En Río Negro, se conocen cuántas licencias de los estatales fueron negadas y sus particularidades

Después del primer mes de auditorías de los certificados médicos, la Función Pública realizó un informe con los resultados iniciales.

En septiembre, el personal del Poder Ejecutivo solicitó casi 48.500 “días de licencias” por razones médicas, pero las auditorías contratadas denegaron más de la mitad, según un informe técnico realizado por la Función Pública.

Este estudio se concentra en el primer mes de operatividad de la fiscalización de los certificados por enfermedades de corto tratamiento o por atención familiar, realizado por la empresa Dienst.

El relevamiento no consigna el número de empleados sino que detalla cantidad de “días de licencias”, cumple con un cálculo de “impacto de días denegados” y recuerda el número de permisos otorgados en agosto.

Vale recordar que el ingreso al control implementado fue progresivo, iniciándose el 2 de septiembre con los agentes de la administración central y Salud, siguió el 6 con los docentes y, finalmente, la Policía se incorporó el lunes 16.

Así, este chequeo de los certificados todavía es parcial en relación a las licencias de un mes y de algunos organismos.

Los números preliminares fueron entregados en la semana al gobernador Alberto Weretilneck, que este viernes, en declaraciones radiales, adelantó algunos aunque se focalizó en la situación de los docentes.

Licencias comparadas

42.303
Días de licencias otorgados y abonados en el Poder Ejecutivo en agosto, sin ningún control por parte del Estado

22.674
Días aceptados por la empresa Dienst en septiembre, que fue un 46,8% de las solicitudes presentadas.

El sistema de auditorías comprende a los 52.000 agentes del Poder Ejecutivo. Educación cuenta con 27.000 estatales (unos 22.000 docentes y 5.000 porteros), es decir, reúne a casi el 52% del personal monitoreado.

En agosto, ese universo requirió 42.303 días de licencias por enfermedad de corto tratamiento. El mismo gobierno provincial acepta que no existía control frente a las solicitudes de licencias, por lo cual, el requerimiento -con su certificado- permitía directamente la ausencia del empleado con goce de sueldo. Se incluye una estimación de “costo de ausentismo” por algo más de 2.028 millones.

La secretaria de la Función Pública, a cargo de Tania Lastra, hizo el informe de septiembre. Foto: Marcelo Ochoa


Con la auditoría, en septiembre, los pedidos de licencias crecieron a 48.459 presentaciones, a pesar de que algunas carteras se sumaron avanzado el período. Una circunstancia para considerar, frente a los rechazos de los auditores, el agente carga varias peticiones cuando antes se formalizaba una única solicitud.

En cualquier caso, la cantidad de días aceptados de septiembre cayó a 22.674, que representa el 46,8% de los pedidos y el análisis proyecta “un impacto salarial denegado” de 1.762 millones de pesos.

Esa cifra del mes pasado representa el 53,6% de las licencias consignadas de agosto.


El número es parcial ya que algunos organismos -como la Policía- recién el 16 de septiembre se incorporó al régimen del control de las licencias requeridas.


Con el dossier de la Función Pública (que conduce Tania Lastra), la evaluación de las negativas de las presentaciones promedió el 53,2% aunque en Educación ascendió al 55%, con un 54% en los docentes y el 57% en los porteros.

Las desestimaciones de los auditores fueron inferiores en Salud, superando ajustadamente el 51%. Igual porcentaje se advirtió en los uniformados mientras en la administración central arroja registro muy menor, que llega al 19% de licencias solicitadas.

En la Policía, lo llamativo radicó en el bajo número de requerimientos cuando -generalmente- siempre se indicó que existía un alto nivel de ausentismo en la fuerza. Una primera respuesta fue que la auditoría evalúa con exclusividad licencias de corto tratamiento y los policías derivan una carga importante de ausencias en razones psicológicas, que ingresan en el ámbito de las Juntas Médicas.


En septiembre, el personal del Poder Ejecutivo solicitó casi 48.500 “días de licencias” por razones médicas, pero las auditorías contratadas denegaron más de la mitad, según un informe técnico realizado por la Función Pública.

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