Inclusión social en seguridad

COLUMNISTAS

Sin embargo, suelen desconocerse y analizarse muy poco sus causas estructurales. Para ello resulta necesario pensar y examinar lo que se denomina «proceso delictivo» antes de intentar resolverlo, con el objeto de reorientar los recursos del Estado hacia una criminología que entrecruce variables dinámicas, heterogéneas, georreferenciadas en una línea de tiempo prudencial.

La respuesta punitiva y la «mano dura» actúan sobre las causas finales, concentrando su accionar sobre los síntomas de la epidemia de criminalidad, sin profundizar sobre las causas que la determinan. Si en un barrio hay complicaciones por los índices de violencia, abandono escolar, consumo y venta de drogas, etc., inmediatamente se escucha a una mayoría reclamando la instalación de un destacamento policial dentro del mismo y, paralelamente, que se compre y coloque un número significativo de cámaras de seguridad.

En esas situaciones se espera de la policía resultados «mágicos» que no puede ofrecer, sobrecargándola de tareas y haciéndola responsable total de algo cuyas causas últimas no maneja.

Desde hace ya un tiempo, la Subsecretaría de Participación Comunitaria se ha encargado de analizar y diagnosticar (de manera participativa, barrial e intersectorial) el fenómeno de la inseguridad, intentando intervenir sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Desde dicha subsecretaría, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, se ha detectado y evaluado, a partir de distintos datos relevados, que las personas más comprometidas con la ley penal son mayormente jóvenes y pertenecen a sectores caracterizados por una franca exclusión social y por una negación de posibilidades, de oportunidades y derechos.

Población que muchas veces encuentra en el delito, en las barritas callejeras, un espacio fallido de socialización o un modo desesperado de generar recursos para resolver necesidades. Se trata de jóvenes inmersos en una tipología compleja de situaciones problemáticas interdependientes que generalmente incluyen: abandono escolar, serias carencias de protección y cuidados, malnutrición, desempleo o explotación laboral, déficit habitacional significativo, restringido o nulo acceso a los bienes culturales, pertenencia a familias desintegradas, consumo problemático de distintas sustancias psicoactivas (principalmente alcohol y marihuana), problemas con la ley y/o conductas violentas en el barrio, carencia de referentes adultos que promuevan su desarrollo, estigmatización y baja autoestima.

Los jóvenes que la sociedad considera «peligrosos» en realidad deben, a su vez, ser considerados como sujetos que están en peligro.

Cuando una comunidad los estigmatiza, cuando las instituciones se retiran o los abandonan, cuando la escuela los excluye y priman en su núcleo familiar situaciones de emergencia (cómo voy a hacer para alimentarme hoy, con qué me voy a abrigar, quién me dará trabajo mañana, no tengo calzado para salir a la calle, etc.), que desorganizan lo cotidiano, obstruyen los lazos sociales y la contención afectiva, las conductas delictivas emergen como síntomas de la exclusión y el desamparo.

A partir de tal diagnóstico, desde el área de Participación Comunitaria se comenzaron a gestionar distintos subsidios provinciales (actualmente desde el Programa Integrarnos) para generar dispositivos promocionales de intervención y acompañamiento estrecho e intensivo de estos adolescentes y jóvenes (así como también de sus familias) en situación de extrema vulnerabilidad. Las propuestas son personalizadas e intensivas, dado que las problemáticas de esta población son complejas, multifactoriales y de difícil resolución. Promoviendo que el Estado evalúe y diagnostique los recursos necesarios para estos casos, destinando más tiempo y recursos (materiales y humanos) a quienes más lo necesitan, contribuyendo a romper los círculos viciosos de desigualdad y pobreza extrema.

Se han relevado datos muy puntuales y específicos que demuestran que nuestra sociedad, para mejorar su seguridad, requiere mejorar el abanico de posibilidades de desarrollo humano.

Como ejemplo puede señalarse que en el Valle Medio de Río Negro, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia promovió la inclusión de dos grupos de quince jóvenes en un programa integral e intensivo de contención, encuentro, recreación, capacitación e inserción laboral que busca impulsar el desarrollo humano (reduciendo vulnerabilidad y construyendo resiliencia). Jóvenes que forman parte del Programa Integrarnos de la Subsecretaría de Participación Comunitaria de las localidades de Lamarque y Luis Beltrán, que participan actualmente de múltiples talleres culturales, recreativos o de oficios (guitarra, cerámica, peluquería, fútbol, canotaje, carpintería, computación, electricidad, armado y reparación de bicicletas, costura y diseño textil, fabricación de alpargatas, etc.) y trabajan activamente en distintos microemprendimientos («El sabor de mi barrio», «Ecos artesanales», «La pizzería de los viernes»).

Los resultados en esta población son palpables y hoy pueden reconocerse procesos significativos y positivos en cada uno de los jóvenes participantes. Por ello, desde Participación Comunitaria nos posicionamos a partir de la firme convicción que la lucha contra la desigualdad, la inequidad social y la situación de extrema vulnerabilidad de una parte de la población joven son desafíos que definirán nuestro tiempo. Entendiendo, además, que deben ser temáticas transversales a todas las agencias del Estado y eje o centro de cualquier política pública.

(*) Licenciado en Psicología. Ministerio de Seguridad y Justicia, Subsecretaría de Participación Comunitaria

NICOLÁS LAGO (*)