Gils Carbó dictaminó que la ley de Medios es constitucional

Ahora decidirá la Corte. La opinión de la procuradora no es vinculante

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La titular del Ministerio Público Fiscal recomendó a la Corte Suprema dejar sin efecto el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal.

BUENOS AIRES (DyN).- La Procuración General de la Nación sostuvo ayer que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es “constitucional” y que frenarla implica “poner en peligro la vigencia efectiva de derechos fundamentales”, en un dictamen que deja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en condiciones de resolver una postura final sobre la cuestión. Si bien se descontaba la posición de la procuradora Alejandra Gils Carbó –simpatizante del gobierno e impulsora de la agrupación Justicia Legítima– a favor de la ley de Medios, el dictamen incluyó una serie de consideraciones sobre la concentración empresarial del Grupo Clarín, al que consideró un “oligopolio vertical” y “mediático”. Gils Carbó firmó el dictamen de 64 páginas en donde impugnó los argumentos del grupo Clarín para cuestionar la constitucionalidad de la ley 26522, cuyo objetivo –dijo– “fue introducir una reforma estructural del sistema regulatorio de los medios de comunicación audiovisual a fin de adecuarlo a la realidad del paradigma actual”. A su criterio, el escenario actual es “un mercado de medios de comunicación concentrado que pone en riesgo la vigencia universal del derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social”. La jefa de los fiscales se quejó porque Clarín impugnó los artículos de la ley 161, 45, 41 y 48 “sobre el presupuesto de que afectan su derecho de propiedad y de libertad de expresión” y cuestionó el fallo de la Cámara Civil y Comercial que había hecho lugar a alguno de sus planteos a la hora de limitar la cantidad de licencias. Asamblea “irregular” Por otra parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió ayer declarar “la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos” de la Asamblea Anual del Grupo Clarín, decisión que la empresa periodística definió como la aplicación de “estándares selectivos y discriminatorios” hacia aquellos “que no se le someten y que quiere perseguir”. La asamblea es la misma en la que irrumpió el secretario de Comercio, Guillermo Moreno el pasado 25 de abril, junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Con notificación expresa a la Bolsa de Comercio, la Comisión dio a conocer la resolución 17131 que alude a la “falta de información al accionista minoritario”, en este caso el Estado (9%) y a “la ausencia de directores” en la asamblea. El jueves el gobierno había decidido llevar a la Justicia lo que definió como “graves irregularidades” cometidas por la empresa en el desarrollo de la reunión societaria. En un comunicado, el Grupo Clarín señaló que “ambas decisiones son, claramente, parte de la misma estrategia”.


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