Hiparsa sobrevive en Sierra Grande como “gran inmobiliaria”
La estatal rionegrina administra los bienes que quedan del complejo minero paralizado: 800 casas y terrenos en la franja costera. Sigue en liquidación y en 2020 dejará de recibir fondos.
“En Sierra Grande tirás una piedra hacia arriba y aparece un lote de Hiparsa”. La frase está muy instalada en la localidad serrana. La repiten los lugareños y define en qué se convirtió la empresa que administra los bienes que quedan de la mina de hierro.
La empresa estatal rionegrina Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima (Hiparsa) fue creada en 1993 por el gobierno del radical Horacio Massaccesi. ¿El objetivo?: administrar los activos y pasivos del gran complejo heredado de Fabricaciones Militares. Desde el 2008 está en proceso de liquidación, ya no produce hierro y su función se asemeja a la una gran inmobiliaria: administra unas 800 casas y dispone de gran cantidad de terrenos para la venta, algunos de alto valor inmobiliario en la zona de Punta Colorada.
La posesión de la mayoría de las casas que ocuparon desde hace 40 años los mineros se está regularizando.
En el patrimonio de Hiparsa figuran 263 viviendas que ocupan familias y en estos días se están entregando las escrituras. Otras 200 casas se cancelan a largo plazo con planes de pago, y de acuerdo a las posibilidades de cada grupo familiar. La cotización de cada casa ronda el millón de pesos. La comisión liquidadora tiene otras 300 viviendas a las que busca regularizar vía planes de pago.
Un gran atractivo de Hiparsa son sus terrenos. Cuenta con 70 hectáreas en un frente costero y están disponibles para una urbanización.
La empresa estatal vendió hace poco al Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) y a un costo de $200.000 unos 120 lotes ubicados en el casco urbano. El organismo llamará a licitación para dotar al lugar de infraestructura de servicios y allí construir un complejo en convenio con la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).
El actual liquidador es el ex intendente justicialista Adrián López y avala lo que dicen aquí muchos vecinos: “tirás una piedra hacia arriba y aparece un lote de Hiparsa”. Asoció a la empresa con la figura de una inmobiliaria ya que “estamos legalizando la ocupación” de casi 800 viviendas que en su momento fueron construidas por la vieja Hipasam.
“Hay inmuebles -apunta- que pasaron por 10 ó 12 manos, abuelos, nietos. Las facturas venían a nombre de uno y otro; sin embargo, los impuestos municipales llegaban a nombre de Hiparsa y todo esto hay que reordenarlo en forma individual”.
Hay casas del complejo minero que pasaron por 10 ó 12 manos, de abuelos a nietos. Las facturas venían a nombre de uno y otro”.
Adrián López, liquidador de Hiparsa.
En cuanto al destino de los fondos por venta, aclaró que se están empleando en el pago de escrituras, en honorarios de agrimensores que realizan el registro catastral de las unidades, el funcionamiento y los salarios de tres empleados. Esos recursos generados le han permitido al liquidador desentenderse de asignaciones presupuestarias del estado provincial, aún cuando tiene partidas disponibles, informó. A 2018, el dibujo de previsión superó los $ 4 millones.
Para el próximo año, aseguran que la provincia no brindará fondos para su funcionamiento.
Otros conflictos
Mucho se ha discutido sobre incumplimientos de la firma estatal en el pago por tasas municipales. Las negociaciones llegaron a buen puerto y el municipio serrano está a punto de recibir $ 7.329.519, 85. Hubo tres expedientes que la comuna inició en 2013 en los tribunales de Viedma. Luego de un acuerdo entre la Fiscalía provincial de Estado y las autoridades municipales, se concretará el resarcimiento.
La provincia de Río Negro asumió el costo de esos pleitos, apelando al presupuesto asignado en el Fondo Fiduciario Específico de Administración de Activos y Pasivos. Así quedó homologado el 20 de agosto pasado en el Juzgado N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial.
Diez días después, apareció el decreto N° 1.178 del Poder Ejecutivo provincial que autoriza a Hiparsa, sujeta a liquidación, el traspaso de inmuebles como forma de pago para cancelar la totalidad de la deuda por impuestos que mantiene con la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. El predio está ubicado en la zona circundante al Puerto de Punta Colorada. Su valor asciende a $ 8.515.540, en tanto que para el ente recaudador, las deudas al 11 de diciembre del año pasado representan $6.958.235. Con el remanente, la provincia solventará otras escrituras de viviendas que ya están ocupadas.
Así, la empresa se sacó otro peso y quedará al día con las obligaciones en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario.
¿Liquidación o reflotamiento?
El Tribunal de Cuentas de Río Negro estableció hace dos años que en 2016 venció el tiempo para liquidar Hiparsa. El plazo luego se extendió y hoy Adrián López tiene apoyo del gobierno para avanzar y evitar que la situación se eternice, tal como ocurrió con la empresa estatal aérea Sapse, que demoró 22 años con el mismo proceso.
Ahora se espera que la definición con Hiparsa no lleve más de dos años. No obstante, el liquidador negocia con el vicegobernador electo Alejandro Palmieri una reactivación con otros fines.
“Podemos ser autosuficientes con la posibilidad de dedicarnos a la explotación minera porque contamos con 700 hectáreas en cuyo subsuelo hay más caliza, arena silícea (que podría ser útil para la industria petrolera), manganeso y otras canteras”, argumentó.
Algunos números
- $ 1.000.000
- La cotización de las casas del complejo minero y que sus ocupantes están regularizando mediante planes de pago.
- 120
- Los lotes del casco urbano que cedió Hiparsa al IPPV para la construcción de un complejo habitacional, en convenio con el gremio Unter.
Junto con el mineral de hierro, el subsuelo serrano está plagado de un importante manto de piedra caliza, y es muy posible que eventuales explotaciones generen nuevos negocios.
Como compensación de deuda Hiparsa transfirió a la Artrn -el ente recaudador provincial- el predio de 400 hectáreas, ubicado a 500 metros del muelle de Punta Colorada, que controla la Subsecretaría de Minería. Este organismo tiene permanente contacto con empresas interesadas en extraer caliza, una de las rocas sedimentarias con gran valor económico que se utiliza para la fabricación del cemento.
Inmuebles cedidos por la estatal
– Vuta Mahuida: el SUM fue inaugurado dentro del Barrio Villa Hipasam en el año 1978 y en el año 2018 se cedió en forma definitiva al Ministerio de Educación.
– Caina: el edificio donde funcionan los módulos también fue cedido por Hiparsa.
– Supervisión de Educación: el edificio fue cedido en forma definitiva. Al Instituto de Formación Docente le dieron 5 terrenos céntricos para la construcción de su sede.
Investigan una estafa con una plantación
Al duro golpe para Sierra Grande que significó la paralización en octubre del 2016 del yacimiento ferrífero por parte de la empresa china MCC, se agregó el de otro emprendimiento que despertó expectativas y derivó luego en una presunta estafa.
Se trata del proyecto denominado Olivares Patagónicos. Nadie en la localidad serrana tiene información sobre cómo sigue la iniciativa, luego de que varias hectáreas fueron implantadas años atrás, cerca de Playas Doradas. El área en producción sufrió pérdidas por los incendios que afectaron a la villa marítima en el verano de 2015.
La falta de proyección y de puesta en marcha inquietó a los inversores privados, que en algunos casos desenbolsaron hasta 10.000 dólares. Entre ellos figura Santiago Magnín, un viedmense que confió en la propuesta. Los pequeños ahorristas habían ingresado a un fondo de inversión agropecuario de una empresa bajo la forma de un fideicomiso para financiar el emprendimiento. Los dueños de la empresa captaron de los ahorristas la suma de 1,5 millones de dólares.
Al ver el perjuicio, y temiendo perder el dinero, promovieron una querella por presunta defraudación y estafa contra los responsables de Southern Desarrollos Fiduciarios.
La causa se ventila en el Juzgado Penal Económico N° 10 de Capital Federal por tratarse de un acuerdo realizado en esa ciudad. Los acusados en este caso son las familias Gorosito y Ávalos, y Daniel Palunsky.
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