«Barones de la Fruta»: comienza el juicio por lavado de activos contra seis personas en Roca

Este viernes comenzará el juicio contra el exmano derecha del fallecido referente del Sindicato de la Fruta, Rubén López. Hay otras cinco personas involucradas. Las penas podrían ir de los tres a los 10 años de prisión.





Con la declaración de más de 50 testigos, hoy viernes (24/6) comenzará el juicio contra seis personas que formaban parte del círculo íntimo del fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Rubén López. Entre los imputados se encuentra Juan Domingo Lescano, quien era mano derecha del exlegislador rionegrino y se los acusa de haber lavado activos por medio de distintas operaciones realizadas a través de empresa fantasmas.

El juicio comenzará a las 9 en la sala de audiencias del edificio del Juzgado Federal de Roca, y en el banquillo de los acusados -además de Lescano- se sentarán Karina Neyroud, Silvia Weisser, Alejandro Lescano, Karol Daiana López y el contador Gustavo Buceta.

Fuentes judiciales señalaron que todavía no se sabe cuándo concluirá, ya que la cantidad de testigos es importante por lo que esta etapa del proceso no tiene fecha de cierre.

A todos los involucrados se les atribuye el delito de “lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previstos en los arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del C.P”.

Durante tres años y luego de la investigación realizada por los periodistas de RÍO NEGRO Ítalo Pisani y Diego von Sprecher en 2015 -denominada Los Barones de la Fruta– el ahora exfiscal Alejandro Moldes (jubilado), analizó los movimientos de los activos de los involucrados, y llegó a la conclusión de que tanto López como Lescano, manejaron “de manera fraudulenta” los fondos no sólo del Sindicato de la Fruta sino también la Obra Social de los trabajadores.

Las maniobras consistían -según la Fiscalía- que desde esas entidades se habrían transferido cifras millonarias, para comprar vehículos y generar un movimiento inmobiliario que después regresaba en forma de donación a los allegados del sindicalista, a través de firmas fantasmas.

La investigación que llevó adelante Moldes incluyó los informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac).
Allí se determinó que, desde el año 2006, López y Lescano realizaron en forma “organizada” distintas operaciones al haber puesto en el mercado bienes a partir de distintos hechos ilícitos.

Los dirigentes manejaron de manera irregular los fondos de las dos instituciones con las cuales se lograron beneficios económicos millonarios. Para ello, se valieron de las firmas JLK S.R.L. Ohana S.A, y KAV Servicios S.R.L. y del salón de eventos La Ponderosa, para lavar esos fondos. También se hicieron de bienes muebles e inmuebles que luego fueron transferidos en forma de “donación” a los activos de los familiares de López y Lescano.

“Los imputados no solo han actuado sobre la base de una decisión común y de manera conjunta, sino que además conformaron una estructura criminal que operó con habitualidad y cuyo destino precisamente consistió en la comisión continuada de hechos ilícitos de lavado de dinero”, explicó el fiscal en un momento de la investigación.

Finalmente, en agosto del 2021 el Juez Federal, Hugo Greca, determinó que la causa sea elevada a juicio.

En caso de ser hallados culpables, los involucrados podrían ser condenados con penas que van desde los tres a diez años de prisión y multas de dos a diez veces más del monto de la operación en la cual se habrían visto involucrados.

Según el artículo 303 del C.P, estas condenas se aplicarán a todas aquellas personas que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.

Este proceso contará con un tribunal unipersonal, y para esta tarea fue designado el Juez Federal Alejandro Silva.


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