Golpes éticos



En nuestro país es notorio que ciertos integrantes de cuatro sectores, los conformados por políticos, jueces, sindicalistas y policías, hayan logrado prosperar de manera realmente extraordinaria, mientras que una proporción muy grande de los demás se ha hundido en la miseria. Aunque no será nada fácil determinar exactamente cuántos consiguieron acumular jugosas cuentas bancarias y propiedades a espaldas de la ley, fueron suficientes como para convencer a muchos de que virtualmente todos los miembros de tales “corporaciones” son corruptos.  Es que si bien es evidente que la mayoría de los políticos, jueces, sindicalistas y policías no se enriqueció de forma desmedida, también lo es que la corrupción generalizada que se da en el país se vio posibilitada por la complicidad activa o pasiva de quienes se creen honestos pero que por interés, por temor o, con mayor frecuencia, por resignación optaron por tolerarla.

Por ser políticos, jueces y policías los responsables de impulsar e instrumentar las campañas encaminadas a combatir la corrupción , es lógico que hasta ahora todos los intentos de reducirla a un nivel menos escandaloso hayan fracasado cuando el gobierno de turno, luego de llegar a la conclusión de que le sería contraproducente avanzar con la energía requerida, decide que dadas las circunstancias lo mejor sería adoptar una estrategia gradualista que, es innecesario decirlo, será interpretada como evidencia de su voluntad de seguir consintiendo las prácticas “tradicionales” con la esperanza vana de que tarde o temprano los transgresores se dejen influir por las exhortaciones oficiales.

Como sus antecesores Fernando de la Rúa y, por extraño que parezca, Carlos Menem, el presidente Néstor Kirchner se ha comprometido con la lucha “caiga quien caiga” contra la corrupción a pesar de que se hayan planteado algunas preguntas incómodas acerca de la evolución de su propio patrimonio. Además, a diferencia del radical De la Rúa, el peronista Kirchner parece estar más que dispuesto a correr riesgos, de ahí la ofensiva vigorosa que emprendió contra las cúpulas de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. En términos legales y éticos, no es posible cuestionar la voluntad del gobierno de obligar a comisarios que en la actualidad perciben formalmente 2.200 pesos por mes a explicar cómo se las han arreglado para disfrutar de un estilo de vida que poco tiene que ver con sus presuntos ingresos, pero por desgracia no le será dado soslayar con facilidad los escollos que hasta ahora han frustrado los esfuerzos de todos aquellos que en el pasado se propusieron expulsar a los ladrones de la vida pública. De estos escollos, uno de los más amenazadores es el supuesto por la politización: el que los acusados principales hayan sido bien adversarios políticos de Kirchner, como María Julia Alsogaray y Luis Barrionuevo, bien personajes nada populares como los jefes policiales, ya está causando preocupación entre quienes se resisten a creer que los motivos del gobierno sean exclusivamente éticos. Si bien pocos sienten mucha simpatía por los adversarios de un presidente que, lo mismo que Menem y De la Rúa en sus respectivos momentos de esplendor, cuenta con la aprobación de una mayoría impresionante, la campaña que ha iniciado merecerá dudas hasta que haya afectado negativamente a sus propios amigos o aliados.

Además, en el caso de la Policía Federal y Bonaerense, los peligros que plantearía un esfuerzo implacable por marginar a todos los corruptos son claramente mayúsculos. Por tratarse de una cuestión de un ataque frontal contra una cultura institucional particular que se remonta a un pasado muy remoto, el desmantelamiento del sistema paralelo de financiamiento que se ha organizado incidirá en la vida de virtualmente todos sus integrantes, muchos de los cuales podrían reaccionar con violencia o, lo que sería igualmente nefasto, optar por permitir a los delincuentes comunes actuar haciéndoles la vista gorda al limitarse a obedecer al pie de la letra todos los reglamentos. Puesto que la ciudadanía ya se siente víctima de una ola de violencia criminal sin precedentes, las consecuencias de una rebelión policial abierta o disimulada serían con toda seguridad luctuosas tanto para la gente como para el gobierno mismo.


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