Impuestos despilfarrados
La campaña furibunda que está librando el camionero y jefe de la CGT disidente Hugo Moyano contra Ganancias no pondrá más dinero en los bolsillos de los trabajadores, cuyos ingresos siempre dependerán de la evolución de la economía nacional, pero acaso sirva para que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconozca que la presión tributaria ya es excesiva. No lo sería si, a cambio de los impuestos, los contribuyentes pudieran disfrutar de los beneficios de un sector público eficiente, pero por desgracia éste dista de ser el caso. Tal vez exageren quienes afirman que, si bien en la Argentina se ha hecho normal abonar impuestos que podrían considerarse apropiados para países como Suecia, los servicios públicos son tan deficientes como los de Haití, pero no cabe duda alguna de que el desempeño de todas las instituciones que conforman el Estado deja muchísimo que desear. Aunque parecería que buena parte de la ciudadanía quisiera que el Estado cumpliera un papel mucho más activo en la vida económica del país, escasean los interesados en mejorar su calidad. Entre quienes piensan así están sindicalistas como Moyano que se oponen automáticamente a cualquier esfuerzo por impulsar reformas radicales destinadas a privilegiar a los funcionarios más capaces porque, a su juicio, hacerlo sería “elitista”. Igualmente resueltos a permitir que por fin la Argentina se dote de un Estado auténtico, uno que sea equiparable con los existentes en los países desarrollados, están los dirigentes de las agrupaciones populistas que dominan el escenario político nacional. Para ellos, el Estado forma parte del botín electoral que, además de suministrarles recursos financieros y oportunidades para favorecer a los amigos de la llamada “burguesía nacional”, pueden aprovechar para repartir sinecuras entre los militantes y, en muchos distritos, usar para “luchar” contra la desocupación masiva. En efecto, de no haber sido por la multiplicación de empleos públicos en muchas provincias de tradiciones feudales, la tasa de desocupación actual sería mucho más alta de lo que es de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Indec. Por lo demás, nadie ignora que los programas asistenciales que se han instalado en distintas zonas del país son desembozadamente clientelistas, ya que a quienes los operan les importa mucho más la eventual “lealtad” de los beneficiados que el futuro que les aguarda, de ahí la proliferación de dependientes jóvenes que no estudian ni trabajan. En algunas partes del mundo, los contribuyentes protestan cuando les parece que el Estado está malgastando los fondos que le proporcionan, sobre todo si tienen motivos para sospechar que políticos y funcionarios corruptos están apoderándose de una tajada, ya que no se les ocurriría imaginar que les convendría permitir el saqueo a cambio del compromiso hipotético de los ladrones con el bien común. Aunque a veces tales contribuyentes se quejan de la presión impositiva, la mayoría entiende que sería absurdo suponer que el Estado pueda funcionar de manera aceptable sin los recursos financieros necesarios y que les corresponde a todos, incluyendo a quienes cobran muy poco, hacer un aporte. Aquí, en cambio, muchos han conseguido convencerse de que ellos mismos deberían estar exentos, que sería suficiente que el Estado dependiera del dinero procedente de las exportaciones de los productos del campo, idea ésta que se remonta a los primeros años de la Independencia. La mentalidad así supuesta influye en la actitud de los evasores impositivos que tienen motivos de sobra para confiar en que, tarde o temprano, el gobierno de turno colaborará con ellos ofreciéndoles un blanqueo, lo que podría ahorrarles algunos problemas sin por eso obligarlos a modificar su conducta, y también en la de sindicalistas que quieren que sólo los integrantes de una pequeña minoría de supuestos ricos tengan que pagar Ganancias, distrayendo así la atención del problema fundamental que es la resistencia de casi todos los vinculados con el sector público a retribuir a los contribuyentes brindándoles servicios mejores. Aunque los camioneros y otros trabajadores del sector privado se ven tan perjudicados como el que más por las deficiencias notorias de los servicios públicos, los sindicalistas prefieren pasarlas por alto porque no quieren enfrentarse con los estatales.
