Inflación “preocupante”
Para sorpresa de muchos, parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de confesar a un dirigente sindicalista, Hugo Yasky, que siente cierta inquietud “por la suba de precios y la inflación”. Claro, lo asombroso sería que el tema no le preocupara del todo, pero sucede que hasta el viernes pasado tanto ella como otros integrantes del gobierno nacional lo trataron como si, a su juicio, fuera cuestión de nada más que un problema técnico menor que sólo interesaba a economistas “ortodoxos” que buscaban pretextos para criticar el “modelo” oficial. Por desgracia, no es así. Aun cuando merecieran confianza las cifras confeccionadas por el Indec intervenido, la tasa de inflación argentina está entre las más altas del planeta: conforme a las difundidas por aquellas consultoras privadas que se animan a enfrentar la ira –y las multas punitorias– del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, competimos con Venezuela por el honor dudoso de ser los campeones mundiales en la materia. La actitud, rayana en la indiferencia, del gobierno y, según parece, de amplios sectores de la población, frente a una tasa de inflación que en otras latitudes sería considerada catastrófica, nos dice mucho sobre el estado del país. A pesar de sufrir el flagelo durante décadas, con consecuencias luctuosas para todos salvo una pequeña minoría que ha sabido aprovechar la inestabilidad resultante, el grueso de la clase política se las ha ingeniado para convencerse de que es mejor convivir con la inflación de lo que sería hacer lo necesario para frenarla. Puesto que en el corto plazo las medidas antiinflacionarias suelen doler, la mayoría apuesta a que le convendría más atribuir el fenómeno a la codicia de “los formadores de precios” y otros presuntos malhechores con la esperanza de sacar provecho de las penurias ajenas. Huelga decir que el país ha pagado un precio altísimo por la irresponsabilidad principista así supuesta. El facilismo, del que la resistencia a tomar la inflación en serio es un síntoma, está en la raíz de la transformación de la Argentina de un país relativamente próspero en uno tercermundista en que millones de familias viven en la pobreza más absoluta. Con escasas excepciones, nuestros dirigentes políticos siguen minimizando el impacto destructivo de la inflación. Aunque algunos opositores están más que dispuestos a criticar a los kirchneristas por permitirle regresar luego de una década de estabilidad que según los voceros oficiales resultó desastrosa, dan a entender que para reducirla a un nivel tolerable –por debajo del 3% anual– sería suficiente que el gobierno tomara algunas medidas tan sencillas como indoloras. Parecería que comparten la opinión oficial de que los únicos que pensarían en algo tan terrible como “un ajuste” son “neoliberales” desalmados resueltos a hambrear al pueblo trabajador, que la mejor forma de defender los ya magros ingresos de los pobres consistiría en no hacer nada. Se equivocan. Para buena parte de la población, la suba constante de precios significa un ajuste brutal diario, uno que los priva de más de lo poco que tienen. No es “progresista” negarse a enfrentar la inflación para que una franja de la clase media pueda continuar disfrutando de un boom de consumo. Por el contrario, sería difícil concebir una “estrategia” más reaccionaria, una achacable a que el gobierno cree tener asegurado el apoyo electoral de la clientela multitudinaria del oficialismo, de suerte que le conviene concentrar sus esfuerzos en procurar congraciarse con sectores de la clase media. De estar sinceramente interesados en el destino de la mitad de la población que según las pautas internacionales vive en condiciones que podrían calificarse de infrahumanas, los kirchneristas hubieran hecho de la lucha contra la inflación una prioridad hace por lo menos un lustro pero, convencidos como estaban de que “el relato” –es decir, la propaganda– importa mucho más que la mera realidad, optaron por limitarse a manejar las estadísticas. Las consecuencias de dicha decisión están a la vista. Según las estimaciones de economistas independientes y de algunos gobiernos provinciales, la inflación anual supera largamente el 20%. Aunque todos dicen coincidir en que no hay peligro de un estallido hiperinflacionario, la tumultuosa historia económica del país debería haberles enseñado que sería un error descartar dicha eventualidad.
Para sorpresa de muchos, parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de confesar a un dirigente sindicalista, Hugo Yasky, que siente cierta inquietud “por la suba de precios y la inflación”. Claro, lo asombroso sería que el tema no le preocupara del todo, pero sucede que hasta el viernes pasado tanto ella como otros integrantes del gobierno nacional lo trataron como si, a su juicio, fuera cuestión de nada más que un problema técnico menor que sólo interesaba a economistas “ortodoxos” que buscaban pretextos para criticar el “modelo” oficial. Por desgracia, no es así. Aun cuando merecieran confianza las cifras confeccionadas por el Indec intervenido, la tasa de inflación argentina está entre las más altas del planeta: conforme a las difundidas por aquellas consultoras privadas que se animan a enfrentar la ira –y las multas punitorias– del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, competimos con Venezuela por el honor dudoso de ser los campeones mundiales en la materia. La actitud, rayana en la indiferencia, del gobierno y, según parece, de amplios sectores de la población, frente a una tasa de inflación que en otras latitudes sería considerada catastrófica, nos dice mucho sobre el estado del país. A pesar de sufrir el flagelo durante décadas, con consecuencias luctuosas para todos salvo una pequeña minoría que ha sabido aprovechar la inestabilidad resultante, el grueso de la clase política se las ha ingeniado para convencerse de que es mejor convivir con la inflación de lo que sería hacer lo necesario para frenarla. Puesto que en el corto plazo las medidas antiinflacionarias suelen doler, la mayoría apuesta a que le convendría más atribuir el fenómeno a la codicia de “los formadores de precios” y otros presuntos malhechores con la esperanza de sacar provecho de las penurias ajenas. Huelga decir que el país ha pagado un precio altísimo por la irresponsabilidad principista así supuesta. El facilismo, del que la resistencia a tomar la inflación en serio es un síntoma, está en la raíz de la transformación de la Argentina de un país relativamente próspero en uno tercermundista en que millones de familias viven en la pobreza más absoluta. Con escasas excepciones, nuestros dirigentes políticos siguen minimizando el impacto destructivo de la inflación. Aunque algunos opositores están más que dispuestos a criticar a los kirchneristas por permitirle regresar luego de una década de estabilidad que según los voceros oficiales resultó desastrosa, dan a entender que para reducirla a un nivel tolerable –por debajo del 3% anual– sería suficiente que el gobierno tomara algunas medidas tan sencillas como indoloras. Parecería que comparten la opinión oficial de que los únicos que pensarían en algo tan terrible como “un ajuste” son “neoliberales” desalmados resueltos a hambrear al pueblo trabajador, que la mejor forma de defender los ya magros ingresos de los pobres consistiría en no hacer nada. Se equivocan. Para buena parte de la población, la suba constante de precios significa un ajuste brutal diario, uno que los priva de más de lo poco que tienen. No es “progresista” negarse a enfrentar la inflación para que una franja de la clase media pueda continuar disfrutando de un boom de consumo. Por el contrario, sería difícil concebir una “estrategia” más reaccionaria, una achacable a que el gobierno cree tener asegurado el apoyo electoral de la clientela multitudinaria del oficialismo, de suerte que le conviene concentrar sus esfuerzos en procurar congraciarse con sectores de la clase media. De estar sinceramente interesados en el destino de la mitad de la población que según las pautas internacionales vive en condiciones que podrían calificarse de infrahumanas, los kirchneristas hubieran hecho de la lucha contra la inflación una prioridad hace por lo menos un lustro pero, convencidos como estaban de que “el relato” –es decir, la propaganda– importa mucho más que la mera realidad, optaron por limitarse a manejar las estadísticas. Las consecuencias de dicha decisión están a la vista. Según las estimaciones de economistas independientes y de algunos gobiernos provinciales, la inflación anual supera largamente el 20%. Aunque todos dicen coincidir en que no hay peligro de un estallido hiperinflacionario, la tumultuosa historia económica del país debería haberles enseñado que sería un error descartar dicha eventualidad.
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