Crimen de Julián Dobra en Roca: un juez ratificó las salidas laborales para un imputado y podrá ir a Cipolletti
El juez de revisión Emilio Stadler ratificó las salidas laborales para Walter Méndez, imputado por encubrimiento en el crimen de Julián Dobra, bajo estricto monitoreo de GPS.
El juez de revisión Emilio Stadler ratificó la decisión del magistrado de Garantías, Julio Martínez Vivot, quien había permitido que Walter Méndez, imputado por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el homicidio de Julián Dobra, realice salidas laborales diarias. La resolución autoriza al acusado a trasladarse hacia la ciudad de Cipolletti para desempeñarse como maquinista en una obra de construcción de red de gas, pese a la férrea oposición de la fiscalía y la querella, quienes consideran que la medida carece de garantías de control suficientes.
El caso de Julián Dobra, el joven de 32 años cuyo cuerpo fue hallado con dos disparos en la cabeza el pasado 30 de abril tras varios días de desaparición, mantiene conmocionada a la comunidad.
En esta instancia procesal, la discusión no giró en torno a la culpabilidad directa del hecho, sino sobre la flexibilidad de las medidas cautelares que pesan sobre Méndez. El magistrado Stadler decidió priorizar el derecho al trabajo del imputado, aunque estableció condicionamientos estrictos relacionados con la conectividad y el seguimiento satelital de la unidad de control electrónico (UADME).
La impugnación de la acusación: «Arbitrariedad y riesgo de fuga»
La fiscalía, representada por Marcelo Ramos y Belén Calarco, junto a los querellantes Oscar Pineda y Pablo Iribarren, abrieron la audiencia cuestionando la admisibilidad de la resolución previa del juez de garantías Julio Martínez Vivot. Según los acusadores, la decisión fue «arbitraria y carente de fundamentación legal».
El Ministerio Público argumentó que el traslado de Méndez a otra localidad para un trabajo dificulta el control efectivo, más aún cuando el empleador no puede garantizar la custodia del imputado mientras opera maquinaria pesada.
Ramos fue el primero el señalar la peligrosidad de la situación: «No tenemos constancia de que Méndez tenga efectivamente control a través del dispositivo en los sectores de la obra». Además, la fiscalía recordó testimonios que vinculan al imputado con el uso de armas para amedrentar, sugiriendo que el riesgo de entorpecimiento de la investigación sigue latente.
«Es una persona que maneja maquinaria con la que fácilmente tiene herramientas para profugarse o cortar la tobillera», advirtió el fiscal, enfatizando que la causa ha sido declarada compleja debido a la gravedad del homicidio precedente.
Por su parte, el querellante Pablo Iribarren adhirió al planteo de arbitrariedad, señalando que la decisión del juez de garantías «va en contra de lo decidido previamente», que era mantener un control estricto dentro del ejido de Roca. Para la querella, permitir que el imputado se desplace kilómetros a lo largo de una obra de gas sin certezas técnicas sobre la cobertura de la señal de GPS debilita la medida cautelar y pone en riesgo el descubrimiento de la verdad.
El derecho al trabajo: la estrategia de la defensa
El defensor particular Juan Vincenty defendió la legalidad del beneficio y rechazó los argumentos de la acusación por considerarlos «inadmisibles desde el punto de vista constitucional». Vincenty sostuvo que la fiscalía no logró acreditar un supuesto de arbitrariedad, sino simplemente una disconformidad con el fallo.
«Méndez está con libertad ambulatoria monitoreada; en función de eso, la defensa pide que pueda trabajar para alimentar a sus hijos y para su propia subsistencia», afirmó el letrado.
Respecto a los riesgos técnicos, la defensa presentó informes que indicarían la factibilidad del monitoreo en la zona de las calles Teniente Ibáñez y Arturo Illia en Cipolletti. Vincenty incluso calificó de poco razonables los temores de fuga planteados por la fiscalía: «No me imagino a un sujeto prófugo a bordo de una retroexcavadora, que no se caracteriza por su velocidad, sino por hacer zanjas».
La defensa subrayó que Méndez ya ha cumplido dos jornadas laborales sin incidentes y que la obra, contratada por una empresa constructora, tiene un plazo de finalización previsto para fines de febrero.
La resolución de Stadler: monitoreo o revocación
Tras escuchar a las partes, el juez Emilio Stadler decidió confirmar la resolución que permite las salidas. Sin embargo, instó a que deba cerciorarse de que el lugar de trabajo cuente con la señal necesaria para el control de la guardia policial. «El incumplimiento, es decir, si sale de la órbita de control, va a hacer perder el beneficio», sentenció Stadler.
El juez fundamentó su decisión separando la gravedad del homicidio de la imputación específica de Méndez. «Él está acusado por el delito de encubrimiento, que tiene una escala penal distinta y permite la ejecución condicional», explicó. Para el magistrado, el hecho de que el monitoreo se realice en Roca o en Cipolletti no altera sustancialmente el peligro procesal, siempre y cuando el seguimiento de la UADME sea efectivo y constante.
Con esta resolución, Méndez continuará trabajando de lunes a viernes en la vecina ciudad, bajo la advertencia de que cualquier falla en la conectividad del dispositivo electrónico significará su regreso inmediato a la restricción total en Roca.
El juez de revisión Emilio Stadler ratificó la decisión del magistrado de Garantías, Julio Martínez Vivot, quien había permitido que Walter Méndez, imputado por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el homicidio de Julián Dobra, realice salidas laborales diarias. La resolución autoriza al acusado a trasladarse hacia la ciudad de Cipolletti para desempeñarse como maquinista en una obra de construcción de red de gas, pese a la férrea oposición de la fiscalía y la querella, quienes consideran que la medida carece de garantías de control suficientes.
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