Idas y vueltas
La estrategia, por llamarla así, del gobierno de Eduardo Duhalde se basa en el tanteo.
Para sorpresa de nadie, el presidente Eduardo Duhalde ha decidido abandonar el plan Bonex que tantos problemas le había ocasionado, para apostar a una «salida» muy distinta que consistirá, dijo, en «compensar los depósitos de los ahorristas con bienes del Estado» porque hay «miles y miles de bienes inmuebles que no utiliza». Aunque el planteo presidencial tiene el mérito de constituir una forma de reconocer que el Estado -mejor dicho, la corporación política- ha sido el gran responsable de la confiscación de los ahorros de millones de personas, a esta altura pocos confiarán demasiado en que el esquema anunciado termine dando pie a medidas concretas. De tener razón los escépticos, hubiera sido mejor que Duhalde se abstuviera de aludir a una posibilidad que acaso resulte interesante antes de que sus equipos técnicos se hayan convencido de que no sería política y económicamente viable. Si sólo se trata de otra idea genial que luego de ser discutida sea descartada por poco práctica, la mayoría tomará los anuncios de Duhalde por otro intento de prolongar la vida de un gobierno que depende casi por completo de la convicción de buena parte de la «clase política» de que celebrar elecciones en los meses próximos serviría para hacer aún más confusa una situación que ya es bastante caótica. Según parece, incluso el gobierno estadounidense ha llegado a la conclusión de que por mala que sea la administración duhaldista, una producida por comicios dominados por la bronca podría resultar llamativamente peor porque, entre otras cosas, no estaría en condiciones de gobernar. Tal análisis podría entenderse: a juzgar por muchas encuestas de opinión, amplios sectores ciudadanos tratarían una campaña electoral como una oportunidad para protestar con vehemencia contra el establishment político, no como una forma de asegurar que por fin el país sea manejado por dirigentes un tanto más idóneos que los tradicionales.
La estrategia, por llamarla así, del gobierno de Duhalde se basa en el tanteo: plantea una política y si por algún motivo -la hostilidad de los cacerolistas, la actitud obstruccionista de los legisladores o la oposición de los banqueros- no resulta, la reemplaza por otra. A veces, el método así supuesto puede ser el único sensato, pero en circunstancias determinadas las consecuencias serán desastrosas. Mientras que al gobierno le resultó relativamente fácil descartar el plan Bonex para probar suerte con la hipotética venta de aquellos «bienes inmuebles no utilizados», nunca le será dado remediar los daños ocasionados por la formalización festiva del default que fue perpetrada por el antecesor inmediato de Duhalde o por la devaluación pesificadora improvisada que fue la obra maestra de Jorge Remes Lenicov. Tal como ocurrió con el «plan Bonex» más reciente, el gobierno decidió actuar de cierto modo sin haber pensado antes en la magnitud enorme de los problemas que con toda seguridad provocaría, obligando así al país a afrontar hechos consumados a un tiempo destructivos e irreversibles.
Puesto que la profundización constante de la crisis se debe a la sensación de que el gobierno sencillamente no entiende muy bien lo que está sucediendo y que de todas maneras no resultará capaz de poner en marcha un proceso de recuperación, los costos de las vacilaciones repetidas, de las ya célebres idas y vueltas de Duhalde, son muy elevados por motivos que no tienen nada que ver con las eventuales ventajas de las diversas alternativas en juego. Como es lógico, la falta de claridad así reflejada ha socavado la autoridad tanto del gobierno como de la clase política en su conjunto. Al intensificarse la impresión de que no existe ningún vínculo directo entre lo que se anuncia y lo que ocurrirá en el mundo real, se difunde cada vez más la suposición de que el país está girando fuera de control, lo cual, es innecesario decirlo, estimula a los tentados a procurar aprovechar el desbarajuste en beneficio propio. Poner fin a este estado de cosas ha de ser prioritario. Mientras la ciudadanía no tenga la convicción de que el gobierno está haciendo un esfuerzo auténtico por afrontar la crisis y que tiene ideas firmes en cuanto a la mejor forma de hacerlo, el país no podrá sino seguir hundiéndose.
Para sorpresa de nadie, el presidente Eduardo Duhalde ha decidido abandonar el plan Bonex que tantos problemas le había ocasionado, para apostar a una "salida" muy distinta que consistirá, dijo, en "compensar los depósitos de los ahorristas con bienes del Estado" porque hay "miles y miles de bienes inmuebles que no utiliza". Aunque el planteo presidencial tiene el mérito de constituir una forma de reconocer que el Estado -mejor dicho, la corporación política- ha sido el gran responsable de la confiscación de los ahorros de millones de personas, a esta altura pocos confiarán demasiado en que el esquema anunciado termine dando pie a medidas concretas. De tener razón los escépticos, hubiera sido mejor que Duhalde se abstuviera de aludir a una posibilidad que acaso resulte interesante antes de que sus equipos técnicos se hayan convencido de que no sería política y económicamente viable. Si sólo se trata de otra idea genial que luego de ser discutida sea descartada por poco práctica, la mayoría tomará los anuncios de Duhalde por otro intento de prolongar la vida de un gobierno que depende casi por completo de la convicción de buena parte de la "clase política" de que celebrar elecciones en los meses próximos serviría para hacer aún más confusa una situación que ya es bastante caótica. Según parece, incluso el gobierno estadounidense ha llegado a la conclusión de que por mala que sea la administración duhaldista, una producida por comicios dominados por la bronca podría resultar llamativamente peor porque, entre otras cosas, no estaría en condiciones de gobernar. Tal análisis podría entenderse: a juzgar por muchas encuestas de opinión, amplios sectores ciudadanos tratarían una campaña electoral como una oportunidad para protestar con vehemencia contra el establishment político, no como una forma de asegurar que por fin el país sea manejado por dirigentes un tanto más idóneos que los tradicionales.
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