Jugar con las jubilaciones

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Que una presidenta tildada de populista se haya animado a vetar una ley destinada a incrementar las jubilaciones mínimas por temor a las consecuencias económicas es sin duda meritorio. Lo sería aún más si la gestión de su gobierno siempre se hubiera caracterizado por un compromiso férreo con la responsabilidad fiscal, pero sucede que en los últimos años el gasto público ha subido de manera anárquica debido a la voluntad de los Kirchner de subsidiar a empresas como Aerolíneas Argentinas y lo de “fútbol para todos”, la Anses se ha visto transformada en una caja gigantesca que se usa no sólo para pagar a los jubilados sino también para subsidiar una multitud de actividades distintas y la inflación sigue provocando estragos. He aquí un motivo por el que pocos se han sentido impresionados por los esfuerzos oficiales por convencer a la ciudadanía de que los dirigentes opositores hicieron gala de un grado excepcional de irresponsabilidad al impulsar la ley del 82% móvil para los jubilados. Por contundentes que hayan sido los argumentos que ha esgrimido, la mayoría sigue siendo reacia a creer que el gobierno kirchnerista sea un dechado de prolijidad administrativa. Tendrán razón Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Amado Boudou y otros voceros gubernamentales cuando dicen que los costos supuestos por respetar la ley aprobada por el Congreso y comenzar a pagar el 82% del salario mínimo a millones de jubilados, llevando sus haberes de los 1.046,50 pesos mensuales actuales a 1.427, provocaría un sinfín de dificultades presupuestarias, pero el que así sea no se debe a que el planteo opositor sea totalmente irracional, como afirman los kirchneristas, sino a que, desde hace muchos años, gobiernos de todos los pelajes se han negado a tomar en serio los problemas planteados por el desastre previsional, con el resultado de que el sistema se ha distorsionado hasta tal punto que cualquier intento de enfrentarlos obligaría al gobierno a hacer ajustes ingratos en otros ámbitos. En principio, el conflicto que se ha desatado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ocasionado por la ley que acaba de vetarse debería brindar a los dirigentes políticos una oportunidad para celebrar un debate genuino en torno a un tema de importancia fundamental, pero es poco probable que la aprovechen. Entre el 2002 y el 2008 la economía nacional creció a “tasas chinas” y, luego de un retroceso breve en el 2009 que fue atribuible a la crisis internacional, la expansión vigorosa se ha reanudado. En términos macroeconómicos, la Argentina se ha enriquecido mucho. Es por lo tanto razonable suponer que esté en condiciones de emprender una reforma radical del sistema jubilatorio para que quienes dependen de él perciban lo suficiente como para permitirles vivir con un mínimo de dignidad. Sin embargo, al igual que otros gobiernos anteriores, el kirchnerista se resiste a sacrificar sus propias prioridades políticas en aras del sector más vulnerable de la sociedad nacional, el conformado por los jubilados. En teoría, los votos de “los abuelos” deberían ser electoralmente decisivos, pero parecería que tantos se han resignado a una vejez signada por la pobreza extrema que aquí, a diferencia de lo que sucede en otros países, suelen ser insignificantes los costos políticos de negarles un aumento. De todos modos, por razones demográficas, ya que en nuestro país como en casi todos los demás aumenta con rapidez la cantidad de “pasivos” en relación con los “activos” que de un modo u otro aportan al sistema, las jubilaciones seguirán siendo espartanas aun cuando la clase política en su conjunto hiciera un gran esfuerzo por reconstruir, sobre bases realistas, el sistema, tarea que sería más fácil en aquellos países en que se permiten cajas jubilatorias privadas como las que fueron expropiadas –con la aprobación de la oposición “progresista”– por el gobierno kirchnerista. Asimismo, mal que les pese a muchos, en todas partes será necesario aumentar tanto la edad mínima para jubilarse como los aportes a los fondos previsionales. Caso contrario, en los países desarrollados terminará imponiéndose lo que podría llamarse “la solución argentina” que ha consistido en permitir que el sistema sea vaciado por sucesivas crisis económicas y por el desvío hacia otros sectores de dinero supuestamente destinado a pagar las jubilaciones.