Inequidades y desequilibrios…

Alejandro Vidal (*)

Mientras la Provincia cuestiona (tibiamente es cierto) el régimen de coparticipación federal, no muestra la misma preocupación por reformular el régimen de coparticipación provincial que está absolutamente desfasado. El crecimiento poblacional evidenciado en los últimos años produjo distorsiones que, necesariamente, deben corregirse por los niveles de desigualdad cuando no de cierta injusticia. La Constitución de la provincia establece en su artículo 150 que la ley de coparticipación “asegurará los principios de transparencia, inmediatez y automaticidad en la remisión de los fondos, simplicidad y objetividad en la definición de criterios de reparto, respetando pautas de equidad, solidaridad y eficiencia, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”. En 1995 se sancionó la ley 2148, que es la que determina los porcentajes de la coparticipación primaria que reciben los municipios de la provincia. La norma en su artículo 4º expresa de qué manera se establecen los mismos: 1) sesenta por ciento (60%) en relación directa con la población de cada uno de los municipios. 2) Quince por ciento (15%) en proporción a la relación inversa al costo salarial total por habitante de cada comuna. 3) Diez por ciento (10%) en relación directa con la población de cada municipio sin computar la Municipalidad de Neuquén. 4) Diez por ciento (10%) en relación con la recaudación de recursos tributarios correspondientes a cada municipio. Para ello se computarán –exclusivamente– los impuestos, tasas y derechos que perciban las comunas. 5) Cinco por ciento (5%) en partes iguales a cada uno. El artículo 5º establece que: Los prorrateadores consignados en el Anexo I a que alude el artículo 4º serán actualizados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Fiscalizadora que ordena crear el artículo 11. Han pasado diecisiete años de la sanción de la ley, la comisión del artículo 11 nunca se conformó y muchas cosas en la provincia del Neuquén han cambiado. El cuadro muestra con claridad cómo evolucionó demográficamente nuestra provincia. Se toman 4 municipios a modo de ejemplo para demostrar las distorsiones que produjo la evolución poblacional, evidenciando que municipios que en la actualidad tienen similares niveles demográficos presentan realidades muy distintas en cuanto a los recursos que reciben por coparticipación. No se puede prolongar esta situación, algo debe hacerse en el corto plazo. Párrafo aparte merecen los municipios no incluidos en el Art. 4 como Vista Alegre, Barrancas, Los Miches, Taquimilán y Las Coloradas. No se pueden juzgar gestiones municipales con tantos desequilibrios e inequidades, ni se puede pensar en un desarrollo armónico de la provincia en tales condiciones. Mes a mes, muchos intendentes deben recorrer oficinas públicas provinciales a fin de poder hacer frente a sus obligaciones, sobre todo las salariales, dependiendo del poder discrecional del gobierno para conseguir los recursos necesarios. La buena disposición hace que de alguna manera los recursos aparezcan, a veces teniendo que superar situaciones de conflictividad que desgastan tanto a los gobiernos locales como al provincial. ¿Podremos los neuquinos discutir una nueva relación económica entre los municipios y la provincia? Es un riesgo que difícilmente el gobierno quiera asumir si se trata de discutir una nueva ley de coparticipación. Menos aun en tiempos donde el déficit fiscal superara los mil millones de pesos al año, toda vez que se pondría en debate que hay que establecer una base distributiva (coparticipación primaria) que destine un porcentaje superior al vigente para ser distribuido entre ellos. En este marco debe analizarse el rechazo tajante de voceros del gobierno al informal pedido del Poder Judicial de elevar su participación en el presupuesto de la provincia. A esta altura no tiene explicación razonable porque el gobierno provincial no conforma la Comisión Ejecutiva Fiscalizadora prevista en el Art. 11 de la ley 2148. Actualizar los porcentajes con los cuales se distribuyen los recursos coparticipables es algo que no puede demorarse más. Es imprescindible que así lo entienda el gobierno provincial y actúe en consecuencia. Esa actualización provocará modificaciones importantes, pero indudablemente determinará una distribución más justa. Habrá localidades que elevarán y otras que disminuirán sus porcentajes, por lo que será necesario establecer un sistema de compensación para que ningún municipio reciba menos dinero de lo que percibe actualmente. Esto no significaría mayores erogaciones si se tienen en cuenta los importes que mes a mes la provincia transfiere a municipios, pero conceptualmente estaremos haciendo una gran diferencia: se cumplirá con la Constitución y la ley, también dejaremos en desuso la discrecionalidad para resolver un problema que existe. Es necesario construir un nuevo concepto de federalismo, esto implica trabajar en pos de la eliminación de las distorsiones fiscales que han contribuido fuertemente, a través de un proceso de larga data, a generar las actuales dificultades financieras que atraviesan los Estados provinciales y consecuentemente sus municipios. Esto se hace discutiendo y acordando una nueva relación económica de la nación con las provincias y de la provincia con los municipios (*) Presidente de la UCR neuquina