no cabe duda de que el fenómeno que dicen apenas existe ha contribuido al crecimiento notable del valor nominal de sus bienes declarados. En la Argentina, la política sigue siendo una actividad lucrativa. En teoría, las remuneraciones de quienes ocupan puestos electivos son magras, pero así y todo la mayoría consigue acumular patrimonios personales envidiables. Desde hace muchos años es normal que los presidentes de nuestro país sean ricos conforme a las pautas locales, lo que no ha sido óbice para que muchos se hayan proclamado resueltos a modificar radicalmente la distribución del ingreso para que la Argentina sea un país mucho más igualitario. Se trata de una contradicción que comparten con los “izquierdistas caviar” –un ejemplo típico es el brindado por el socialista francés Dominique Strauss-Kahn– de Europa y sus equivalentes de Estados Unidos. Aunque de vez en cuanto se dan casos de presidentes pobres –el radical Arturo Illia es el más recordado–, escasean los interesados en emularlos, lo que puede entenderse ya que en política ser coherente con los principios que uno reivindica no constituye una ventaja. Antes bien, es considerado a lo mejor una manifestación amable de excentricidad, a lo peor una forma desleal de congraciarse con los votantes. Para defenderse contra los tentados a procurar aprovechar las declaraciones juradas, pues, los funcionarios kirchneristas dirán que todas las criticas están políticamente motivadas, lo que puede ser cierto, y que por lo tanto no hay que tomarlas en serio. Por suponer la mayoría que en la fangosa arena política todo vale y que los opositores no son más honestos que los oficialistas, las afirmaciones en tal sentido suelen ser suficientes como para asegurar que el asunto pronto deje de interesar a los medios. Al producirse un cambio de gobierno, empero, lo que en la actualidad puede considerarse meramente anecdótico cobrará importancia, pero puesto que se prevé que los kirchneristas conservarán el poder por algunos años más, por ahora los blancos de acusaciones de enriquecimiento ilícito no tienen por qué preocuparse.


Con el presunto propósito de hacer pensar que quienes gobiernan la Argentina son personas altruistas y sacrificadas, los sueldos oficiales de los integrantes del gobierno nacional siempre han sido llamativamente modestos. Según se informa, en la actualidad la presidenta cobra 17.080 pesos mensuales, un monto que, en vista de la importancia del cargo que desempeña, motivaría risas en otras partes del mundo en que es normal que los mandatarios, ministros y secretarios del gobierno perciban sueldos un tanto más realistas; el del presidente norteamericano Barack Obama, de aproximadamente 140.000 pesos mensuales, es más de ocho veces más generoso, aunque, claro está, también cuenta con otros ingresos. Con todo, si lo que se han propuesto los responsables de fijar la remuneración de nuestros gobernantes es difundir la idea de que son personas austeras, indiferentes a las tentaciones materiales propias de una época dominada por el consumismo, su fracaso difícilmente podría ser más evidente. Toda vez que llega la hora de hacer públicas las declaraciones juradas de los miembros del gobierno, se confirma que con muy escasas excepciones son millonarios, aunque sólo fuera en pesos, y que para más señas en la mayoría de los casos sus patrimonios respectivos han crecido a un ritmo muy superior al registrado por los ingresos del resto de la población. Como ya es rutinario, este año la presentación de las declaraciones juradas ha dado pie a un breve escándalo, ya que al hombre común le resulta difícil entender cómo estos funcionarios esforzados, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, se las han arreglado para continuar aumentando sus fortunas personales, pero la verdad es que nadie cree que se vean obligados a dar explicaciones detalladas, privilegio éste de quienes por algún motivo se encuentran en la mira de las autoridades impositivas. Parecería que la presidenta y sus colaboradores no se han visto beneficiados por “sobresueldos”, como sucede en ciertas jurisdicciones provinciales y en gobiernos anteriores, sino que han sabido invertir con astucia, sobre todo en el negocio inmobiliario. Asimismo, aunque por razones comprensibles los funcionarios no querrán aludir a la inflación, no cabe duda de que el fenómeno que dicen apenas existe ha contribuido al crecimiento notable del valor nominal de sus bienes declarados. En la Argentina, la política sigue siendo una actividad lucrativa. En teoría, las remuneraciones de quienes ocupan puestos electivos son magras, pero así y todo la mayoría consigue acumular patrimonios personales envidiables. Desde hace muchos años es normal que los presidentes de nuestro país sean ricos conforme a las pautas locales, lo que no ha sido óbice para que muchos se hayan proclamado resueltos a modificar radicalmente la distribución del ingreso para que la Argentina sea un país mucho más igualitario. Se trata de una contradicción que comparten con los “izquierdistas caviar” –un ejemplo típico es el brindado por el socialista francés Dominique Strauss-Kahn– de Europa y sus equivalentes de Estados Unidos. Aunque de vez en cuanto se dan casos de presidentes pobres –el radical Arturo Illia es el más recordado–, escasean los interesados en emularlos, lo que puede entenderse ya que en política ser coherente con los principios que uno reivindica no constituye una ventaja. Antes bien, es considerado a lo mejor una manifestación amable de excentricidad, a lo peor una forma desleal de congraciarse con los votantes. Para defenderse contra los tentados a procurar aprovechar las declaraciones juradas, pues, los funcionarios kirchneristas dirán que todas las criticas están políticamente motivadas, lo que puede ser cierto, y que por lo tanto no hay que tomarlas en serio. Por suponer la mayoría que en la fangosa arena política todo vale y que los opositores no son más honestos que los oficialistas, las afirmaciones en tal sentido suelen ser suficientes como para asegurar que el asunto pronto deje de interesar a los medios. Al producirse un cambio de gobierno, empero, lo que en la actualidad puede considerarse meramente anecdótico cobrará importancia, pero puesto que se prevé que los kirchneristas conservarán el poder por algunos años más, por ahora los blancos de acusaciones de enriquecimiento ilícito no tienen por qué preocuparse.

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