Herederos enojados

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En todos los países del mundo es habitual que gobernantes nuevos hablen pestes de la “herencia” recibida, pero pocos lo hacen con tanta extravagancia y tanto entusiasmo como los nuestros. Aquí es rutinario que durante su gestión el presidente de turno lamente haberse encargado de un país “en ruinas” o “en llamas”, dando a entender así que si no fuera por la perversidad insuperable de su antecesor inmediato la Argentina sería una dínamo igualitaria sin desempleo y con servicios sociales insuperables. Es lo que dijeron los peronistas en 1973, los militares en 1976 y los radicales en 1983, pero lo peor es que todos creían a pie juntillas en sus propias declaraciones, asegurando así que a pesar de la “catástrofe” heredada su propia gestión económica sería extrañamente débil, lo que, desde luego, no impidió que sus críticos pronto adquirieran la costumbre de tratarlos como “neoliberales” enamorados de “los números” que se deleitaban hambreando al pueblo en beneficio de una camarilla foránea conformada por burócratas internacionales y empresarios multimillonarios. Por eso, no han ocasionado sorpresa alguna los intercambios nada amables que están celebrándose entre el presidente Fernando de la Rúa por un lado y el ex presidente Carlos Menem por el otro, para no hablar del “debate” similar en torno de la mejor forma de interpretar la historia económica de la Argentina de los años noventa que están protagonizando el ex presidente Raúl Alfonsín y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pero convendría que estos dignatarios y sus seguidores procuraran moderar su discurso porque, lo comprendan o no, sólo sirve para causar confusión.

Mal que les pese a los partidarios de los presidentes nombrados, las deficiencias socioeconómicas del país tienen raíces muy profundas. Algunas, como las provocadas por las leyes relacionadas con la tenencia de tierras y el sesgo anticientífico de la educación, se remontan a la época colonial. Así las cosas, es inútil intentar atribuir todos los problemas más acuciantes a medidas que fueron tomadas hace un par de años. De estar en lo cierto los políticos y otros que hablan de este modo infantil, encontrar “soluciones” sería maravillosamente fácil, ilusión que cultivan aquellos políticos que antes de tomar posesión del “desastre” que según ellos les ha preparado el gobierno saliente insisten en que nada los obligaría a tomar medidas antipáticas. ¿Por qué hacerlo, si los únicos culpables de la debacle están por irse? Pero, obvio es decirlo, el asunto nunca es tan sencillo como afirman tanto los oficialistas de turno como sus adversarios, motivo por el cual es natural que las fases iniciales de una nueva gestión resulten pródigas en errores de toda clase.

El que las semillas de una proporción importante de las graves dificultades actuales fueran sembradas en el pasado remoto constituye el obstáculo principal en el camino de los resueltos a impulsar la modernización del país. El cortoplacismo irracional, que es la característica más notable del grueso de los esfuerzos por analizar las causas del atraso del país, tiene mucho que ver con su incapacidad para avanzar. Es una manifestación de escapismo, de la resistencia de los dirigentes y del coro griego mediático que los acompaña a afrontar la realidad, sin duda porque de hacerlo muchos prohombres tendrían que reconocer que sus propias actitudes constituyen síntomas de algunos de los males que les complace denunciar. Por ejemplo, es evidente que ni De la Rúa ni Menem está en condiciones de entender que su propio apego a valores vinculados con el nepotismo y el amiguismo han contribuido enormemente a estimular la corrupción. Tampoco parecen conscientes De la Rúa y Menem, para no hablar de Raúl Alfonsín, de los perjuicios que son ocasionados por los costos grotescamente inflados de la actividad política: de haberlo sido, los tres hubieran aprovechado una emergencia para reducirlos a un nivel que acaso sería considerado excesivamente generoso en el Primer Mundo pero que produciría asombro en los países neodemocráticos del Tercero, en los que muchos políticos dan por descontado que la democracia es buena porque les permite enriquecerse, confirmando de este modo la supremacía de la política por encima de todos los demás quehaceres.