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Colapso en la justicia penal: un juez habla de que «se creó un subsistema, sin legalidad»
El atraso en la resolución de las causas, debido a falta de recursos humanos y malas prácticas procesales, está en el centro del debate en el Poder Judicial de Neuquén. En una audiencia se abordó de lleno el tema.
Juez Dardo Bordón (primero a la izquierda). Un crudo diagnóstico de la situación procesal penal.
Un tribunal de revisión le otorgó la detención domiciliaria a un hombre que lleva diez meses con prisión preventiva en Neuquén y todavía no tiene fecha de juicio. El plazo máximo que puede estar detenido sin condena es de un año, y ya se sabe que los dos meses que restan serán insuficientes para llegar a esa instancia.
Los motivos por los cuales se extendió durante tanto tiempo la investigación no están claros, pero el tribunal les atribuyó la responsabilidad a la fiscalía y a la defensa. «Hubo prórrogas que fueron consensuadas, pero las partes tienen que hacerse responsables de estas circunstancias y no cargar todo en cuestiones de agendamiento de audiencias de la Oficina Judicial», aclaró la jueza Estefanía Sauli.
Otro de los jueces, Dardo Bordón, fue más crudo: «los plazos perentorios (que están fijados para cada etapa del proceso en la ley) constituyen los pilares del proceso, y son abrogados por la práctica. Se produce una suspensión de facto que no puede ser admitida. La prioridad siguen siendo las garantías constitucionales».
Combinación de factores
Como viene informando Río Negro, un poco por falta de jueces pero sobre todo por malas prácticas procesales (audiencias que se suspenden a último momento, plazos que no se respetan, por ejemplo) el fuero penal está colapsando: casi no hay fechas disponibles para realizar juicios orales; las audiencias se superponen; jueces y juezas tienen agendas cargadas que de pronto se vacían por acuerdos fuera de término entre fiscalía y defensa; se reservan más días de los necesarios para un debate; entre otros conflictos.
La situación es motivo de reuniones y conversaciones permanentes, y se filtra en muchas audiencias que se realizan en la Ciudad Judicial.
En este caso, se trató el viernes al abordar la situación de César Nahuelquen, un hombre que está acusado junto con su hermano Alan Alveal por la muerte de Juan González Poo. El fiscal Andrés Azar y el querellante Elio García los acusan de homicidio simple, pero el defensor particular Sebastián Perazzoli sostiene que fue una legítima defensa de terceros.
Nahuelquen, quien habló en la audiencia, repitió una vez más su versión del hecho: su hermana era víctima de violencia de género por parte de su expareja González Poo, y él la defendió porque su vida corría peligro. «Miren lo que pasó hace unos días, murieron una mujer y su hija», señaló, en referencia al doble femicidio de Norma Morales y Luz Prieto a manos de Jorge Lagos.
«A mi hermana le estaba pasando lo mismo: cuatro denuncias previas había hecho», afirmó Nahuelquen.
Prisión domiciliaria
El viernes, en un fallo unánime, la jueza Sauli y los jueces Bordón y Maximiliano Bagnat le concedieron la prisión domiciliaria. La cumplirá en el mismo domicilio que su hermano y también imputado Alveal.
El tribunal tuvo en cuenta que Alveal siempre se mantuvo a derecho, y también Nahuelquen. Incluso días atrás hubo una evasión en la comisaría en la que está alojado, y él no participó.
Además consideraron que la causa se demoró en llegar a juicio: entre la formulación de cargos y el control de acusación pasaron 10 meses, cuando está previsto que se insuman cuatro. El control de acusación fue hace más de un mes y aún no hay fecha de juicio ni jueces designados para llevarlo adelante, cuando el Código establece un plazo de tres días para agendarlo. Más señales del colapso.
El juez Bordón, que tiene competencia en lo penal del Niño, Niña y el Adolescente pero suele intervenir como miembro de tribunal de revisión en causas de mayores de edad, aprovechó para reflexionar sobre la dimensión de la crisis del sistema procesal penal en Neuquén.
«Un subsistema sin legitimidad ni legalidad»
«Ante la situación en que nos encontramos, con carencia de recursos materiales en el ámbito carcelario, y de recursos humanos en el ámbito de los ministerios públicos y la judicatura, la única respuesta que se viene dando es el mantenimiento del encierro», señaló.
«Estamos ante un subsistema. La carencia de recursos es un subsistema que no tiene legitimidad ni legalidad para reemplazar al existente, que es el que está en la Constitución. Admitir ello importa tergiversar el debido proceso en desmedro de garantías constitucionales», añadió.
Bordón advirtió que «legitimar este subsistema importa desalojar de manera sesgada todo tipo de responsabilidad del sistema por la carencia de recursos o por los incumplimiento en que se incurre».
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