Juicio al ginecólogo: tensión en la sala de audiencias durante las declaraciones

Con la declaración de la psicóloga de la víctima se reanudó en Cipolletti el juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra. También están citadas médicas que sostendrán la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público realizada por la fiscalía. Luego comenzarán a desfilar los citados por la defensa del imputado, que apunta a demostrar su inocencia.

La víctima se encuentra en la sala de audiencia junto a los fiscales. Está acompañada por su madre y por el psicólogo Claudio Marín. Para preservar su intimidad y no revictimizarla, no se difunde su imagen.

La joven mira fijamente al imputado que también está en la sala de audiencia durante la segunda y última jornada de debate. En momentos se la vio llorar durante las declaraciones de los testigos citados por la fiscalía.

En la sala también hay partidarios de Rodríguez Lastra. El juez Alvaro Meynet tuvo que advertirles que está prohibido hacer gestos y sacarle fotos a la víctima. Esa situación se dio durante la declaración de la asistente social Analía Calvo, quien defendió el derecho de la víctima a practicarse un aborto por haber sido violada. El ambiente en la sala es de mucha tensión.

En la calle, mientras tanto, grupos a favor del médico y organizaciones por el aborto legal, seguro y gratuito se convocaron por segundo día consecutivo. Otra vez la policía cortó el tránsito en la esquina de Urquiza y España para permitir las manifestaciones.

La joven que fue víctima de la interrupción de un aborto no punible en Cipolletti pudo poner en palabras su caso ayer lunes, en la primera audiencia del juicio contra el ginecólogo Rodríguez Lastra. Si bien fue a puertas cerradas, y según reconstruyó este diario por momentos se expresó con monosílabos, la mujer cuyo nombre se mantiene en reserva confirmó la hipótesis de la fiscalía, que acusa al médico de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese sentido, la joven identificada como R.P. dijo que en noviembre de 2016 fue violada por un familiar, que en enero de 2017 comenzó a sospechar que podría estar embarazada, fue al hospital de Fernández Oro donde a fines de marzo se lo confirmaron, y de inmediato expresó su voluntad de interrumpir la gestación.

Sin embargo, y este es uno de los nudos del juicio oral, el profesional que estaba en condiciones de realizarle el aborto no punible no lo realizó. “Puso sus creencias, sus valores y su moral por encima del derecho de la víctima e incumplió la ley”, expresó la fiscal Annabela Camporesi al presentar el caso.

La tensión se respiró en la primera audiencia del juicio, en la que declararon médicas y familiares de la víctima. El debate lo dirige el juez Álvaro Meynet, la acusación está a cargo de Santiago Márquez Gauna y Annabela Camporesi y los defensores particulares son Damián Torres y Juan Carlos Chirinos.

El miércoles 29 de marzo hubo una comunicación telefónica entre la médica Ayelén Mirenski, la psicóloga Viviana Cufré, ambas del hospital de Fernández Oro, y el imputado Rodríguez Lastra, que estaba en Cipolletti como jefe de Ginecología.

En esa ocasión le informaron sobre el caso de R.P.: que había sido violada, que deseaba interrumpir el embarazo, y que había firmado la declaración jurada que exige la ley. Le anunciaron que la iban a derivar para que le practicara una interrupción legal del embarazo.

Rodríguez Lastra, quien no era objetor de conciencia como es ahora, exigió un estudio psiquiátrico. “Él dijo que hasta el lunes no la podía ver porque el psiquiatra de Cipolletti recién estaba ese día. Le contesté que yo la había evaluado y estaba lúcida”, contó ayer Cufré. “Pensé que no me estaba explicando bien, que él no entendía que el tiempo apremiaba”, relató a su vez Mirenski.

Fue la primera de las muchas trabas que, según la fiscalía, puso el imputado para no practicar la interrupción de la gestación.

El domingo 2 de abril la joven fue trasladada de urgencia en ambulancia a la guardia del hospital de Cipolletti. Llegó con un cuadro febril y una ecografía, sin historia clínica. Había tomado Oxaprost que le había dado una amiga en Neuquén. Rodríguez Lastra la atendió y le aplicó una medicación úteroinhibidora que frenó las contracciones.

Rodríguez Lastra, por su parte, también declaró pero sólo respondió preguntas de su letrado Torres, que es además abogado de Alberto Weretilneck. Ayer le dijo a este diario que no tenía instrucciones del gobernador sobre cómo manejarse en este caso, recordó que la ley de atención sanitaria en casos de aborto no punible “salió con la Legislatura de este gobernador” y que la denunciante “es Marta Milesi, del mismo sector y aunque tenemos posiciones ideológicas distintas, podemos convivir”.

El profesional imputado ratificó su versión: que no continuó con la interrupción y que le suministró un inhibidor de las contracciones “para que no se produzca un parto, que hubiera agravado la situación”.

El médico dijo que la paciente llegó sin historia clínica, y que no asoció su caso con la llamada que unos días antes había recibido de sus colegas de Fernández Oro. Esa conversación telefónica no quedó registrada en ningún lado.

Respecto de la evaluación psiquiátrica que solicitó, indicó que fue “para corroborar que la paciente esté consciente de lo que está solicitando, porque el aborto es un acto médico irreversible. Pedirla es parte de una buena práctica médica”.

Cuando le preguntaron cómo terminó ese 2 de abril, dijo: “con la paciente internada. Le expliqué que no era posible avanzar, que había que hacer estudios. Ella no estaba bien. Con 39 grados no tenemos lucidez para entender lo que nos están diciendo”.

Más allá del 2 de abril, la joven siguió internada en el hospital de Cipolletti, luego en Roca, el embarazo continuó contra su voluntad, el parto fue inducido y el bebé dado en adopción.

Según la psicóloga Cufré, desde entonces la salud de la víctima no ha hecho sino deteriorarse y protagonizó varias autolesiones.

Se trata de una joven extremadamente delgada -según dijeron en el juicio, no se le notaba el embarazo- y desde un primer momento anunció que si no la ayudaban era capaz de matarse. “Tenía una actitud de rechazo, no quería ni mirarse”, declaró Cufré. “Le dije que la íbamos a ayudar, que se quedara tranquila”, agregó. Y cuando el interrogatorio de la defensa se puso intenso, afirmó: “hoy me cuestiono no haberla subido a una ambulancia, haberla llevado y que la recibiera quien no quería recibirla, y que se hiciera cargo”.

También declararon ayer la madre y una hermana de la víctima, el director del hospital de Cipolletti Carlos Lasry (estaba de licencia cuando ocurrió el hecho) y la médica Andrea Moreno.

Guillermo Berto

gberto@rionegro.com.ar

Cuando le avisaron que había una joven abusada que había manifestado su intención de practicarse una interrupción legal del embarazo, el médico Leandro Rodríguez Lastra pidió que le hagan una pericia psiquiátrica para saber si estaba en sus cabales. Cuando tuvo a esa joven en su guardia le comunicó que no le haría el aborto pero el diálogo se dificultó porque “con 39 grados de fiebre nadie tiene lucidez para entender lo que nos están diciendo”. Es decir que según su óptica, la víctima no sabía lo que quería ni podía entender lo que era bueno para ella. Su palabra no valía.

Sobre el valor de la palabra versa, en buena medida, el juicio que comenzó en Cipolletti contra el ginecólogo que interrumpió un aborto que debió seguir su curso porque estaba dentro de los contemplados como no punibles por el Código Penal.

La palabra de la víctima fue devaluada, puesta en duda, sospechada. Hacía falta confirmarla, chequearla, verificarla. Y mientras tanto se perdió tiempo. Y a la víctima no se la volvió a escuchar hasta este juicio, en una declaración a puertas cerradas, trabajosa, con respuestas monosilábicas y largos silencios.

A la víctima sí le creyó Raquel, su madre. Apenas se enteró de que estaba internada en Cipolletti viajó desde Bariloche, donde residía, para apoyarla.

Raquel tiene 9 hijos y estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo producto de una violación. Quiso hacer valer la palabra de su hija pero no le dieron oportunidad. “En Cipolletti había un médico con el que estoy muy enfadada, nunca se presentó, pedí hablar con él y nunca apareció. Esa persona le dio un medicamento para que continuara el embarazo y se salieron con la suya. Hoy estoy muy herida. ¿Quién nos devuelve la angustia que pasamos?”.

Las palabras que le negaron en aquel momento, en la audiencia las negó ella: contestó casi todas las preguntas de la defensa de Rodríguez Lastra con un cerrado “no recuerdo”.

Un juicio es una reconstrucción de hechos en base a palabras. Palabras que otros escuchan, les dan significado, las creen. Recuperar palabras que en su momento fueron devaluadas es uno de los desafíos de este caso.

El «Diario Río Negro» no difunde datos ni fotografías como medida de protección hacia la víctima. Recordamos que el artículo 239 del Código Penal reprime “con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.