Goye, por el camino de Lugo
Leonardo Ballester (*)
Los distintos cuerpos colegiados de la Provincia de Río Negro defendieron la continuidad democrática, el respeto por los principios republicanos y la institucionalidad y legitimidad del gobierno que encabezaba Fernando Lugo en Paraguay. Salvando las distancias, si cada uno de estos órganos deliberativos es consecuente con las declaraciones emitidas en el caso Lugo, el intendente Goye no debiera correr ningún riesgo de golpe institucional. Fernando Lugo nació en un hogar humilde, se ordenó como sacerdote y su carisma lo llevó a la arena política. El exobispo puso fin a 61 años de gobierno colorado en Paraguay y fue destituido por mal desempeño en sus funciones. Sólo cuatro senadores apoyaron a Lugo, 39 votos en contra; perdió un juicio político promovido por la Cámara de Diputados y desarrollado en el Senado, constituido como tribunal. Lo acontecido en Paraguay era condenado en forma firme y con voz alzada por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner como un atropello institucional, un golpe de Estado orquestado por actores políticos. Los ecos de esos acontecimientos internacionales y la postura del Ejecutivo Nacional hicieron que prácticamente todos los concejos deliberantes, legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación pronunciaran declaraciones condenando enérgicamente el quiebre institucional en el vecino país. En Río Negro merece destacarse la declaración del 24 de junio del 2012, del Frente Grande de Bariloche: “Manifiesta su más enérgico repudio al golpe de Estado en la vecina República del Paraguay mediante la destitución del presidente Fernando Lugo, elegido democráticamente por su pueblo; tal cual lo ha manifestado nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina no va a convalidar ninguna forma de golpe de Estado”. La Legislatura de Río Negro, el 29 de junio del 2012 y en sesión especial, aprobó por unanimidad un proyecto de declaración donde expresó su más enérgico rechazo a la situación de ruptura del orden democrático y de la voluntad popular ocurrida en la República del Paraguay, por no haberse respetado las garantías del debido proceso y la defensa en juicio del presidente constitucional Fernando Lugo. Este proyecto adhiere a la declaración nacional que va en el mismo sentido: el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, afirmó que se solicitó esta sesión “porque esta aventura como la que está viviendo el hermano pueblo del Paraguay no puede ser admitida por el resto de los países latinoamericanos”. Expresó que Paraguay fue víctima de una política que propició la fragmentación y la división y que se trató de un golpe de Estado instrumentado a través de los propios sectores de la política sin respetar la Constitución ni la legalidad de cada país. Pesatti destacó que América Latina tiene una capacidad que no tuvo en otro tiempo para reaccionar, ámbitos de encuentro que son herramientas para la defensa de la democracia y de las instituciones y por sobre todas las cosas para defender el proyecto de una América Latina unida. Omar Goye nunca fue sacerdote, como Lugo. Es contador y al momento de ganar las elecciones municipales con el 30,38% de los votos presidía la cooperativa de servicios de Bariloche. Su postulación estuvo seriamente cuestionada, pero lo concreto es que se transformó en intendente por el Frente para la Victoria en forma absolutamente legítima, por voluntad mayoritaria del pueblo de Bariloche. El problema de Goye es que el país respetuoso de la voluntad popular, de las instituciones, de los principios republicanos de gobierno, de la periodicidad de los mandatos; el país de hace siete meses, ha dejado de existir. Hoy la presidenta no reivindica a Lugo: hoy asistimos a un país centralista y unitario donde el Poder Ejecutivo manda a sus delegados, gobernador y senador, para sugerirle a Goye que analice la posibilidad de abandonar el cargo. Sugerencias de esta naturaleza impactan de lleno contra la democracia, destruyen las bases republicanas y nos someten a todos los argentinos a una precariedad institucional, jurídica, social y económica de impredecibles consecuencias. Creo que las autoridades nacionales y provinciales deben respetar la autonomía municipal y la voluntad de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes, salvaguardar la democracia y la república y utilizar los mecanismos que ésta nos brinda si es que hay causal de destitución, sin caer en la imposición, en el manoseo y en la extorsión de que si Goye no renuncia a la intendencia dejarán de llegar fondos de Nación y de Provincia. (*) Legislador
