Quienes cuidan la Tierra necesitan más protección

Hay una paradoja que atraviesa América Latina y que ya no podemos seguir mirando de costado: quienes defienden el ambiente terminan más perseguidos que protegidos. Denuncian un desmonte y reciben amenazas, como hoy les pasa a los wichís en Salta. Se oponen a un emprendimiento minero y judicializados, como en Mendoza. Y en los casos más extremos son asesinados, como viene sucediendo en México, Colombia y Brasil. La región es la más peligrosa del mundo para defender el ambiente. Es una cuestión de derechos humanos y, muchas veces, de vida o muerte.

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La Patagonia no es una excepción. Los conflictos por el agua en torno a la megaminería o el fracking en Vaca Muerta comparten un mismo patrón. Personas comunes que, al plantarse frente a un daño ambiental, quedan expuestas en un lugar de riesgo. Lo indignante es que no partimos de cero, y esa es justamente la parte que más debería incomodarnos.

Argentina fue uno de los países fundadores del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el ambiente. Su artículo 9 obliga a reconocer, proteger y promover los derechos de las personas defensoras, incluyendo su vida, su integridad y su libertad de expresión y reunión. Tenemos, en el papel, uno de los marcos más avanzados del continente. En los hechos, tenemos otra cosa.

El problema no es únicamente la falta de leyes: es la distancia, cada vez más cínica, entre lo que el Estado firma y lo que el Estado hace. Lo vemos en el Sistema de Administración de Justicia: jueces académicos del Derecho Ambiental que escriben libros con la “mano izquierda” pero firman las sentencias en la materia con “la mano derecha”. Debemos lograr que el Poder Judicial, el Ministerio Público (fiscales y defensores oficiales) y las provincias queden efectivamente obligados a actuar cuando un defensor del ambiente está en peligro. Todo lo demás es maquillaje institucional.

Las víctimas lo saben mejor que nadie: la protección que depende de la buena voluntad del funcionario de turno no es protección, es una lotería. Un ejemplo en carne viva: en Pergamino, Buenos Aires, funcionarios municipales fueron condenados por no controlar las fumigaciones con agroquímicos cerca de zonas residenciales, bajo la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público…pero absuelve a los empresarios acusados de contaminar.

El fallo demuestra que la Justicia puede responder cuando el Estado mira para otro lado. Pero también expone su límite más cruel: No sólo libera de culpa y cargo a los empresarios, sino que además llegó tarde. Después de años de exposición de una comunidad entera a los agrotóxicos, dependió de que las víctimas se constituyan como querellantes y decidieran impulsarlo. No hay un sistema que actúe de oficio y con la celeridad que la VIDA exige. Pero si, son en el mejor de los casos, excepciones heroicas.

Pero insisto. Hoy se usa el sistema judicial como arma de disciplinamiento. Las demandas SLAPP —litigios estratégicos contra la participación pública— es violencia: empresas y funcionarios que, en lugar de responder en el terreno de los hechos, ahogan a defensores ambientales con juicios interminables, costosos e infundados, cuyo único objetivo es agotarlos económica y anímicamente hasta que se callen. No hacen falta balas cuando alcanza con una demanda millonaria por daños y perjuicios. Argentina no tiene, hoy, ninguna ley —ni nacional ni provincial— que proteja específicamente contra estas maniobras.

Proteger a los defensores ambientales no es una cuestión ideológica ni un capricho de organismos internacionales. Cuando el Estado no los resguarda, no abandona solamente a esas personas: deja sin voz a muchos. Entonces dependerá de que alguien se anime a decir lo que otros prefieren callar.

Tenemos, entonces, tres tareas pendientes. La primera que Argentina cumpla lo que se comprometió al ratificar Escazú, con mecanismos concretos, financiados y con jerarquía normativa suficiente para vincular a los jueces y fiscales. La segunda es no conformarnos con que el tratado esté vigente: hace falta una ley específica de protección a defensores ambientales, con procedimientos claros, plazos, sanciones y una autoridad de aplicación con dientes reales, no de cartón. Y la tercera: necesitamos leyes anti-SLAPP, nacionales y provinciales, que impidan que el sistema judicial siga siendo usado como arma para callarnos.

La próxima vez que escuchemos que alguien fue amenazado por oponerse a un proyecto que contamina un río o desmonta un bosque, no lo dejemos solo. Esa persona no está actuando en nombre propio: hace el trabajo que le corresponde al Estado y que el Estado no hace. Lo mínimo que merece a cambio no es un homenaje póstumo. Es que el Estado la proteja mientras está viva.

*Ex Fiscal General Federal. www.gustavogomez.ar.

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