Golpe al derecho internacional





La destitución del presidente Fernando Lugo por el Senado paraguayo, como consecuencia de un juicio político que se ha acomodado a lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay, ha dado lugar a un curioso rosario de caracterizaciones. Para la presidenta argentina Cristina Fernández, se ha tratado de un “golpe suave”, para el canciller argentino, de un “golpe institucional”; para el expresidente Lugo, de “golpe parlamentario”; para el profesor Tokatlián, de un “neo-golpe” y para la columnista de “Página/12” Sandra Russo, de un “golpe blanco”.

En todas estas versiones, el objetivo subliminal es que los lectores asocien lo sucedido en Paraguay con la palabra “golpe”, es decir con los golpes militares de antaño. Un modo nada inocente de engañar y dejarse engañar por el estiramiento conceptual de las palabras. A modo de irónica respuesta, algunos analistas han calificado de “golpe al derecho” la reciente resolución adoptada en la XLIII Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Mendoza, que dispuso despojar temporalmente a Paraguay del derecho a voto y a veto en el Mercosur.

Toda la artillería argumental, dirigida a homologar el juicio político de Paraguay con la “ruptura del orden institucional” a que se refiere el Protocolo de Ushuaia I, descansa en la brevedad del proceso, que no habría dado lugar a la defensa del expresidente Lugo. De este modo, un elemento tan subjetivo como “el tiempo necesario para la defensa”, que no está incorporado a ninguna norma legal, obtiene más peso que la contundente mayoría –39 senadores a favor y cuatro en contra– alcanzada.

La anécdota más curiosa es que ahora los integrantes del Mercosur, que tan escrupulosos con los procedimientos institucionales en Paraguay se han mostrado, han dispuesto la separación de Paraguay vulnerando el artículo 4 del Protocolo de Ushuaia I, que regula el Compromiso Democrático en el bloque. Según lo acaba de afirmar el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay, el artículo 4 del protocolo exige la realización de consultas pertinentes con el Estado afectado, que en este caso no se han realizado, “por lo que la decisión no sólo es ilegal sino también ilegítima y violatoria del debido proceso”.

Yendo al fondo de la cuestión, es evidente que en Paraguay no se ha producido ninguna “ruptura del orden democrático”. Las instituciones democráticas se encuentran en plena vigencia y funcionando adecuadamente. El juicio político se ha ajustado al trámite constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha tenido ocasión de expedirse sobre la cuestión.

Justamente, en relación con la impugnación por la exigüidad del tiempo asignado a la defensa de Lugo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha declarado que el juicio político no es un juicio ordinario como el que se realiza en el ámbito judicial. “Es un procedimiento en el que se juzgan conductas políticas… Lo que el Senado toma en consideración es el mal desempeño en el cargo… pero no juzga en sentido estricto sino lo que realiza es un juicio de responsabilidad como funcionario público”.

La ilegítima separación de Paraguay se une al anuncio de que en la próxima reunión del Mercosur, a celebrarse el 31 de julio en Río de Janeiro, se dispondrá el ingreso definitivo de Venezuela como miembro pleno del bloque. Este ingreso estaba bloqueado por la firme negativa del Congreso paraguayo. De este modo no sólo se suspende ilegalmente a Paraguay sino que, aprovechando su “suspensión temporal”, se dispone el ingreso de un nuevo miembro sin que hubiese sorteado la oposición del parlamento paraguayo, es decir sin que hubiera culminado el trámite legislativo necesario para legitimar ese ingreso.

La suspensión temporal de Paraguay para dar entrada irregular a Venezuela es una maniobra que puede provocar la alegría temporal de todos los simpatizantes del movimiento bolivariano en el continente, pero que puede deparar una herida mortal al proceso de integración del Mercosur en el largo plazo. El proceso de integración regional venía aquejado de graves inconsistencias que han dado lugar a la renuncia reciente del alto representante del Mercosur, el brasileño Samuel Pinheiro Guimaraes, que renunció a su cargo por motivos “políticos” tras presentar un informe en el que advierte el incierto futuro del bloque.

La incorporación de Venezuela, sorteando la voluntad del Congreso paraguayo, supone una humillación para Paraguay, que difícilmente se reintegrará al término de su suspensión temporal. El Congreso paraguayo se había opuesto firmemente a la firma del Protocolo de Ushuaia II, firmado por Lugo en Montevideo, considerando que ese protocolo establece una serie de medidas que pondría en peligro la seguridad e independencia de Paraguay, como es el corte de la energía o el cierre de las fronteras del bloque.

Es probable que la firma de ese protocolo haya sido uno de los detonantes de la destitución de Lugo. Una mayoría de los congresistas paraguayos estaba disgustada con Lugo por la firma “sigilosa” de ese protocolo, considerado fruto de la influencia de Hugo Chávez. El Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur fue firmado por los presidentes Fernando Lugo, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, José Mujica, Hugo Chávez y Rafael Correa en la cumbre del Mercosur realizada el 21 y 22 de diciembre de 2011 en Montevideo.

No deja de ser ésta otra de las crueles paradojas de este enredo internacional. Los mismos países que reclaman contra el “bloqueo” norteamericano contra Cuba –en realidad un embargo comercial– regulan una serie de medidas más drásticas contra otro hermano latinoamericano. La presidenta Cristina Fernández, que hace poco tiempo calificaba la Guerra de Paraguay contra la Triple Alianza de “triple traición a los intereses de Latinoamérica”, reedita ahora esa alianza al unirse a Brasil y Uruguay en una cruzada ilegal contra el pueblo paraguayo. Nuevamente el árbol de la ideología no permite ver el bosque de los intereses permanentes de los pueblos latinoamericanos.

ALEARDO F. LARÍA

La suspensión de Paraguay en el Mercosur

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