Irremediablemente politizado

Redacción

Por Redacción

A casi dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo único que parece haber cambiado desde que su cadáver fue encontrado en el baño en su departamento en Puerto Madero es la actitud de buena parte del país frente a lo que sucedió. Si bien los preocupados por el caso cuentan con más datos que antes, siguen en pie las distintas hipótesis que se ensayaron en el primer momento cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, nos informó que “todos los caminos conducen al suicidio”. El gobierno claramente preferiría que fuera así, ya que a su entender un suicidio no sólo serviría para despolitizar el asunto sino que también haría de la denuncia de encubrimiento formulada por el fiscal la obra de una persona desequilibrada, pero la exmujer de Nisman, además de millones de ciudadanos, cree que se trata de un asesinato. Fue por este motivo que tuvo un impacto tan fuerte la afirmación de la madre de las hijas del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, de que “Nisman no sufrió un accidente, no se suicidó; lo mataron” y, por lo tanto, “se trata de un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuesta por parte de las instituciones de la República”. Puede que en la contundente opinión de la jueza, reforzada por el trabajo del equipo de criminólogos que la acompaña, haya incidido su relación personal con Nisman, pero así y todo no cabe duda alguna de que hasta ahora “las instituciones de la República” no han estado a la altura de sus responsabilidades. Desde el vamos, demasiados personajes vinculados con ellas, incluyendo a la presidenta misma, han brindado la impresión de estar mucho más interesados en desprestigiar a Nisman que en procurar alcanzar la verdad. Es como si creyeran que Nisman se quitó la vida, o se dejó asesinar, con el único propósito de hacer bajar el índice de aprobación de Cristina, razón por la que tienen derecho a ensañarse con él, acusándolo de ser un borracho, hablando de “una festichola” y un “crimen pasional homosexual” –aportes éstos de un senador kirchnerista, el misionero Salvador Cabral–, y aludir a la supuesta vergüenza que habrá sentido al darse cuenta de que imputar a Cristina por encubrimiento había sido un error gravísimo. De más está decir que los esfuerzos oficiales por desacreditar a Nisman han sido contraproducentes, ya que sólo han servido para convencer a amplios sectores sociales de que el gobierno quiere que nunca se resuelva el caso por temor a lo que una investigación seria podría destapar. Hay dos procesos en marcha. Uno, el jurídico a cargo de la fiscala Viviana Fein, está empantanado y puede que siga así por mucho tiempo más. Otro, el político, avanza con rapidez, si bien de manera muy errática, pero parece que los convencidos de antemano de que la muerte de Nisman fue, como aseveró el jueves pasado su exmujer, “un magnicidio” están ganando la batalla por la opinión pública merced en buena medida a la torpeza oficial. La forma de reaccionar, tanto de la presidenta como de sus incondicionales, frente a la muerte violenta de un fiscal que estaba por presentar en el Congreso una imputación que voceros oficialistas habían calificado de “golpista” pareció propia de quienes se sentían desbordados por los acontecimientos. En lugar de intentar asumir una postura ecuánime, jurando que nada les impediría investigar a fondo, con la eventual participación de especialistas internacionales para que nadie los sospechara de parcialidad, optaron una vez más por el combativo “estilo K”, de tal modo asegurando que el caso Nisman continuara dominando el escenario político del país. Puede que no haya sido cuestión de un brutal “crimen de Estado”, como aventuran algunos políticos opositores; que Nisman, inducido o no, sí se suicidara, o que fuera asesinado ya por agentes iraníes, ya por mano de obra local, sin la participación de nadie relacionado con el gobierno. Sin embargo, para que las sospechas tóxicas que están dando vueltas se esfumaran por completo sería necesario que se produjera evidencia concreta irrefutable pero, en vista de los magros resultados que los investigadores oficiales han logrado en las semanas transcurridas desde aquella madrugada del 18 de enero, parece cada vez más probable que el caso Nisman se sume a la lista ya demasiado larga de grandes misterios nacionales.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 7 de marzo de 2015


A casi dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo único que parece haber cambiado desde que su cadáver fue encontrado en el baño en su departamento en Puerto Madero es la actitud de buena parte del país frente a lo que sucedió. Si bien los preocupados por el caso cuentan con más datos que antes, siguen en pie las distintas hipótesis que se ensayaron en el primer momento cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, nos informó que “todos los caminos conducen al suicidio”. El gobierno claramente preferiría que fuera así, ya que a su entender un suicidio no sólo serviría para despolitizar el asunto sino que también haría de la denuncia de encubrimiento formulada por el fiscal la obra de una persona desequilibrada, pero la exmujer de Nisman, además de millones de ciudadanos, cree que se trata de un asesinato. Fue por este motivo que tuvo un impacto tan fuerte la afirmación de la madre de las hijas del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, de que “Nisman no sufrió un accidente, no se suicidó; lo mataron” y, por lo tanto, “se trata de un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuesta por parte de las instituciones de la República”. Puede que en la contundente opinión de la jueza, reforzada por el trabajo del equipo de criminólogos que la acompaña, haya incidido su relación personal con Nisman, pero así y todo no cabe duda alguna de que hasta ahora “las instituciones de la República” no han estado a la altura de sus responsabilidades. Desde el vamos, demasiados personajes vinculados con ellas, incluyendo a la presidenta misma, han brindado la impresión de estar mucho más interesados en desprestigiar a Nisman que en procurar alcanzar la verdad. Es como si creyeran que Nisman se quitó la vida, o se dejó asesinar, con el único propósito de hacer bajar el índice de aprobación de Cristina, razón por la que tienen derecho a ensañarse con él, acusándolo de ser un borracho, hablando de “una festichola” y un “crimen pasional homosexual” –aportes éstos de un senador kirchnerista, el misionero Salvador Cabral–, y aludir a la supuesta vergüenza que habrá sentido al darse cuenta de que imputar a Cristina por encubrimiento había sido un error gravísimo. De más está decir que los esfuerzos oficiales por desacreditar a Nisman han sido contraproducentes, ya que sólo han servido para convencer a amplios sectores sociales de que el gobierno quiere que nunca se resuelva el caso por temor a lo que una investigación seria podría destapar. Hay dos procesos en marcha. Uno, el jurídico a cargo de la fiscala Viviana Fein, está empantanado y puede que siga así por mucho tiempo más. Otro, el político, avanza con rapidez, si bien de manera muy errática, pero parece que los convencidos de antemano de que la muerte de Nisman fue, como aseveró el jueves pasado su exmujer, “un magnicidio” están ganando la batalla por la opinión pública merced en buena medida a la torpeza oficial. La forma de reaccionar, tanto de la presidenta como de sus incondicionales, frente a la muerte violenta de un fiscal que estaba por presentar en el Congreso una imputación que voceros oficialistas habían calificado de “golpista” pareció propia de quienes se sentían desbordados por los acontecimientos. En lugar de intentar asumir una postura ecuánime, jurando que nada les impediría investigar a fondo, con la eventual participación de especialistas internacionales para que nadie los sospechara de parcialidad, optaron una vez más por el combativo “estilo K”, de tal modo asegurando que el caso Nisman continuara dominando el escenario político del país. Puede que no haya sido cuestión de un brutal “crimen de Estado”, como aventuran algunos políticos opositores; que Nisman, inducido o no, sí se suicidara, o que fuera asesinado ya por agentes iraníes, ya por mano de obra local, sin la participación de nadie relacionado con el gobierno. Sin embargo, para que las sospechas tóxicas que están dando vueltas se esfumaran por completo sería necesario que se produjera evidencia concreta irrefutable pero, en vista de los magros resultados que los investigadores oficiales han logrado en las semanas transcurridas desde aquella madrugada del 18 de enero, parece cada vez más probable que el caso Nisman se sume a la lista ya demasiado larga de grandes misterios nacionales.

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