Gobernando por Skype
Aleardo F. Laria
Las nuevas tecnologías han permitido innovar la política. Ahora es posible descansar en El Calafate y llevar al mismo tiempo las riendas de la indómita república. La comunicación vis à vis que permite el uso de internet hace compatible el diálogo con los ministros, recogiendo la respuesta oral junto con la que proviene del lenguaje visual –indispensable para saber el efecto que producen las propuestas en los interlocutores– y sumergirse a continuación en las delicias de un relajante SPA. Sólo la maledicencia de personas conservadoras, incapaces de extraer todo el beneficio que ofrecen las nuevas tecnologías, puede cuestionar esta confortable manera de gobernar. Desde los sectores más conservadores de la oposición se han ensayado dos explicaciones que resultan poco convincentes para los jóvenes usuarios de las nuevas tecnologías. Desde el sector masculino se afirma que estamos ante una estrategia para evitar el desgaste de las dolorosas medidas de ajuste que se vienen adoptando. Es cierto que después de haberse burlado de los desalmados “devaluadores”, llevar adelante una devaluación encubierta que anualizada supera el 40% no es fácil de explicar. Pero sólo políticos dogmáticos, incapaces de manejar la amplia versatilidad del lenguaje, pueden sentirse sorprendidos. Desde el sector femenino se ensaya otra explicación que no puede menos que considerarse fruto de la rivalidad que despierta la capacidad de ciertas mujeres para mantener su eterna juventud. Atribuyen el uso de las nuevas tecnologías nada menos que a cuestiones estéticas, de modo que la labor gubernamental se habría visto suspendida como consecuencia de la presencia de una fastidiosa erupción cutánea. Ahora bien. Si es comprensible que la labor de gobierno en un sistema presidencialista que garantiza la permanencia durante un período fijo de mandato permite acudir a las nuevas tecnologías, este sistema no puede ampliarse a otros de gestión de gobierno. Sólo el especial blindaje que la Constitución otorga al presidente al darle cuatro años de mandato fijo e irrevocable permite el uso flexible de estos innovadores métodos de conducción de los asuntos públicos. Pensemos –dejando libre juego a la imaginación– que en la Argentina se hubiera implantado un sistema parlamentario y el primer ministro buscara refugio en un hotel boutique frente al lago Argentino mientras en la capital federal se suceden los cortes de calles de vecinos indignados por la privación del servicio de la luz. La pretensión de gobernar por Skype seguramente fracasaría porque bastaría que una simple mayoría de diputados, anclada en las visiones conservadoras del manejo de los asuntos públicos, dispusiese el cese inmediato del desventurado innovador votando una moción de censura. Inclusive, a estos efectos, podrían sumarse también los votos de algunos diputados del partido en el gobierno. Por consiguiente, parece comprobado que sólo un sistema presidencialista admite la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de gobierno. El presidencialista –a diferencia de los sistemas parlamentarios donde una simple moción de censura permite el cambio del primer ministro– blinda al presidente frente a cualquier intento de ponerlo en la calle. De modo que ni el uso de las nuevas tecnologías ni las decisiones de gobierno más extravagantes pueden poner en riesgo la estabilidad del presidente ungido en elecciones populares. Su mandato es sagrado y todo aquel que piense que los fracasos en el ejercicio de la gestión debieran dar lugar en forma casi natural a un cambio de gestores incurre en un imperdonable anacronismo. En el sistema presidencialista rige una variante de la máxima latina que dice fiat iustitia et pereat mundus (hágase justicia aunque perezca el mundo) que convenientemente adaptada al caso se podría traducir como que “hay que completar el mandato aunque el país se hunda”. El sistema institucional no contempla la posibilidad de despedir fácilmente al presidente, salvo en el caso de conseguir mayorías reforzadas en ambas cámaras que permitan utilizar la iniciativa del juicio político. La dificultad del uso de esta herramienta es tan compleja que ni siquiera pudo ser arbitrada frente al estrepitoso fracaso de la gestión de Isabel Perón. Los sistemas institucionales crean los incentivos que propician determinadas conductas al mismo tiempo que regulan los sistemas de prohibiciones y castigos que impiden otras. La rigidez del sistema presidencialista vigente en América Latina ha permitido presidencias tan singulares que han servido para alimentar sin problemas el realismo mágico de notables novelistas. Nadie ha reparado todavía en que gran parte de la justificada fama alcanzada por Vargas Llosa debe ser atribuida a las andanzas de nuestro fértil sistema de presidencialismo monárquico. En momentos en que la frase “hay que llegar al 2015” se ha convertido en un mantra que se repite a modo de exorcismo para evitar cualquier excomunión, sería bueno preguntarse por el costo social que tiene para los habitantes de esta atribulada república un sistema institucional de tamaña rigidez. Es cierto que el sistema permite gobernar por Skype, pero habría que hacer un balance más abarcador de costos y beneficios. Los períodos de turbulencias son los que sirven para evaluar la consistencia no sólo de los aviones, sino también de los sistemas institucionales.
