Hacia una policía
La difusión de hechos de brutalidad policial en Salta y la reiteración de casos en Río Negro y Neuquén revelan un patrón de conducta en las fuerzas provinciales, que se manejan con autonomía del poder democrático, sentido corporativo, poca capacitación y altos niveles de violencia en la prevención o combate del delito. La situación plantea desafíos de reforma de las estructurasy la preparación de los recursos humanos para superar una herencia autoritaria que viene de lejos en la historia, señalan varios expertos.
Gastón Chillier (*)
A lo largo de su historia, las fuerzas policiales de Argentina han funcionado con una marcada autonomía, fuerte sentido corporativo y altos niveles de violencia. Luego de la transición democrática, algunas de estas instituciones atravesaron procesos de reforma y democratización. Si bien se han registrado avances en algunos aspectos a partir de estas reformas discontinuas, su impacto sobre las prácticas violentas de la policía no es automático y los efectos no pueden ser significativos a menos que consigan modificar el accionar cotidiano de los agentes.
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La persistencia de prácticas policiales violatorias de derechos se manifiesta tanto en el día a día de las tareas policiales como en acciones más excepcionales, como los grandes operativos en los que participan cuerpos especializados de las fuerzas. Pero en ningún caso esta violencia se ejerce de manera indiscriminada: por el contrario, suele focalizarse en el control de ciertos grupos o poblaciones, en particular los varones jóvenes habitantes de zonas marginales.
“Rutinas” mortales
Esquemas repetidos de estas prácticas violentas se hacen visibles en casos como los asesinatos de Diego Bonnefoi en Bariloche o Guillermo Trafiñanco en Viedma: adolescentes muertos trágicamente en hechos originados en procedimientos rutinarios de las policías, como la identificación en la vía pública o aquellos en los que, ante una alegada “actitud sospechosa”, los agentes policiales actúan con arbitrariedad y violencia. Rutinas de este tipo pueden escalar y conducir a maltratos, amenazas, coacciones, golpes, torturas en comisarías o, incluso, ejecuciones de personas indefensas.
También se han verificado numerosos casos de hostigamiento policial a adolescentes y jóvenes como forma de control y regulación del delito. En casos extremos, estas prácticas han desembocado en la desaparición física.
Casos como el de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, Luciano Arruga en el conurbano bonaerense y Daniel Solano en Choele Choel alarman acerca de la persistencia de prácticas aberrantes del pasado y evidencian problemas estructurales del funcionamiento de la Justicia y las policías que combinan la incapacidad de investigar de manera eficaz con el interés por encubrir hechos que amenazan estructuras delictivas protegidas o integradas por efectivos policiales.
A estas situaciones habituales de abuso se suman fuertes intervenciones represivas en el contexto de conflictos sociales, protestas, revueltas o puebladas, como fue el caso de Bariloche en junio del 2010, cuando la muerte de Diego Bonnefoi motivó una protesta generalizada en la ciudad que fue brutalmente reprimida por la policía, ocasionando la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.
Proyectos de reforma como el que se desarrolla en la provincia de Río Negro resultan de vital importancia, en tanto devuelven a manos civiles la conducción de las fuerzas de seguridad e intervienen sobre la formación y capacitación de los agentes.
Pero, más allá de la estrategia reformadora que se encare, lo que resulta central es la creación de mecanismos de control externos y autónomos en relación con las fuerzas de seguridad y el establecimiento de estándares claros para la actuación de los efectivos en aquellas áreas en las que suelen concentrarse las violaciones a los derechos humanos.
Medidas frente a la presencia de grupos con derechos protegidos de manera específica, como niños, mujeres, personas con discapacidad y poblaciones indígenas, deben ser incorporadas de forma operativa en las normativas.
El Estado nacional debe trabajar para construir y extender los estándares democráticos a las fuerzas de todas las provincias.
El Consejo de Seguridad Interior es un mecanismo al cual la ley de Seguridad Interior brinda las facultades necesarias para realizar esta tarea y, así como aquella norma requirió la adhesión de los estados provinciales, puede procederse de modo similar para otras regulaciones clave que permitan establecer un piso de derechos en todo el país.
(*) Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Discusiones sobre seguridad
