Inflación de reformismo político y regionalización

Por Gabriel Rafart (*)



Hay plena conciencia de que uno de los rasgos dominantes de la política contemporánea es el autismo de la clase política en términos de su impotencia e incapacidad por diseñar programas que restablezcan el sentido de comunidad nacional perdido. Es cierto que hoy las instituciones políticas creadas para ayudar a la sociedad en su batalla por hacer más seguro el mundo ofrecen poco auxilio. También es cierto que el núcleo de la actual desafección hacia el universo de lo “político” radica no sólo en la escasez de valores traducida en cuotas de corrupción insoportables o la falta de una institucionalidad efectiva para legitimar las acciones propiamente políticas, sino en la ausencia de un propósito por promover, instalar y cumplir un conjunto de principios y prácticas que reanuden el lazo de confianza entre gobernantes y gobernados.

Todo ello nos informa de la crisis que atraviesa nuestra sociedad, pero también de la manera con que algunos actores lanzan al público iniciativas políticas que se exponen a modo de auténticas reformas destinadas a ofrecerse como lo nuevo. ¿Enfrentamos lo nuevo? Para responder a este interrogante debemos entendernos con la noción de crisis. La palabra crisis queda demasiado estrecha para definir el estado actual de cosas, en la medida en que toda situación de crisis revela un estado de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre proyectos que confrontan y que por lo tanto tienen cierta productividad hacia el futuro. Sucede que en la Argentina de hoy de relativa estabilidad en su bancarrota aún no se percibe qué es lo nuevo. La propuesta lanzada a principios de mayo por el gobierno de la provincia del Neuquén, tendiente a terminar con dos provincias y su fusión en una, no logra confrontar con lo viejo para presentarse como lo nuevo.

Consideramos que semejante iniciativa sólo hace a un impulso reformista sin puerto de llegada, porque responde en primer lugar a la dramática disociación entre el poder y la política de estos tiempos; en segundo término, a la manera en que la inercia de nuestra clase política pretende atender los efectos de la crisis con la única medicina que parece conocer de su botiquín de políticas y, por último, al avance de un contexto de fragmentación del escenario nacional y de un federalismo carente de un centro político. Cada una de estas razones no hace otra cosa que poner a la iniciativa por una nueva provincia más cerca del fracaso que del éxito.

La primera cuestión hace a un problema insoluble para estos tiempos neoliberales: la política se ha despojado de poder y el poder ha abandonado el traje de la política. Con ello prima la idea del orden, de la existencia de la unidad y, aún más, de unanimidad en y para la sociedad. Este tipo de política al basarse en la unidad, en lo único, no necesita del poder, se traslada al campo de la administración, sólo cuenta que las cosas sigan en su lugar. El político se ha convencido de que el cambiar las cosas de lugar no genera conflictos. Su imagen acerca de los escenarios en que se desenvuelve es llamativamente rígida. Es que las “cosas” atendidas por sus iniciativas -los actores sociales, las unidades territoriales- al modificar su posición dentro de un escenario dado no implica necesariamente ganadores ni perdedores. Aquí interesa saber cómo promover la ganancia de todos, cosa que está bien pero ¿es ése el camino?, ¿a qué costo?, ¿acaso la Argentina de hoy no carga con conflictos insolubles escribiendo insistentemente la misma gramática política?, ¿o todo es negociación, arreglo, concertación? Es que sin duda prevalece la razón técnica. La política es la administración de las cosas, la ingeniería institucional debe entenderse con un mundo que sólo merece algunas correcciones de la cual todos estaríamos de acuerdo. Bastan las reformas. La política entendida como puro rediseño institucional no necesita de gritos sino de aplausos hacia los ingenieros. La “regionalización” o conformación de una nueva entidad provincial es producto de las mentes brillantes de esa ingeniería de la política como administración.

El segundo punto hace a más de lo mismo, más de lo ya experimentado. ¿Acaso el reformismo de la política que nunca llega a sedimentarse en medidas concretas no hace más que insistir en burbujas que una vez lanzada se deshacen en un abrir y cerrar de ojos? ¿O la sociedad argentina no ha vivido la audacia del “gran salto hacia adelante”? ¿Qué fue la ola reformadora de los años noventa? La propuesta de reconstruir el federalismo argentino desde una nueva entidad provincial ¿no se inscribe dentro de esa lógica de fórmula audaz, extraordinaria, exuberante, promisoria, salvadora? Aquí es donde se impone un interrogante que contiene una respuesta: ¿para qué una entidad novel si posiblemente la solución de todo, o por lo menos de muchos males que hacen al desarrollo productivo y a la desafección de la ciudadanía por la política, estaría resuelta atendiendo a la fórmula sencilla pero eficaz del buen gobierno en cada una de las unidades provinciales ya existentes? En definitiva ¿por qué consumir energías en nuevos diseños institucionales cuando éstas podrían ser encauzadas en hacer cumplir un patrón de moralidad pública colectivo?

Nadie puede dudar de que la iniciativa proyectada está al servicio de obtener mayores rendimientos para las actuales maquinarias partidarias que gobiernan en Neuquén y Río Negro. Es cierto que las asimetrías hoy existentes llevarían a que los beneficios también se repartan en forma desigual. Es que el poder venido de la mano de un reconstituido escenario federal con la reforma constitucional de 1994 está mostrando los rostros de la diversidad. El resultado: provincias ricas y provincias pobres, unas con poder otras sin nada, aquéllas impulsando reformas, otras sometiéndose inexorablemente al reformismo. El riesgo es el camino hacia una Argentina entendida como confederación, donde sus partes compiten entre sí no para reforzar un mayor grado de integración a una comunidad nacional, sino para hacerse de los últimos restos de la administración nacional cuando no de sus territorios vecinos debilitados.

Pareciera que los promotores de la unificación decididamente se han involucrado en la segunda generación de reformas, aceptando los “beneficios” de la primera ola. Sin embargo estamos frente a una inflación de reformismo, que nada tiene que ver con el sentido político convencional del “reformismo”, en tanto voluntad gradualista hacia un fin que intente atemperar las urgencias de ciertas fórmulas por de más rígidas. De hecho hablamos de un proyecto que se presenta como una verdadera revolución institucional para el actual diseño de país, pero que debido a su carácter parcializado y al pecado de origen de sus promotores, que sólo nos informan de una desmedida vocación hegemónica “regionalista”, anticipa su seguro abandono o fracaso estrepitoso.

(*) Grupo de Estudios de Historia Social -Profesor de Derecho Político UNCo


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