Guerra al ahorro
Para alivio, aunque no para sorpresa, del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, el levantamiento parcial del corralito luego de un año en el que se había erigido en una institución al parecer inamovible resultó ser un trámite casi rutinario. Lejos de subir, el precio del dólar estadounidense bajó y no hubo señal alguna de que el país estuviera por experimentar otra corrida bancaria. Huelga decir que el panorama financiero casi bucólico así supuesto se debió a que el grueso de los ahorristas ya se había resignado a ser despojado y porque las alternativas a dejar el dinero en el banco ya carecen de interés debido a dos factores claramente negativos: la cotización irreal del peso y el clima ubicuo de inseguridad ciudadana. Con todo, aunque la tranquilidad que siguió a la eliminación de las restricciones financieras más escandalosas puede considerarse muy saludable, la actitud del ministro de Economía frente a los ahorristas hace suponer que en el entorno duhaldista aún hay muchos que no vacilarían un momento en saquearlos una vez más si creyeran poder salirse con la suya.
En un alarde de autoritarismo ultrapopulista, Roberto Lavagna se dio el gusto de afirmar que la pesificación sólo ha perjudicado a las 400.000 personas que tenían su dinero acorralado en el sistema bancario y por eso no pudo cambiarlo en dólares antes de la devaluación, o sea, que a juicio del ministro de Economía se trata de una minoría que le parece demasiado pequeña como para ser tomada en cuenta. Sin embargo, mal que les pese al ministro y a quienes comparten su forma de pensar, el papel que desempeñan aquellos 400.000 ahorristas en la vida no sólo económica sino también política del país es absolutamente clave. Como nuestras experiencias recientes han confirmado de manera trágica, ninguna sociedad moderna puede funcionar a menos que una proporción significante de la ciudadanía esté en condiciones de hacer algo más con sus recursos que gastarlos en seguida: la falta de confianza en los «dirigentes» y por lo tanto en el país mismo esta en la raíz de nuestro fracaso económico. Puede que dicho concepto parezca exótico a un integrante de una clase política internacionalmente renombrada por su miopía y por su voluntad de aferrarse a la ilusión de que en última instancia siempre habrá alguien dispuesto a darle más dinero, pero le convendría intentar familiarizarse con él.
El gobierno actual ha decidido hacer lo mínimo necesario para que el «veranito» se prolongue hasta que termine el mandato de Duhalde, de suerte que no es nada probable que tome medidas destinadas a permitir que los que tienen dinero fuera del sistema bancario local sientan tanta confianza en el país que opten por invertirlo aquí en lugar de dejarlo «bajo el colchón» o en el exterior. Sin embargo, tarde o temprano un gobierno futuro tendrá que manifestar cierto interés por la cantidad abultada de recursos argentinos que, por motivos más que comprensibles, sigue fuera del alcance tanto de las autoridades políticas como de los agentes económicos. Si fuera posible movilizarlos, las perspectivas nacionales se modificarían para mejor de manera muy significativa, pero no habrá ninguna forma de hacerlo que no beneficie a los 400.000 atrapados también.
Pues bien: de fallar la Corte Suprema en favor de la redolarización, la minoría despreciada por Lavagna se vería beneficiada en teoría pero, de caer el país en el caos apocalíptico previsto por algunos funcionarios y banqueros, estarían entre los más perjudicados, razón por la que la forma de cumplir una eventual sentencia despesificadora sería fundamental. Aunque la idea de un bono, variante que Lavagna ha rechazado, o de un plan de pago estirado dista de ser atractiva, por ahora parece ser la alternativa menos mala. Desde luego, mucho dependerá de la evolución política del país. Si los próximos gobiernos manejan la economía con sobriedad y muestran más respeto que el actual por los derechos ciudadanos y los contratos, la recuperación económica resultante haría menos difícil la devolución formal de ahorros que, de todos modos, permanecerían mayormente en el sistema. En cambio, si la irresponsabilidad cortoplacista sigue siendo la característica más notable de nuestros gobernantes, la mayoría continuará siendo reacia a confiar en quienes la traten con desdén.
