Inclusión y tecnología

LAUTARO SRUR (*)

Si es la tecnología la que empuja la evolución de la ciudadanía o es el avance social el motor del progreso tecnológico, es una indagación compleja y, en buena medida, pertinente al examen del materialismo histórico. Interesa notar, sin embargo, que en la historia de la política –en cuanto teoría de la vida en comunidad– es distinguible que el progreso en el ejercicio de los valores ciudadanos fue siempre precedido por hitos evolutivos en las tecnologías de comunicación. Es inevitable que este recorrido, que nos ayudará a hundir la mirada en la trascendencia social de las telecomunicaciones actuales, comience en siglo XV, cuando la invención de la imprenta regaba las semillas de la modernidad. Luego de un milenio de “adentrismo” político y epistemológico, resulta inconcebible el Renacimiento o la Revolución Científica sin la aparición insolente de aquel artefacto de Gutenberg. Son igualmente impensables Newton o Hegel; las revoluciones holandesa, americana o francesa. Y nuevamente desde la antigua Atenas, donde la difusión del alfabeto –también técnica de comunicación– había favorecido su advenimiento, el arribo de la democracia, o su reinvención en términos modernos, precisó de una técnica o tecnología en comunicación masiva que permitiera la desconcentración y progresiva emancipación del hombre en los asuntos de la política y el conocimiento. Y en este renacimiento de la ciudadanía y de la ciencia, el libro era razón y desarrollo. El libro era civilización y progreso. Y era, sin embargo, insuficiente. Los ideales sociales batallaban en inferioridad de condiciones contra la explotación obrera de la avasallante Revolución Industrial y, a pesar de las ilusiones de Rousseau, las iniciativas de Sarmiento o las náuseas de Engels, la participación política no atravesaba los límites consanguíneos de la burguesía ilustrada. El torbellino tecnológico que precipitó el siglo XX, o finales del XIX, con las primeras siluetas de la ingeniería eléctrica, rediseñó de igual modo nuestras vidas de productores y consumidores como las formas de nuestra participación ciudadana. Al apetito economicista de industrializar el trabajo humano (o, llanamente, de cosificar al hombre considerado un engranaje más de la línea de producción y, al igual que un Ford A, un aparato medible y predecible en términos de consumo) se le opuso otra vez un dispositivo de comunicación masiva: la radio. Popularizado durante la década del veinte, este artefacto no sólo concedía un pasatiempo económico y agradable; la radio permitía, además y con prescindencia del alfabetismo, la información gratuita, la difusión política, la convocatoria popular. Patrocinó entonces la multiplicación de la organización gremial y partidaria de la clase obrera, al tiempo que la palabra, la oratoria, fabricaba nuevos horizontes, enormes políticos, algunas revoluciones y, también, nuevos Protágoras. La relativa baja complejidad tecnológica de las emisoras de radio propiciaba una pluralidad de voces que se vería bruscamente oprimida en la era de la imagen. La televisión introdujo una paulatina degradación en la motivación cívica a medida que la propiedad de los medios de comunicación masiva se concentraba en el poder económico y su contenido en la estimulación del consumo. Aquella fórmula virtuosa “propuesta-opinión pública” forjada a voces de radio y calle se convirtió gradualmente en el escueto binomio “imagen-encuesta” exhibido en gráficos de colores y efectos visuales: la participación ciudadana se redujo a la respuesta casi monosilábica a sondeos simplificados hasta el ridículo y urdidos entre manipulación y fabricaciones. Pero el elemento categórico es que progresivamente la televisión, potenciada con las transmisiones en directo y tácticas comunicacionales, instauró la ilusión de una “realidad” y se impuso como su única ventana. Y esta versión de “realidad” ya no es una construcción colectiva sino que se constituye de la inmediatez, de la velocidad de la noticia, arbitraria por definición. Este cuestionablemente veloz y simplificado repaso arriba a nuestro presente donde asistimos, aun sin percibir su última magnitud, a otro hito histórico en el progreso de las tecnologías de comunicación: la llamada Revolución Digital. Las nuevas tecnologías proponen un cambio fundamental en los paradigmas de comunicación: permiten, por primera vez en la historia, la emisión de un mensaje horizontal y a la vez masivo. Hoy, cualquier individuo dotado del conocimiento y tecnología básicos puede enviar un mensaje y éste ser replicado y receptado por miles o millones de personas. Es decir: la masividad ya no depende de una estructura vertical, piramidal, y esto es revolucionario. Encontramos numerosos ejemplos en nuestros días de enormes acontecimientos sociales organizados horizontalmente: los indignados españoles, “Occupy Wall Street” y similares en Grecia, Islandia y luego extendidos a varias partes del mundo; los movimientos de la primavera árabe que derrocaron los gobiernos de Egipto, Libia y Túnez. También la aparición de las llamadas “tribus urbanas” son un ejemplo de construcción, esta vez no política sino identitaria, pero igualmente organizada mediante canales horizontales de comunicación masiva como son las redes sociales. Escapa a nuestro tiempo, y tal vez a nuestra completa mecánica de comprensión, discernir si estas tecnologías conquistarán formas más directas de democracia o, tal vez, un sistema completamente nuevo de organización política; nuestra anticuada cosmovisión aún interpreta estos sucesos como nuevas formas de anarquía. Sí resulta evidente que en el ejercicio activo de la ciudadanía intervendrá, cada vez con mayor protagonismo, un dispositivo electrónico, un canal de comunicación digital, un programa de computación. Y se define aquí un rol ineludible para el Estado: garantizar la accesibilidad de la población entera a estas nuevas formas de participación y construcción social o, en otras palabras, evitar que se interpongan intereses privados entre el ciudadano y el ejercicio de su ciudadanía. Distintas iniciativas municipales, provinciales y nacionales coinciden en este línea y trascienden la significación de “servicio público”. Menciono los programas comunales de internet gratis en espacios públicos, la entrega incesante de netbooks a nuestros estudiantes, los programas de “alfabetización digital” en ámbitos escolares y extraescolares, la Ley Provincial de Software Libre, la Televisión Digital Abierta y el colosal Plan Nacional Argentina Conectada. Dentro de este último, la cobertura de fibra óptica proyectada para Río Negro, extendiendo la red provincial desde los troncales nacionales ya en construcción, no sólo revertirá la precariedad engendrada en largos años de desinversión tanto pública como privada, sino que dotará a nuestra provincia de una infraestructura estatal de telecomunicaciones que ni siquiera imaginábamos posible. La enumeración de sus beneficios prácticos llenaría un extenso inventario de obviedades; pero lo primero es explorar, como intenté en este espacio, el concepto que subyace en ésta como las otras iniciativas mencionadas. Porque “inclusión social” no es sólo satisfacer las necesidades básicas de los habitantes; es también, y más profundo aun, convertir a cada habitante en un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y soberanías, en activa construcción de una realidad colectiva. (*) Presidente de Altec SE