Futuro imperfecto

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Tanto aquí como en muchos otros países, entre ellos Italia, los economistas entienden que un sistema previsional viable sería una pobre sombra del vigente porque en todas partes la evolución demográfica está provocando distorsiones insostenibles, mientras que los dirigentes políticos y sindicales tratan de convencerse de que debería ser posible no sólo conservar el esquema existente sino también aumentar los haberes de todos los jubilados. En algunas sociedades prósperas, estos defensores del statu quo han logrado frenar los intentos de introducir reformas drásticas, pero si resulta que sus cálculos fueran demasiado optimistas no les agradecerán los jubilados del futuro. De todos modos, la versión local de este debate mundial ha resultado ser especialmente agria por razones evidentes: la economía funciona tan mal que no estamos en condiciones de permitirnos los mismos lujos que los italianos y españoles; la brecha entre una minoría relativamente acomodada y una multitud de pobres, pocos de los cuales aportan a los fondos previsionales, propende a ampliarse; una proporción creciente de la economía está en negro y, para colmo, el Estado es grotescamente ineficaz. Aunque es probable que la reforma más reciente, que fue decretada a fines del año pasado por el presidente Fernando de la Rúa, realmente haya sido tan necesaria como afirma, si el país en su conjunto no mejora su desempeño muy pronto tendrá que ser seguida por otra que sea aún más antipática.

La reacción frente a la reforma ordenada por De la Rúa de políticos como el ex presidente Carlos “Chacho” Alvarez, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, el diputado peronista Humberto Roggero, el jefe de Nueva Dirigencia Gustavo Beliz y otros sólo ha servido para sembrar más confusión. Están en contra de los cambios, claro está, pero por desgracia no existen motivos para creer que los esquemas más generosos que presuntamente tienen en mente podrían mantenerse. En vista de la trayectoria del país en esta materia, es de suponer que apenas han pensado en medidas destinadas a producir mejoras auténticas, que están más interesados en anotarse algunos puntos políticos fáciles pronunciando declaraciones llamativas que en ayudar a construir un sistema previsional que sea capaz de satisfacer las expectativas legítimas de la ciudadanía. Como sabemos, hablar con pasión y elocuencia de los derechos de los jubilados, criticando con furia a los “tecnócratas” que se dejan impresionar por las cifras, es una cosa, pero asegurar que los jubilados reciban los montos tan ligeramente prometidos es otra muy distinta. Por desgracia, los dirigentes políticos siempre han sido expertos cuando es cuestión de comprometerse emotivamente con “los abuelos”, pero nunca se han preocupado por aquellos detalles concretos que les hubieran permitido cumplir con algunas de sus promesas.

Por razones nada misteriosas, todos los políticos mencionados han atribuido el decreto jubilatorio al deseo a su juicio imperdonable de De la Rúa de congraciarse con el Fondo Monetario Internacional. Estén en lo cierto o no, la “denuncia” así supuesta no los exime de la obligación moral de plantear una alternativa realista a la nueva reforma. Al fin y al cabo, en última instancia lo único que realmente importa son los haberes previsionales actuales y futuros. Un esquema en teoría munificente, como los perfeccionados por tantos políticos antes de que la hiperinflación los obligara a tomar en cuenta la realidad, que sólo existiera en los papeles no valdría nada, pero no sorprendería que durante las vacaciones de enero peronistas y frepasistas – además de buscar nuevas razones para oponerse al decreto presidencial -, se dedicaran a confeccionar propuestas que resulten tan atractivas como imprácticas. De ser así, los perjudicados por su oportunismo serán los jubilados de mañana que, lo mismo que los actuales, necesitan que por una vez los políticos tomen en serio los problemas supuestos por el estado nada satisfactorio de un sistema previsional que es el resultado lógico de más de medio siglo de la demagogia, corrupción e inoperancia de personajes “bien intencionados” de actitudes muy similares a las asumidas por los críticos más vehementes del decreto firmado por De la Rúa.