Guglielminetti enfrentará su tercer juicio de lesa humanidad en Neuquén

Le otorgaron la prisión domiciliaria, pero no se efectivizó. Tiene 78 años y está detenido en la cárcel de Ezeiza. Fue condenado cuatro veces, dos a perpetua.

La última acusación que pesaba sobre Raúl Guglielminetti, por las torturas y desapariciones forzadas de las que participó cuando estuvo en Neuquén, fue elevada a juicio esta semana por el juez federal Gustavo Villanueva.

A fines de marzo el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF)  le otorgó la prisión domiciliaria por riesgo de COVID 19, pero no llegó a hacerse efectiva. En abril los magistrados confirmaron su continuidad en el penal con prisión preventiva debido a que deberá enfrentar un tercer juicio en la provincia.

El debate, que será el séptimo en la jurisdicción, no se realizó aún debido a que la actividad judicial quedó afectada por las restricciones de circulación y de prevención de contagio por el nuevo coronavirus.

A los 78 años, Guglielminetti está alojado en la cárcel de Ezeiza por cuatro condenas de diferentes tribunales, dos de ellas a perpetua.

Cuando cumplió 70 el TOF de Neuquén le otorgó la domiciliaria, pero los jueces de las otras causas penales pendientes (en Buenos Aires) rechazaron el egreso del penal.

Es uno de los tres condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentra actualmente en una unidad de detención (ver aparte).

Guglielminetti era conocido en Neuquén antes del golpe militar de 1976. Se decía que era “servicio” cuando se presentaba como periodista de la radio LU5 y salía al aire en programas deportivos.

La misma sospecha se tenía de él cuando participaba de las asambleas de los obreros que construían la represa de El Chocón (para marcar a los dirigentes), o cuando integró la fuerza de choque del ex rector Remus Tetu en el tiempo de la triple A, de las expulsiones de los docentes y de las listas negras en la Universidad Nacional del Comahue.

En democracia fue denunciado por los organismos de Derechos Humanos cuando integró la escolta de seguridad del entonces presidente Raúl Alfonsín.

Se hizo llamar “mayor Guastavino” a partir de  1976 en los centros clandestinos de de detención y tortura de Neuquén y Buenos Aires. Se presentaba como integrante de la Federal cuando participaba de secuestros con los grupos de tarea o amenazaba a dirigentes obreros por la calle, pero nunca fue militar o policía, sino un civil que cobró sueldo como personal de Inteligencia del Ejército.

El 26 de marzo el TOF neuquino le otorgó la domiciliaria por petición de la defensa oficial, como integrante de los “grupos de riesgo” en el contexto de la pandemia. La resolución del juez Alejandro Cabral indicó que la medida se podía cumplir si lo autorizaban otros magistrados que tramitaban causas que lo involucraban.

El 24 de abril pasado el TOF (integrado también por Cabral), confirmó que Guglielminetti debe seguir en prisión preventiva.

Antes, no sólo rechazaron la domiciliaria los vocales de tribunales bonaerenses, sino también el juez de instrucción 2 de Neuquén, Gustavo Villanueva.

“No me plantearon la domiciliaria para Guglielminetti por COVID, sigue con prisión preventiva. La Cámara de Roca confirmó su procesamiento. Hoy está a disposición del TOF Neuquén, de este tribunal y los dos tribunales orales de Capital”, sostuvo Villanueva.

Las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, asistieron a todos los debates. Foto archivo.

La mayoría de los condenados en la región por torturas y desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado cumplen con prisión domiciliaria. Solo 3 permanecen en unidades de detención: Raúl Guglielminetti, Jorge Di Pasquale y Norberto Condal.

Así lo definieron otros tribunales federales que tienen a cargo  el cumplimiento de las condenas recibidas fuera de Neuquén.

De los condenados por el TOF de la provincia (en sus diferentes integraciones), la última domiciliaria fue otorgada al comisario rionegrino Saturnino Martínez, por riesgo de Covid-19, el 24 de marzo pasado. Martínez estaba cumpliendo su último año de condena.

Antes, lograron la excarcelación (por libertad condicional) los comisarios rionegrinos Alberto Camarelli y Miguel Angel Quiñones. Todos los casos fueron apelados por la fiscalía, pero las excarelaciones y domiciliarias finalmente fueron concedidas.

A 12 años del inicio de los juicios orales por los delitos cometidos en 1976 durante la dictadura militar, los acusados tienen entre 70 y 90 años. La opinión mayoritaria de los jueces federales de Neuquén fue que el cumplimiento de condenas y preventivas se lleve a cabo en sus casas.


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