Chamatrópulos: “No hay clima para lo que propone la justicia”

El municipio apelará el fallo de la justicia para garantizar el transporte accesible. El jefe de Gabinete dijo que hoy se garantiza la gratuidad del transporte y que la empresa “no puede trabajar a pérdida”



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El jefe de Gabinete, Pablo Chamatrópulos, anunció que apelarán el fallo del juez Emilio Riat.(Foto: Archivo )

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Más de 100 millones de pesos es la inversión requerida para comprar las unidades adaptadas de colectivos -de piso bajo-, según informó el titular de MiBus, Pedro Ponte.(Foto: Archivo )

Cien millones de pesos más para los colectivos adaptados

Más de 100 millones de pesos es la inversión requerida para comprar las unidades adaptadas de colectivos -de piso bajo-, según informó el titular de MiBus, Pedro Ponte.

Si se ratifica el fallo, el municipio tendrá que hacerse cargo de la diferencia económica ya que yo hice una propuesta con la flota que tenía. Y esa propuesta fue aceptada por el municipio”, advirtió Ponte.

La sanjuanina Mibus se hizo cargo de la concesión de la totalidad del transporte urbano de pasajeros a mediados de febrero, luego de que las cuatro licitaciones quedaran desiertas. Desde la empresa, aseguran haber invertido 300.000.000 de pesos en 100 unidades -cero kilómetro- para la ciudad.

El fallo reciente del juez Emilio Riat encendió la polémica cuando obligó al municipio a cumplir en un plazo de 10 meses la ordenanza que estipula que un 30% de las unidades deben estar adaptadas. El municipio ya apeló el fallo a pesar de que la ordenanza fue impulsada por el municipio y aprobada por el Concejo Municipal.

La decisión de apelar fue severamente cuestionada por el colectivo de personas con discapacidad, impulsores del recurso de amparo el año pasado.

De modo que los colectivos deberán tener piso bajo, rampa de ascenso y descenso y con espacio suficiente para permitir la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas (especialmente usuarios en sillas de ruedas).

“Más allá de la inversión que se requiere, ese tipo de colectivos funcionan con veredas y cordones que en Bariloche, no llegan al 5%. Primero habría que estructurar a toda la ciudad y luego a los colectivos”, remarcó Ponte.

Advirtió que “el fallo está dirigido a la municipalidad” e “implica un 35% más de lo que la empresa ya invirtió en la flota porque los colectivos de piso bajo conllevan otra tecnología mucho más compleja, con otros motores y otra suspensión. Por eso son más caros. Y lo cierto es que con el boleto tampoco se puede hacer esta inversión”.


Las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad recibieron un espaldarazo a su reclamo con la decisión del juez Emilio Riat de hacer lugar al recurso de amparo para que la municipalidad garantice la accesibilidad en el transporte público.

El amparo planteado a fines de 2016 pedía a la justicia que intervenga para que se respetaran las normas vigentes sobre accesibilidad e igualdad en materia de transporte público para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El juez de la Cámara Civil y Comercial de Bariloche, Riat, entendió que en este caso estaba “en juego el derecho humano y constitucional de las personas con discapacidad o movilidad reducida a acceder al transporte público de pasajeros en condiciones de igualdad”.

Referentes de diversas organizaciones como Juan César Ojeda, Marcela Saracho, Alicia Barría Barrientos, René Osvaldo Roa Flores y Luis Suero promovieron un amparo colectivo contra la municipalidad porque el nuevo contrato con la empresa Mi Bus no establecía la exigencia inmediata de contar con unidades accesibles, como sí lo hacía el pliego de licitación que se impulsó el año pasado.

La nueva concesionaria acordó con la comuna en aportar un furgón para realizar un recorrido a demanda para transportar a las personas con discapacidad, algo que las organizaciones consideraron insuficiente y contrario a la integración y la igualdad. De este modo lo entendió también el juez que hizo lugar al amparo y ordenó a la municipalidad a que en diez meses cumpla con el parque automotor accesible en el servicio público, tal como establecía el pliego licitatorio.


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