Historia conocida

Por Redacción

MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)

Las consecuencias directas de la inflación. Los efectos adversos de no corregir el exceso de gasto público y emisión monetaria. El momento que ni el más pesimista habitante de la Casa Rosada se animó a pronosticar: la suba del desempleo y el retiro de las inversiones. El espejismo no podía durar eternamente. Resultaba difícil creer que en una economía sin ahorro, sin inversiones y con déficit fiscal permanente, gastándose las reservas del Banco Central, nada ocurriera. Sólo en el imaginario oficialista eran concebibles semejantes inconsistencias. El desempleo comienza a cobrarse más víctimas en las principales ciudades de la Argentina a medida que se revaloriza el peso. Las principales compañías revisan sus planes de inversión en una economía que resulta más cara que las del Primer Mundo. ¿Cómo es posible que se pueda comprar ropa o calzado en cuotas y una vivienda o un automóvil haya que pagarlos al contado? Eso ocurre en economías con fuertes distorsiones de precios relativos, descapitalizadas y con inflación creciente. La inflación ya no distingue banderías y cruza a toda la Nación. El sindicalismo oficialista ha dicho que el fenómeno es la mayor preocupación, al tiempo que minimizó el congelamiento de precios. Es que los gremialistas comienzan a sentirse a dos fuegos. Entre la fidelidad partidaria y la presión que ejercen las bases que no dejan de demandar aumentos para las próximas paritarias. Para los empresarios vernáculos, las actuales circunstancias se asemejan a episodios ya vividos en los 70 y 80, donde el desorden imperante amenaza con replicarse. Para los hombres de negocios que representan a multinacionales el ambiente inflacionario no resulta propicio para realizar nuevas inversiones, mucho menos bajo la amenaza oficial de congelar precios sine die. Todo esto tiene su correlato en el aspecto financiero. Las tasas de interés se empiezan a recalentar de la mano de la demanda de mayores fondos por parte del sector público, al tiempo que el drenaje de fondos no se detiene. La pérdida de depósitos en moneda extranjera de todo el sistema orilla los 1.500 millones de dólares y las reservas brutas quiebran el piso de los 42.000 millones de dólares. En términos más llanos, la gente no confía en el sistema y pide sus ahorros. La salida de depósitos es igual a la fuga de capitales. Esto tiene un efecto aún más gravoso: sin ahorro no hay inversiones y menos aún a largo plazo. La suba de tasas ya está golpeando en el mercado. Por caso, el mercado interbancario mostró una suba del call de primera línea a 12,5%, mientras que los bancos se vieron obligados a mejorar las tasas para los depósitos a largo plazo. Así la Badlar opera por encima del 15%. Si bien estas tasas son aún negativas respecto de la inflación, la abundante liquidez en el mercado no se traduce en una mejora del crédito. No es casual la proliferación de cuevas cobrando tasas exorbitantes para descontar documentos. La asfixia financiera no sólo es patrimonio del sector privado, también lo es del sector público provincial y municipal. La suba de tasas, los impuestos extraordinarios –en los hechos implican múltiple imposición, algo prohibido por la Constitución– y la avalancha de colocación de deuda muestran la extinción de los recursos y al mismo tiempo que el crédito disponible es absorbido en su totalidad por la Nación para financiar su déficit. Esto significa que la Nación no sólo desplaza al sector privado del mercado financiero sino también a las provincias y municipios, lo que ha llevado a éstos a pensar en colocaciones en dólares en el exterior, tal como lo hizo Salta en otro momento y como tiene pensado hacer San Juan. Claro que la suerte de estas aventuras tiene antecedentes nefastos como las pesificaciones de Chaco y Tucumán. De allí que la advertencia del ministro Lorenzino se hace amplia hacia las 24 jurisdicciones, incluso adquiere la dimensión de una autocrítica. ¿Acaso la Nación no emite pagarés cuando imprime dinero sin respaldo para pagar sueldos y subsidios? Como en los 70, los 80 y los 90, la Nación aspirando todo el crédito disponible para financiar su déficit, desplazando a privados y a las provincias, y éstas endeudándose más allá de sus posibilidades. (*) Analista económico DyN