Integrantes de una comunidad mapuche ocuparon el juzgado en Esquel

Pertenecen a la comunidad “Vuelta del Río”. Denunciaron que en el megaoperativo del lunes, en el caso Maldonado, hubo malos tratos contra dos familias.



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Foto Télam

Integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado, ocuparon esta mañana el juzgado federal de Esquel y pidieron la renuncia del juez Guido Otranto, mientras la testigo Andrea Millañanco volvió a declarar y ratificó que Gendarmería se llevó al artesano del lugar el primero de agosto a las 13.30.

Cerca de las 9, una decena de integrantes de la comunidad mapuche de Vuelta del Río ingresó al juzgado ubicado en 25 de Mayo y San Martín, en pleno centro de Esquel, y anunció en mesa de entradas su decisión de ocupar la sala de la planta baja “hasta que renuncie Otranto”, ante quien el lunes denunciaron malos tratos sufridos durante un allanamiento realizado por orden del juez en esa comunidad y en la Pu Lof Resistencia Cushamen.

“No nos vamos a ir hasta que renuncie Otranto, el allanamiento del lunes fue un atropello contra las familias de Vuelta del Río; entraron rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos”, dijo a Télam Silvio Huilinao, presente en el procedimiento denunciado.

Agregó que los policías ingresaron armados y con escudos a la comunidad que “estaba en paz”, e ingresaron a las casas “con violencia”, preguntando “dónde está Santiago Maldonado” y “revolviendo todo sin encontrar nada”.

Mientras en el juzgado se desarrollaba esta “ocupación pacífica”, en la puerta de la fiscalía a cargo de Silvina Ávila, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, ratificó, en declaraciones formuladas a la prensa, la necesidad de que “una vez por todas” el juez federal Guido Otranto, “se decida a investigar la desaparición forzada” del joven artesano.

“Espero que de una vez por todas se decidan a investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, aseguró hoy la abogada Verónica Heredia, quien consideró que Otranto “tiene una valoración extraña de los hechos”.

Además, afirmó que la comunidad mapuche había denunciado la desaparición de Santiago Maldonado el mismo 1 de agosto, día en que fue visto por última vez, y que, incluso, ya habían hecho referencia al hecho de que los gendarmes tenían armas con balas de 9 milímetros: “Lo de las balas de 9 milímetros está dicho por la comunidad desde un primer momento. Todo ratifica lo que dijimos desde el primer día”, dijo la abogada.

La “ocupación pacífica” de la sede del juzgado, como la definió, generó tensión por la fuerte presencia de personal policial, y el pedido de abogados y funcionarios judiciales que les exigían que se retiraran del lugar.

En ese marco, una de las mujeres puso un cartel en el vidrio, para ser registrado por reporteros gráficos y camarógrafos, pidiendo en cambio que “retiren a la policía”, mientras varias personas continuaban entrando y saliendo del juzgado.

Ayer, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, informó sobre el hallazgo en el lugar de dos mochilas y camperas que podrían pertenecer a Maldonado. Y la familia del joven volvió a cuestionar su tarea.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraró que en el lugar se “modificó la escena” y apuntaron a los mapuches: “Complica la reconstrucción de los hechos”.


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