Incendio en tribunales: el fiscal pide el sobreseimiento de los imputados

En su presentación al juez de la causa sostuvo que no hay pruebas suficientes para sostener los procesamientos dictados y llevar a los imputados a juicio.



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La investigación llevó casi tres años.

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Marcelo Ochoa

Pasaron casi tres años de investigación pero por falta de pruebas piden el sobreseimiento de los seis imputados en la causa del incendio intencional en Tribunales. Entre ellos un abogado viedmense y un policía.

La solicitud fue formulada al juez de Garantías y de Ejecución, Ignacio Gandolfi, quien deberá sobreseer o rechazar el pedido del fiscal, Juan Pedro Peralta, a cargo de la investigación.

La información oficial de la solicitud de sobreseimiento detalló que se realizó “una profusa investigación que incluyó la recepción de más de 60 declaraciones testimoniales, allanamientos a una decena de domicilios, el análisis de más de 50 teléfonos celulares y más de 17.000 horas de escuchas de comunicaciones telefónicas que fueron desgrabadas”. A pesar de esa voluminosa cantidad de documentación reunida no aparecieron pruebas suficientes para sostener los procesamientos dictados y llevar a los imputados a juicio, razón por la cual el fiscal Peralta pidió los sobreseimientos de todos.

“No se logró la incorporación de nuevos elementos de prueba luego del procesamiento que permitan sostener la acusación y prever razonablemente la obtención de una eventual condena en un juicio oral y público, tal como lo exige el nuevo Código Procesal Penal. El escrito contó con la conformidad del Fiscal Jefe, Fabricio Brogna”, agregó la información difundida desde la Procuración General de Río Negro.

Este pedido de sobreseimiento había sido solicitado oportunamente por el abogado Cirilo Bustamante, defensor de dos de los imputados, quien alegó haber aportado prueba de descargo en la investigación.

En un extenso escrito, Peralta reconoció “sus sospechas fundadas acerca de que los imputados fueron los autores” aunque admitió que “ahora no cuenta con el material necesario para superar el estado de sospecha y llegar con él a juicio con perspectiva de obtener una condena”.

Agregó que los primeros momentos de la investigación fueron fundamentales para llegar a esta instancia en la que lamentó no haber podido otorgar a la sociedad respuestas acerca de la responsabilidad de tan grave hecho institucional.

Peralta también sostuvo que en los inicios de la investigación, en una etapa inquisitiva, quien se desempeñaba como juez de Instrucción, Favio Igoldi, “negó allanamientos y diversas detenciones, hizo caso omiso al pedido de detenciones y cuatro meses después cuando la propia Cámara evaluó el accionar del magistrado y lo nulificó, entendiendo que había obrado equivocadamente, ya se había perdido un tiempo valioso y prueba que seguramente podría haber cambiado el curso de los hechos”.

Recordó que el incendio se produjo durante la madrugada y que a las siete de esa mañana un integrante del cuartel de bomberos, capacitado para evaluar a priori la causa del siniestro determinó que había sido provocado por un desperfecto técnico. A partir de allí y de esa primera convicción, informada por quien técnicamente tiene los conocimientos para realizarla, se permitió el ingreso de gran cantidad de empleados del juzgado y personal de mantenimiento para efectuar su limpieza.

“No pudo – entonces- colectarse ninguna evidencia científica para su análisis. Ni ADN, ni huellas, ni pelos, ni ningún otro rastro”, todas consideradas de valor supremo para respaldar la acusación contra estos imputados”, sostuvo entre otros conceptos el fiscal de Delitos contra la Administración Pública.

La causa tuvo siete imputados

Siete fueron los imputados por el incendio intencional en la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde funcionaba el juzgado penal a cargo de Carlos Mussi. Allí se tramitaban causas tan importantes como graves, entre ellas, algunas vinculadas a la corrupción de menores y facilitación a la prostitución que tanto impacto tuvieron en la sociedad.

Aquel 26 de julio de 2015 el mismo juez, al ser autorizado a ingresar para tratar de rescatar algún expediente entre las cenizas fue quien detectó el olor a combustible en lo que había sido su despacho. Allí la investigación tomó otro camino. El cortocircuito quedó descartado y se reforzó la grave hipótesis de la intención de quemar, destruir.

Fueron procesadas siete personas, seis de ellos con prisión preventiva. Entre ellos el abogado viedmense Ignacio Galiano a quien se lo responsabilizó de haber encargado a los otros imputados Iván Becerra, Roberto Morales Paz y los hermanos Fabricio y Ricardo Collman, bajo promesa del pago de una suma de dinero no determinada, el incendio del juzgado.

También fue procesado el policía Gustavo Salinas y la abogada Daniela Vivas por haber ayudado y encubierto a Galiano. Sólo la letrada permaneció en todo momento en libertad y fue la primera en ser sobreseida.

Ninguno de los imputados permanece privado de la libertad en esta causa, incluido Iván “Chanchi” Becerra que se fugó pero sigue preso por una sentencia dictada por la Justicia de Mar del Plata.


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